El Gobierno incrementará "significativamente" las sanciones a las empresas con trabajadores en situación irregular. Así lo ha anunciado Valeriano Gómez, este viernes, horas después de que su jefe, José Luis Rodríguez Zapatero anunciara un nuevo plan de lucha contra el empleo sumergido en el que se darán "incentivos" a las empresas que se regulen en el próximo año y medio.
En apenas unas horas, el presidente y su ministro de Trabajo, han interpretado los papeles de poli malo y poli bueno, desde Bruselas y Madrid. Mientras uno incidía en los "incentivos" para regularizarse el otro recordaba las multas a los que no cumplan. En cualquier caso, la intención del Ejecutivo es que el plan sirva para reducir las listas del paro, sacando de las mismas a aquellos que están en situación irregular y aumentar la recaudación. Esto último se conseguiría por dos vías: las multas a los empresarios y las cotizaciones sociales de los trabajadores que, supuestamente, se incorporen al sistema.
Objetivo: recaudar más y rebajar el paro
Aunque el Gobierno asegura que el principal objetivo es acabar con el fraude, Gómez admitió que el plan también perseguirá "estimular las finanzas públicas". De ahí que el ministro precisara que no servirá sólo para luchar contra la economía irregular, sino que debe ser valorado como una herramienta para mejorar las cuentas del Estado.
El cambio también servirá para reducir el número de desempleados en las listas del INEM. Muchos trabajadores que hasta ahora cobran subsidio de desempleo y, al mismo tiempo, hacen trabajos esporádicos saldrán a la luz, lo que puede suponer que, al menos temporalmente, unos cuantos miles de parados salgan, oficialmente, de esa situación.
Los pros y los contras
El Gobierno se beneficia de que casi todo el mundo está de acuerdo en que se castigue a los empresarios que engañan a Hacienda. Los que tienen a todos sus empleados en situación legal se quejan (con motivo) de que los otros les hacen una competencia desleal, porque cumplir las leyes sale caro.
Sin embargo, este planteamiento tiene otra posible lectura. Si el Gobierno tiene razón en las cifras que maneja, ¿por qué en España es tan habitual el empleo sumergido? ¿puede tener la lucha contra este fenómeno consecuencias inesperadas?
Todo el mundo prefiere estar en situación legal que ilegal, por una mera cuestión de comodidad: tener todos los papeles en regla evita problemas. Cuando un empresario o un trabajador prefiere esta vía es porque los beneficios superan a los costes. Así, en España las cotizaciones que pagan las empresas son muy superiores a las de otros países de su entorno. Por eso, contratar en negro sale mucho más barato que hacerlo legalmente.
En relación con esto, la medida del Gobierno puede tener una consecuencia inesperada: aumentar la lista de desempleados reales. Si una empresa tiene 4 contratados irregulares y Trabajo les caza, la empresa tendrá que pagar una multa y regularizarlos. Pero quizás entonces la empresa ya no sea competitiva o rentable y tenga que cerrar o echar a varios de los ilegales. Se acabaría el fraude, pero también los ingresos de estas personas.
Las alternativas no estudiadas
En este sentido, es lógico preguntarse por qué en España el fraude alcanza estas proporciones. Todos los expertos coinciden en que el mercado laboral es rígido, caro y poco eficiente. Que no proporciona mucho margen para modalidades de contratación cada vez más demandadas (tiempo parcial, por horas, etc...). Quizás el Gobierno podría preguntarse si todo esto no tiene que ver con este nivel de empleo negro.
Por un lado, bajar las cotizaciones sociales al nivel de sus vecinos ayudaría a que los empresarios no vieran un contrato legal como un sobre-coste. Además, asociado a esto está el fenómeno del incremento del número de falsos autónomos, que en realidad sólo trabajan para una empresa pero figuran como trabajadores por cuenta propia.
Los parados que cobran subsidio y trabajan de tapadillo podrían tener la posibilidad de cobrar una parte de la paga del INEM en el caso de que el empleo fuese parcial, algo común en muchos países de Europa (en España esto es posible sólo en determinados casos y con bastantes limitaciones). Flexibilizar los modelos de contratación y la relación empresa-trabajador llevaría a legalizar muchos empleos que ahora son imposibles de formalizar (formatos para tiempo parcial, por horas, discontinuos, etc...).
Todas estas cuestiones se han abordado en los últimos meses, según avanzaba la negociación de la reforma laboral. Ésta, después de una tramitación larga y con numerosas idas y venidas, ha terminando siendo mucho menos ambiciosa de lo que se pensó en un comienzo. Ahora, el Gobierno recurre a las multas para reducir el paro.
Rebajar impuestos y cotizaciones sociales a las compañías, mejorar la competitividad de las empresas, aumentar la flexibilidad del mercado laboral, quitar poder a los grandes sindicatos o dar más libertad a empresarios y trabajadores... todo esto queda para otra ocasión.
El ‘poli bueno’: Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero era el encargado de anunciar este viernes que el plan que pretende poner en marcha el Ejecutivo para que aflore el empleo sumergido contará con una serie de incentivos que se extenderán desde junio próximo hasta diciembre de 2012. Zapatero hizo este anuncio en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término del Consejo Europeo ante el que presentó una serie de compromisos de España para evidenciar su apuesta por el Pacto del Euro, informa Efe.
Al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno prevea una amnistía para que afloren casos irregulares de contratación de trabajadores, Zapatero se limitó a señalar que habrá incentivos y que se aplicarán desde junio de este año hasta diciembre de 2012. No quiso ofrecer más detalles a la espera del diálogo que el Gobierno pretende abrir al respecto con los agentes sociales para perfilar sus características y su naturaleza.
De hecho, éste será un asunto que analizará en la reunión que mañana mantendrá en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y con los representantes de las principales empresas españolas. A la espera de ese diálogo con los agentes sociales, aseguró que el plan se aprobará en abril y que está ya muy desarrollado por el Gobierno en aspectos concretos. Sin embargo, dijo que es imposible determinar en la actualidad la cifra del empleo sumergido que existe en España.
El ‘poli malo’: Gómez
El discurso más duro le ha tocado, sin embargo, al ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que en Madrid, tras el Consejo de Ministros, ha anunciado que, una vez transcurrido el plazo de año y medio que otorgará el Gobierno para regularizar de forma voluntaria el empleo sumergido, las sanciones se incrementarán "significativamente".
"De lo que se trata es de abrir un periodo donde sea posible regularizar voluntariamente la situación (de empleo irregular) y que el Estado ayude a ello. Después de ese periodo, algunos comportamientos tienen que ser sancionados de una forma más intensa", añadió Gómez, que negó que se trate de una especie de amnistía para que los incumplidores regularicen su situación a cambio de evitar sanciones.
"Más control y más sanciones de aquellos que incumplen", reiteró Gómez, tras recordar que actualmente ya existen multas para aquellos trabajadores que están percibiendo prestaciones por desempleo y, al mismo tiempo, trabajando de forma irregular. Así, apuntó que cada año se abren 250.000 expedientes a empleados por incumplir esta norma.