LD (L. Ramírez) Fernández Ordóñez ha perdido a sus grandes aliados en los límites del gasto público. Tras la marcha de Pedro Solbes y David Vegara, Moncloa tiene vía libre para elevar el endeudamiento del Estado, pero el Banco de España está muy preocupado por la repercusión que tendrá esta política sobre el sistema de pensiones.
La Comisión del Pacto de Toledo –grupo de trabajo del Congreso de los Diputados para reformar el sistema de pensiones- conoce bien el riesgo que ha generado el envejecimiento de la población en España sobre la estructura de este sistema de protección, que es similar al esquema Ponzi: las pensiones de los jubilados actuales las pagan los que están trabajando y si el mercado laboral sigue destruyendo empleo será difícil que las generaciones futuras tengan cobertura para la vejez.
Según informa EFE, el gobernador del Banco de España dijo este miércoles que la estrategia para mantener la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por unas finanzas saneadas, por reformas estructurales en la economía y del propio sistema de protección.
En una comparecencia ante la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, Fernández Ordoñez advirtió de que esta estrategia tiene que tener en cuenta que el alza del déficit público "no puede ser ilimitado en la situación actual con el fin de evitar que se genere un fuerte aumento de la deuda pública".
La razón que dio es que conllevaría una "carga excesiva sobre las generaciones futuras". Fernández Ordóñez citó el caso de otros países que han decidido alargar el número de años que un trabajador debe cotizar para obtener derecho a pensión, penalizar la jubilación anticipada o alargar la edad de jubilación.
En este último punto, resaltó que Alemania ha alargado la edad de retiro de 65 a 67 años, lo que supone "una fuerte reducción del gasto en pensiones".
Si se adoptan "sin tardanza" las reformas no tienen porque ser "traumáticas", opinó Fernández Ordóñez, quien matizó que no sólo ayudarán a resolver los problemas a largo plazo sino que, "al tranquilizar y reducir incertidumbres sobre el futuro, tendrán efectos favorables también en el corto plazo, "en la difícil coyuntura que estamos atravesando".
La responsabilidad es del Gobierno
Por si no había quedado claro a quién corresponde salvaguardar el sistema de protección, Ordoñez recordó que el sistema de pensiones y su reforma no entra dentro de las competencias que tiene atribuidas el Banco de España. Según explicó, la definición de las reformas concretas del sistema de pensiones es una cuestión "eminentemente política"
El gobernador dijo que el impacto de la crisis económica se ha dejado sentir en las cuentas de la Seguridad Social, de forma que se ha producido un "rápido deterioro" del superávit que se registraba y que incluso "podría desaparecer durante este año".
Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, advirtió de que perder el superávit de la Seguridad Social en sólo un año es una "catástrofe sin paliativos".
Burgos indicó que el margen de maniobra que existe para acometer reformas "no traumáticas" que garanticen el sistema de pensiones ha disminuido "drásticamente" porque a los elementos demográficos se han sumado ahora los derivados de la crisis económica.
A su juicio, “todos los elementos de carácter de sostenibilidad en el futuro, sobre los que se basaban las previsiones como las que auguraban que no íbamos a entrar en déficit hasta 2020, están claramente puestos en cuestión”
Desde el punto de vista de Burgos, “constituiría una cierta irresponsabilidad” seguir basándose en esos elementos de proyección que, en su opinión, “ya no son los que configuran la realidad social de nuestro país” y se deberían tomar medidas para “encarar los retos que teníamos por delante”.
Zapatero quiere seguir aumentando la deuda del Estado
Estas declaraciones chocan frontalmente con las del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien considera que el Estado “tiene un amplio margen” para aumentar su endeudamiento, así como con los informes internos del Ministerio de Trabajo, que admiten que las pensiones de los menores de 50 años no están garantizadas.
Los estudios del departamento que dirige Celestino Corbacho aniticipan que la Seguridad Social tendrá que recurrir al Fondo de Reserva para pagar las pensiones a partir del año 2023.
Esto significa que las pensiones de los menores de 50 años dependen de las aportaciones a dicho fondo que, en la actualidad -tras varios años de bonanza del mercado laboral- sólo cubre nueve meses de pagos a los jubilados. No obstante, el Ministerio de Trabajo insiste en que la Seguridad Social está "mejor que nunca".
Por ello, PSOE y PP negocian rebajar la cuantía media de las mismas en un 30%, al ampliar a toda la vida laboral el cálculo de la prestación.