El Gobierno ha elevado las exigencias de capital a las entidades financieras para reforzar su solvencia con el objetivo de recuperar la confianza de los mercados en la economía española y de reactivar el crédito, según anunció la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.
"Parte del sector financiero sigue suscitando dudas en los mercados", aseveró la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el decreto Ley de Reforzamiento de la Solvencia Financiera, según informa Europa Press. Los nuevos requerimientos de capital para bancos y cajas entrarán en vigor en marzo de 2011 con el objetivo de que las entidades puedan mantener la concesión de crédito y con ello el crecimiento de la economía y del empleo hasta en los momentos "más adversos e improbables", explicó.
La norma establece una exigencia de capital del 8% para las entidades, y del 10% para las que no cotizan, no cuentan con presencia de inversores en el 20% del capital y disponen de una dependencia de financiación mayorista de más del 20%. Las necesidades de capital adicional del sistema financiero español no superan los 20.000 millones de euros, enfatizó Salgado.
Basilea III
El decreto, en línea con los requisitos de la regulación internacional de Basilea III, establece que las entidades que no alcancen dichos niveles de capital mínimo por sus propios medios antes del próximo 30 de septiembre recibirán recursos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que supondrá la entrada del Estado como accionista.
Los elementos que integran el capital principal son: capital, reservas, primas de emisión, ajustes positivos por valoración e intereses minoritarios. Además, se considerarán también capital los recursos recibidos del FROB y, de forma transitoria, los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014.
Las entidades que a 10 de marzo no alcancen el nivel requerido de capital principal tendrán 15 días hábiles para comunicar al Banco de España la estrategia -que puede incluir la captación de recursos de terceros o la salida a bolsa- así como el calendario de cumplimiento.
Si la entidad solicita apoyo del FROB deberá presentar en el plazo de un mes un plan de recapitalización, y para recibir dichos recursos públicos deberá convertirse en banco en un plazo de tres meses, así como asumir compromisos relacionados con la financiación a pymes o de mejora de su gobierno corporativo. El Estado podrá permanecer un máximo de cinco años en el accionariado de las entidades que reciban ayudas públicas, pero éstas podrán recomprar los títulos adquiridos por el FROB en un plazo de dos años según condiciones de mercado.
Hasta marzo de 2012
La norma amplía el plazo máximo para salida a bolsa a marzo de 2012, así como los ingredientes que se consideran capital principal en relación con el texto que Economía empleaba como base para negociar con los agentes implicados y los partidos políticos, con lo que ha atendido a las reivindicaciones de las cajas.
Concretamente, las cajas que deseen salir al parqué deberán haber presentado antes del próximo 30 de septiembre un acuerdo de la junta o asamblea general de la entidad sobre la salida a bolsa, un calendario detallado de ejecución y haber otorgado mandato a una o varias entidades, pero la ejecución de la salida podrá realizarse hasta el primer trimestre de 2012.
De esta forma, el Gobierno atiende a las reivindicaciones de la patronal de las cajas de ahorros de ampliar el plazo para que las entidades refuercen su capital por sus propias vías, pero mantiene el mes de septiembre como fecha límite para completar los trámites de la salida a bolsa.
Salgado: se suavizan "muy poco" las condiciones
Salgado especificó que las condiciones de capitalización se suavizan "muy poco" y que la norma garantiza que todas las entidades cumplirán los requisitos establecidos en el plazo marcado, ya sea a través de recursos privados o públicos.
La norma supone además la reforma del FROB con la entrada en la comisión de rectora de dos representantes del Ministerio de Economía y Hacienda "conocedores del sistema financiero", aunque el presidente de la comisión rectora de este organismo seguirá siendo el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, aclaró Salgado.
La ministra precisó que se establecerán límites a las remuneraciones de los directivos de las entidades que reciban respaldo público en caso de que sus niveles de capital se establezcan un 20% por debajo de los requisitos establecidos.
Las participaciones industriales
Agregó que las cajas no se van a ver obligadas a vender sus participaciones industriales, porque todas las entidades "son dueñas" del plan de recapitalización que presentarán al Banco de España en caso de que necesiten capital adicional para cumplir con los requisitos establecidos.
Por otro lado, la norma incorpora cambios en cuanto a la Ley del Impuesto de Sociedades para garantizar la neutralidad fiscal de los procesos de reestructuración y evitar que surjan costes fiscales adicionales en los Sistemas Institucionales de Protección (SIP).
La vicepresidenta económica ha expresado plena confianza en contar con los apoyos políticos suficientes para que el decreto obtenga la 'luz verde' del Congreso sin necesidad de que se tramite como ley con el objetivo de garantizar que su contenido no admite modificaciones.
"Seguridad al sector"
"Tenemos que dar seguridad a nuestro sector financiero, no debe ser abierto, hacemos todos los esfuerzos para que técnicamente no tenga que sufrir ninguna modificación", especificó Salgado, tras indicar que el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de forma inmediata.
Por su parte, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, agregó que los apoyos públicos que finalmente se otorguen a las entidades son préstamos que conllevan una rentabilidad para el Estado. "No se ha dado dinero, se ha prestado, y ahora tampoco se dará dinero", aseveró.