(Libertad Digital) España es el país del mundo con mayor circulación de estos billetes, conocidos popularmente como Bin Laden, porque se sabe que existen pero nadie los ha visto. Poseemos el 26 por ciento de todos los billetes de 500 euros que circulan por Europa. 54.207 millones de euros. El 5,4 por ciento del PIB.
Es más que obvio que la demanda de billetes grandes tiene una relación directa con la cantidad de dinero negro y, en el caso de España, con la cantidad de operaciones opacas que se han hecho en los últimos años y que han tenido como punto central la compraventa de inmuebles y el boom del sector inmobiliario.
Ahora, con la caída en picado del sector, la quiebra en cadena de inmobiliarias grandes y pequeñas y, sobre todo, la crisis financiera internacional -que ha secado hasta las cajas de los bancos más importantes del mundo- el diario El Mundo publica que el Gobierno pretende ofrecer algún tipo de incentivo fiscal para que esos 108 millones de billetes salgan de debajo del ladrillo o de la caja fuerte y entren en cuentas bancarias.
Según este rotativo, "aunque sólo el 50 por ciento de los billetes recalaran en las sucursales de los bancos, ese efecto acabaría con la penuria financiera, ya que los depósitos aumentarían en 22.000 millones de euros. La restricción crediticia se relajaría y las entidades volverían a dar préstamos a las empresas y a las familias que los demandasen. El sector inmobiliario se reanimaría y las pequeñas y medianas empresas podrían volver a financiar su capital circulante o incluso acometer alguna inversión ahora en suspenso".
Además, el perdón fiscal a los poseedores de billetes de 500 euros que no hubiesen declarado, tendría otra ventaja: entraría en el circuito fiscal y, por tanto, generaría en el futuro mayores ingresos para Hacienda.
Otra amnistía fiscal encubierta
La idea, que a Zapatero no le parece del todo mal, choca con la oposición de la Secretaría de Estado de Hacienda (Ocaña) y con la renuencia del Banco de España (Miguel Angel Fernández Ordóñez). Según los inspectores fiscales, garantizar a los poseedores de esos billetes la vista gorda es hacer, en la práctica, una amnistía fiscal.
Esta no sería la primera vez que el Partido Socialista recurre a amnistías fiscales. En la anterior crisis, a principios de los 90, con Carlos Solchaga al frente del Ministerio de Economía y Hacienda, se dio la oportunidad a los suscriptores de pagarés del Tesoro (opacos al Fisco) de regularizar su situación. A los poseedores de dichos títulos (que nacieron para financiar a bajo coste el déficit público en la etapa de Miguel Boyer) se les dieron dos opciones: hacer declaraciones complementarias sin sanción; o bien, canjearlos por la llamada Deuda Pública Especial, que tenía muy baja rentabilidad.
Aquello tuvo un evidente coste fiscal y, sobre todo, de imagen, pero sirvió para aflorar cientos de miles de millones de pesetas.