La contabilidad nacional española ofreció este martes dos noticias, una buena y otra mala. Para los que ven el vaso medio lleno, los 92.227 millones de euros de déficit son una buena noticia, porque supone un 9,2% del PIB (una décima menos de la previsión). Para los que tengan una mirada algo más pesimista, cumplir con un objetivo del 9,3% tampoco es mucho mérito y hace que España continúe en el vagón de cola de la UE.
Pero además, las cifras presentadas por Elena Salgado ofrecen otra importante lectura desde el punto de vista de la estructura del Estado: han sido las Comunidades Autónomas las que se han cargado los esfuerzos ahorradores del resto de las administraciones públicas. Así, mientras que la Administración central cerraba con un 4,97% (casi medio punto menos que lo previsto), las regiones se elevaban hasta el 2,83% frente al 2,4% que tenían como límite: el despilfarro autonómico continúa haciendo peligrar las cuentas españolas.
Los que cumplen y los que no
Evidentemente, para que la media sea del 2,83%, tiene que haber unas autonomías que cumplan y otras que no lo hagan. En este sentido, Madrid y Castilla la Mancha son la cara y la cruz de las regiones españolas. El equipo de Esperanza Aguirre puede presumir de ser el único que está muy por debajo del objetivo previsto (tiene un déficit del 0,69%, más de un punto y medio mejor que el segundo clasificado). De hecho, teniendo en cuenta el peso de la economía madrileña, puede suponerse que de no contabilizar esta comunidad, el déficit autonómico se dispararía por encima del 3%.
En la acera opuesta, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Cataluña ocupan las últimas posiciones del ranking. El Ejecutivo de José María Barreda lleva varios años haciendo méritos para consolidarse como el más derrochador de los gobiernos regionales españoles. Junto a él, se situán el de Murcia, el de Baleares y el catalán. En este último caso, las culpas son, fundamentalmente, de José Montilla, puesto que Artur Mas accedió a su cargo el 27 de diciembre, por lo que poco puede imputársele por el déficit de 2010.
Estas cuatro regiones han cerrado el ejercicio con desviaciones "considerables" según definición de la propia Elena Salgado, por lo que necesitarán adoptar "con firmeza" medidas que reduzcan sus desequilibrios. Por cierto, de estas cuatro comunidades con un déficit descontrolado, tres tienen gobierno socialistas, siguiendo una tendencia habitual en los últimos ejercicios.
Las cuentas de las regiones
Por su parte, las comunidades autónomas cerraron el año con un saldo negativo de 35.997 millones, un 3,39% del PIB, casi tres décimas más de lo previsto en el programa. Si no se tienen en cuenta los anticipos a cuenta, el déficit de las comunidades se ha situado en el 2,8% frente al 2,4% planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
En concreto, ocho comunidades cumplen el objetivo (Madrid, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Galicia, Canarias y Asturias). Andalucía sólo se ha desviado ligeramente, mientras que otras comunidades necesitarán actuaciones más "decididas" para reconducir su situación, como Aragón, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.
Las cifras del Estado
En total, el déficit público cerró el año en 92.227 millones de euros, lo que supone el 9,2% del PIB, una décima mejor de lo estimado en las previsiones oficiales del Gobierno, según los datos avanzados por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado.
En concreto, el Estado registró un déficit de 52.798 millones, el 4,97%, lo que supone una mejora de casi un punto respecto a la cifra planteada en el programa de estabilidad enviado a Bruselas. El déficit del Estado se ha reducido casi a la mitad en un año por el aumento de ingresos y la reducción del gasto, informa Europa Press.
Ayuntamientos y Seguridad Social
Las entidades locales, que ascienden a más de 8.000 administraciones, sumaron un déficit del 0,64%, aunque habrá que esperar para conocer los datos definitivos, informa Europa Press.
Por su parte, lasentidades que integran Seguridad Social han registrado un déficit de 2.588 millones de euros, el 0,24% del PIB, que supone una desviación de 0,4 puntos de PIB. Tres décimas se deben al Servicio Público de Empleo y seis al Fondo de Garantía Salarial.
Deuda pública
La deuda pública se situó en el 46% del PIB en el caso del Estado y se elevó al 60% al tener en cuenta todas las administraciones, más de dos puntos menos que la última previsión.