El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto ley que regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El plan crea un nuevo organismo regulador que, junto al Banco de España, decidirá la reestructuración bancaria en España; el fondo está dotado con un máximo de 90.000 millones de euros; y en caso de que las entidades auxiliadas no logren reembolsar las ayudas en un plazo de siete años, el FROB podrá convertirse en accionista, con lo que se abre la puerta a una nacionalización parcial de la banca en España.
En esencia, es un plan muy similar al rescate bancario aplicado en EEUU, el conocido como Plan Paulson (TARP), dotado con más de 700.000 millones de dólares. Y es que, también en EEUU, el Gobierno se reserva la posibilidad de entrar en el capital de las entidades si las ayudas no son reembolsadas. Además, a la vista de las últimas pruebas, el Tesoro y la FED deciden de facto determinadas fusiones bancarias, como aconteció en el caso de la compra de Merrill Lynch por parte de Bank of America.
En España, éstos y otros puntos están recogidos claramente en el plan de rescate del Gobierno:
1. Nuevo organismo regulador:
El FROB se regirá por una Comisión Rectora compuesta por 8 miembros, 5 a propuesta del Banco de España (uno de ellos es el Subgobernador, que la preside) y los tres restantes, de cada uno de los Fondos de Garantía de Depósitos. Todos ellos serán nombrados por la ministra de Economía y Hacienda, con un mandato de 4 años, renovable.
El Fondo deberá elevar a la Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero, bien del plan de reestructuración o bien de la eventual adquisición de títulos en un proceso de integración, sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La Comisión Rectora elevará a la ministra de Economía y Hacienda un informe cuatrimestral sobre la gestión del FROB, para su remisión a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados.
2. Coste: 90.000 millones de euros
El FROB tendrá una dotación inicial de 9.000 millones de euros, con una financiación mixta a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (6.750 millones de euros) y de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito (2.250 millones de euros).
El nuevo Fondo se dotará con el dinero que aún queda del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros elaborado por el ex ministro de Economía Pedro Solbes. Sin embargo, en realidad, el Fondo podrá endeudarse hasta un máximo de 90.000 millones de euros.
Su importe para 2009 no podrá superar en tres veces su dotación inicial. Es decir, dispondrá como máximo de 36.000 millones de euros para auxiliar entidades en problemas durante el presente ejercicio.
3. Reestructuración dirigida:
En el caso de que una entidad se encuentre en problemas el Banco de España podrá adoptar tres decisiones al respecto: reforzar el patrimonio y la solvencia de la entidad, su fusión o absorción o el traspaso total o parcial del negocio o unidades del mismo a otra entidad.
En caso de tener que emplear el FROB, más allá del Fondo de Garantía de Depósitos, "se produciría la sustitución de administradores de la entidad, constituyéndose en administrador el FROB". El Banco de España podrá decidir entonces o bien la fusión de la entidad o bien el traspaso total o parcial del negocio mediante la cesión global o parcial de activos y pasivos a otra entidades.
3. Puerta abierta a la nacionalización bancaria:
El Fondo apoyará procesos de integración entre entidades dirigidos a mejorar su eficiencia a medio plazo mediante una "capitalización transitoria" ante la dificultad de obtener recursos propios en los mercados mayoristas -emisión de deuda o ampliaciones de capital-.
Así, el FROB podrá adquirir los títulos emitidos por dos o más entidades de crédito residentes en España en el marco de un plan de integración que comporte una mejora de su eficiencia conjunta. Los títulos adquiridos por el Fondo serán participaciones preferentes. Eso sí, "convertibles en acciones, en cuotas participativas y en aportaciones al capital social".
En este caso, las entidades auxiliadas tendrán que comprometerse a "recomprar esos títulos". Es decir, a devolver las ayudas públicas en un plazo máximo de siete años frente a los cinco que se preveían inicialmente, según aseguró en un comunicado el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, informa Europa Press.
Transcurrido dicho plazo, el FROB podrá solicitar "su conversión en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones sociales del emisor", pasando pues a nacionalizar parcialmente la entidad.
Además, cuando el FROB adquiera cuotas participativas de una caja de ahorros (similar a las acciones), gozará de un derecho de representación proporcional en la Asamblea General de la entidad. "El citado derecho excepcional de representación se mantendrá exclusivamente mientras el FROB mantenga la titularidad de los citados valores, no siendo transmisible a posteriores compradores de los mismos", con lo que se excluiría su privatización.
4. Control absoluto en la gestión:
Cada tres meses, las entidades que participen en el rescate remitirán al Banco de España un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de integración aprobado. "El Banco de España podrá requerir la adopción de las acciones que sean necesarias para asegurar que el plan de integración se lleva efectivamente a término", según el Gobierno. Es decir, tendrá capacidad absoluta para gestionar la fusión bancaria.
No obstante, Salgado apuntó que en el caso de que se intervenga una caja, el Banco de España tiene la autoridad plena sobre ella y sobre las decisiones que se tomen sobre su futuro, incluidas fusiones. Sin embargo, recordó en cualquier caso que el fondo se ha diseñado no sólo pensando en las cajas, sino en el sistema financiero en su conjunto, incluidos bancos y cooperativas de crédito.
La banca matiza
Ante esto, la Asociación Española de Banca (AEB) afirmó que el FROB "no puede sustituir la responsabilidad individual que cada entidad tiene en la resolución de sus problemas, sin esperar a que las autoridades lo hagan por ellas".
"El decreto sólo alcanzará su objetivo si cada entidad hace sus deberes, toma decisiones y diseña estrategias y en suma asume la responsabilidad de salvar sus dificultades por sí misma", señaló un portavoz de la patronal del sector bancario.
Pese a ello, la AEB subrayó que aunque no respondiera a todas sus expectativas, "los bancos españoles están dispuestos a colaborar al máximo con el Gobierno en la aplicación de esta norma". Además, reafirmó su posición de que es necesario que se produzca una reestructuración del sistema financiero español, y que la mejor forma de acometer este proceso es a través de fusiones.