El G-20 quiere meter mano a 11,5 billones de dólares ocultos en "refugios" fiscales

LD (M. Llamas) Las principales potencias del planeta reunidas el jueves en la cumbre del G-20 celebrada en Londres ha decretado oficialmente el fin de los paraísos fiscales. Los tax havens, cuya traducción literal del inglés es "refugios fiscales", no han podido aguantar la presión internacional y, finalmente, uno a uno, han ido aceptando la apertura de sus cuentas bancarias al Fisco de los grandes países.

Lo curioso es que tales paraísos no han jugado ningún papel relevante en el estallido de la actual crisis financiera y económica. Su principal rol siempre ha consistido en ofrecer grandes ventajas a los inversores y empresas que querían escapar de los elevados impuestos aplicados en otros países. Pese a ello, los líderes del G-20 han aplaudido el cierre de estos refugios.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo pública este viernes la lista de los paraísos fiscales que le pidieron los países del G-20 tras la reunión de Londres, en la que figuran como los Estados que menos cooperan, tales como Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas. Esos cuatro países "no se han comprometido a respetar los estándares internacionales", según indica la OCDE en un comunicado.

Suiza, Chile, Guatemala, Austria, Bélgica, Brunei, Luxemburgo y Singapur están situados en un segundo grupo, calificado por la OCDE como "otros centros financieros" que se han comprometido a respetar los estándares internacionales, pero que todavía no lo hacen de forma sustancial. En el caso de Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Austria, la OCDE precisa que han retirado sus reservas sobre el artículo 26 de los convenios de la OCDE relativo al levantamiento del secreto bancario en caso de fraude, informa Efe. En mejor situación coloca a países como Andorra, Gibraltar, Mónaco, Panamá y San Marino.

Aumento futuro de impuestos

¿A qué responde entonces tal decisión? El objetivo del G-20 es tratar de fiscalizar hasta un máximo de 11,5 billones de dólares que escapan al control de sus respectivas Haciendas. Éste es el ingente volumen de dinero que, según la propia OCDE, está depositado en dichos refugios tributarios. Y es que, el enorme gasto público en el que están incurriendo las grandes potencias con el fin de impulsar la economía y rescatar a sus sistemas financieros se traducirá, tarde o temprano, en aumento de impuestos a empresas y ciudadanos.

Es en este contexto en el que ha de entenderse la decisión del G-20. Así, según explica Juan Ramón Rallo en LD, director del Observatorio de Coyuntura del Instituto Juan de Mariana (IJM), "los Estados buscan coordinarse para que no queden lagunas y recovecos internacionales donde puedan guarecerse los patrimonios privados. Se trata de impedir que, por fin, ese dinero caliente que tanto molesta a los gobiernos depredadores no tenga otra salida que rendirse maniatado ante nuestros hambrientos publicanos".

"Cerrar los paraísos fiscales en nada contribuirá a impedir que se reproduzcan crisis económicas en el futuro. Pero sí abrirá la puerta a brutales subidas de impuestos en Occidente. Quizá ésa sea la panacea que nos ofrecen: una economía socialista que no sufra periodos recurrentes de crisis, pero porque viva instalada en ella", advierte.

Fin del secreto bancario

La OCDE se había negado hasta ahora a publicar listas de paraísos fiscales, aunque determinados países como Suiza le reprocharon que lo hiciera de forma interna. "Los tiempos del secreto bancario han pasado", afirmó desde la capital británica el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que hizo de la lucha contra estos centros financieros una de las prioridades de la cumbre del G-20. Los jefes de Estado y Gobierno pidieron a sus ministros de Finanzas que se adopten sanciones contra los países que no cooperen. Sarkozy se mostró satisfecho de que el G-20 acordara publicar la lista de paraísos fiscales y reveló que fue China quien más reticencias puso.

En la citada lista figuran los países que, según la OCDE, no respetan las normas internacionales. Tras la lista negra, hay dos listas grises de países que, aunque cumplen algunos acuerdos internacionales, no han implementado las suficientes normas internacionales como para entrar en la "lista blanca".

En la lista gris oscura se encuentran 32 estados que se han comprometido a suscribir acuerdos sobre el intercambio de información financiera, aunque aún no lo han hecho, incluidos Andorra, Gibraltar, Países Bajos, Liechtenstein, Barbados, Liberia, Bahamas, Bahrein, Belize, Bermudas, Islas Cayman y Panamá. Por último, en la "gris clara" se situarían Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza.

Los Estados que mantienen un alto grado de protección del secreto bancario obligan a las entidades a no revelar ningún tipo de información sobre las operaciones de sus clientes, salvo en casos de terrorismo o delitos graves, lo que favorece que se conviertan en refugio de ciudadanos de otros países para evitar pagar impuestos.

Se rinden

Actualmente, tres países de la UE mantienen el secreto bancario (Austria, Bélgica y Luxemburgo), además de Suiza, Mónaco, Andorra y Liechtenstein. A ellos hay que sumar otros estados fuera de Europa como Uruguay, Singapur, Hong-Kong y numerosas islas del Caribe.

Ninguno se sumó a la disposición que en julio de 2004 aprobó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el intercambio de información con fines fiscales, que prohibió que se invoque el secreto bancario para negarse a ofrecer datos en posesión de entidades financieras que sean necesarios para verificar la situación fiscal de una persona o una empresa en otro país.

En junio de 2005, la Unión Europea, que busca que desaparezca el secreto bancario en su ámbito, aprobó una directiva que estableció el intercambio automático de información entre las administraciones fiscales sobre los intereses de las cuentas bancarias en el extranjero.

Sin embargo, estableció un periodo de transición para los tres países con secreto bancario, que en vez de ceder la información aplican una retención en origen a los intereses que en 2011 alcanzará el 35 por ciento. Los ingresos obtenidos se destinan en un 75 por ciento al país de origen del ahorrador, y el resto, al país de destino.

Este mismo sistema de retención es utilizado por los cinco países con los que se lograron acuerdos -Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino- y los diez territorios asociados o dependientes del Reino Unido ( Guernesey, Jersey, la Isla de Man, Anguila, Islas Caimán, Montserrat, Islas Turcos y Caicos e Islas Vírgenes Británicas) y Holanda (Antillas Holandesas y Aruba).

La crisis económica y la presión del G-20, liderado en este asunto por EEUU, Francia y Alemania, han provocado un cambio en las últimas semanas en los países defensores del secreto bancario. El pasado 13 de marzo, Suiza accedió a flexibilizar el intercambio de información fiscal conforme a las reglas de la OCDE y además simplificará los procesos de intercambio de información en caso de sospechas fundamentadas y concretas.

Además, Suiza ampliará el intercambio de información con otros países "en determinados casos", aunque no cambiará las reglas para los contribuyentes domiciliados en su territorio. Luxemburgo, Andorra, Bélgica, Mónaco y Liechtenstein se pronunciaron también en esa línea y anunciaron que se adaptarán, en mayor o menor medida, a la normativa de colaboración fiscal de la OCDE.

El caso de Suiza

El caso de Suiza es paradigmático, porque desde que estableció en su legislación, en 1934, el secreto bancario, se ha consolidado como una de las grandes potencias financieras gracias a la capacidad de sus entidades para captar capitales de todo el mundo. Hasta ahora, las leyes helvéticas sólo consideraban delito y garantizaban la cooperación con otros países en el caso de fraude fiscal -que implicaba actos como la falsificación o alteración de documentos o datos-, pero excluían de esa calificación a la evasión fiscal.

En febrero de este año, UBS, el mayor banco suizo, acordó entregar a las autoridades de EEUU los nombres de clientes estadounidenses acusados de defraudar al fisco de su país y pagar una multa de 790 millones de dólares por haber ayudado a unos 300 titulares de cuentas a cometer este delito.

Sin embargo, Washington no se dio por satisfecho y presentó una demanda civil contra el banco para obtener los datos de otras 52.000 cuentas, que contienen unos 14.800 millones de dólares en activos, a lo que se niega UBS amparándose en la legislación suiza sobre el secreto bancario.