LD (L. Ramírez) El Gobierno ha decidido subir los impuestos a las rentas del trabajo y dar aliento al sector promotor inmobiliario mediante su política tributaria en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2009.
La decisión de no actualizar el IRPF con la inflación supondrá una subida fiscal de 2.500 millones de euros, es decir, que cada trabajador de renta media deberá pagar 400 euros más en su declaración de la Renta. Para impulsar el sector del ladrillo, Solbes recupera las deducciones por alquiler y elimina el gravamen en la venta de vivienda, siempre que el dinero se emplee en comprar otro inmueble.
Y es que la caja del Estado está vacía, el sector público no puede financiarse en el exterior por la restricción crediticia mundial y la deuda del Estado no es atractiva para los inversores internacionales. Por lo tanto, el Gobierno cree que la mejor vía de evitar el hundimiento actual de los ingresos fiscales es mediante subidas de impuestos. En este caso, el método escogido es la no deflactación de la tarifa del IRPF, es decir, que no se actualiza el Impuesto sobre la Renta con la inflación.
Esta decisión del vicepresidente económico, Pedro Solbes, supondrá en total una subida en el pago de los contribuyentes de 2.439 millones de euros, según los cálculos publicados por el diario Expansión, con una media de 400 euros por contribuyente, justo la rebaja prometida por el PSOE en campaña electoral y que se ha empezado a aplicar este año.
En concreto, aquellos ciudadanos que ganen más de 26.000 euros tendrán un castigo fiscal de 245,8 euros; pero para las rentas superiores a 33.000 euros al año el golpe será mayor, de 471,5 euros.
La explicación de este fenómeno no es sencilla, pero es real. El Gobierno actualiza la tarifa del IRPF en el 2 por ciento, a pesar de que la inflación está en el 4,6 por ciento, pero la mayoría de los salarios sí se actualizan con la subida de los precios. De esta forma, hay contribuyentes que pasan de tramo en el IRPF, al elevarse su salario por estar ligado con la inflación, pasarían a pagar más impuestos sin que exista un incremento de su poder adquisitivo, más bien al contrario.
Y es que la caída del consumo prevista en los PGE de 2009 no aumentará los ingresos por IVA, mientras que el Impuesto de Sociedades también verá menguar su recaudación por el mal momento que viven las empresas. Por lo tanto, el Gobierno castiga a las rentas del trabajo para capear el temporal y evitar una mayor subida del déficit presupuestario, que alcanzará el 1,9 por ciento el próximo año para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Impulsar el sector inmobiliario
Para evitar la caída en cadena del sector promotor de vivienda, el Gobierno aplicará una exención “de las ganancias patrimoniales que se obtengan como consecuencia de la transmisión de vivienda habitual del contribuyente, con la condición de que el importe total obtenido en la venta de la misma se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda que vaya a constituir su residencia habitual”.
A este respecto, el Gobierno se cura en salud, ya que la caída de los precios de los pisos no hace atractiva la venta. Por ello, “en el caso de que el importe reinvertido sea iferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluye del gravamen la parte proporcional de ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida”. Con esta medida el Ejecutivo quiere dinamizar la compraventa de inmuebles.
En materia de alquiler, Solbes recupera la deducción por arrendamiento de vivienda, que estaba vigente antes de la reforma del tributo en 1.999. Consiste en la desgravación del 10,05 por ciento de las cantidades satisfechas en un año en concepto de alquiler de casa habitual, siempre que la base imponible del contribuyente sea inferior a los 24.020 euros al año. La base máxima de esta deducción será de 9.015 euros si el contribuyente gana menos de 12.000 euros al año; y será inferior para las rentas que superen esta cuantía.
El Gobierno justifica esta desgravación al alquiler para “equilibrarla” con la de la compra de vivienda, pero la política del Gobierno ha ido en otro sentido. Hasta ahora, los Presupuestos Generales del Estado recogían ciertas ventajas fiscales para aquellos inquilinos que contaban con un contrato de alquiler anterior al 24 de abril de 1998.
En la declaración de 2007, la última presentada por los contribuyentes, Solbes eliminó este beneficio tributario. La deducción se recupera ahora, pero por una cuantía inferior a la vigente hasta 2006, tal como avanzó LD.
Apuesta por los biocombustibles
Finalmente, el Gobierno establece “un tipo cero” (exento de pago fiscal) en el Impuesto de Hidrocarburos para el biogás destinado al uso como carburante, “dando así idéntico tratamiento que al gas natural destinado a su uso como carburante en los motores estacionarios y a los restantes biocarburantes (bioetanol, biometanol y biodiesel) que ya tributaban anteriormente a tipo nulo.
Con todas estas modificaciones, Solbes espera aumentar la recaudación por IRPF un 9,7 por ciento, lo que supone una inyección de casi 7.000 millones de euros respecto a los pasados PGE, para situar el total de ingresos por este tributo en los 77.444 millones de euros. Sin embargo, la recaudación prevista por el Impuesto de Sociedades caerá un 32,3 por ciento, hasta 30.085 millones de euros; mientras que los ingresos por IVA se reducirán un 13 por ciento, con 53.323 millones de euros.