El Gobierno afirma que la norma dotará al comercio de mayor competencia, simplificación administrativa y flexibilidad y con "pleno respeto al reparto competencial" que en materia de comercio interior se atribuye a las comunidades autónomas, según palabras del ministro de Industria, Miguel Sebastián, pero la Comisión Nacional de la Competencia no está de acuerdo.
El organismo critica la reforma por su “marcado carácter intervencionista” y por el poder que otorga a las comunidades autónomas para regular el procedimiento de autorización para la instalación de establecimientos comerciales.
El organismo que preside Luis Berenguer dice en el informe que hay que retirar a las autonomías la facultad de poder exigir y conceder licencias para la apertura de grandes superficies porque los gobiernos regionales están utilizando esta facultad para restringir más y más la liberalización del sector y la competencia en el mismo.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende adaptar la normativa española a las exigencias del mercado interior y al Derecho Comunitario, que exige la eliminación de los obstáculos a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.
Ante estas críticas, el ministro de Industria recordó el pasado día 19 de junio que la normativa incluye la libertad de establecimiento, con "ausencia de autorización" con carácter general, aunque recoge la posibilidad de que las autoridades competentes establezcan un régimen de autorización de instalación siempre que sea "necesario, no discriminatorio y proporcional", entre otros criterios. "Se elimina completamente la arbitrariedad", afirmó.
Según explicó el titular de Industria, esta ley supondrá un "salto cualitativo" en la libertad de establecimiento, pero "respetando el marco competencial" español. "En una situación como la actual, las políticas económicas no se pueden hacer desde los despachos de ningún gobierno, confederación empresarial o institución, sino a través del diálogo", afirmó el ministro, quien manifestó el respaldo de su departamento al sector de la distribución comercial.
Las principales líneas de la reforma se centran en la eliminación de la definición de gran establecimiento comercial, evitando discriminación entre formatos desde la ley básica estatal, así como la supresión de la exigencia de autorización para la instalación como principio general.
La creación de un régimen que permita la autorización, la prohibición del establecimiento de requisitos de naturaleza económica y la intervención de competidores en los procedimientos de autorización, así como el respeto a las competencias exclusivas en la materia de las comunidades autónomas, son otros de los objetivos de la normativa.
De la Vega: “Más fácil y barato” abrir un comercio
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que cuando la nueva ley entre en vigor será "más fácil y barato" abrir un comercio minorista en España, al tiempo que señaló que garantiza el equilibrio entre los diferentes modelos comerciales, con el fin de satisfacer "sobre todo las necesidades de los consumidores".
De la Vega apuntó que las comunidades autónomas tendrán que establecer un procedimiento de autorización que integre todos los trámites necesarios cuando así lo exija específicamente un sector determinado.
Dijo que con esta normativa se cumple con los objetivos que establece la directiva europea de servicios en el mercado interior, que impone la eliminación de trabas injustificadas a la libertad de establecimiento y a la prestación de servicios y concluyó que es un paso más para liberalizar este sector.
La nueva ley suprime la definición de gran establecimiento comercial y fija que la autorización para la apertura de un comercio sólo dependa del impacto que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano y en la conservación del patrimonio artístico.
Asimismo, prohíbe los criterios económicos que restringen la apertura de nuevos establecimientos en función de la oferta comercial, así como la intervención de los competidores en los procesos de autorización