El acuerdo, que tendrá una vigencia de seis años, busca que la entidad continúe manteniendo su tradicional liderazgo en el segmento de las familias y de las pymes, especialmente en un momento como el actual marcado por la falta de liquidez.
A este acuerdo se han sumado en su calidad de entidades representativas la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, CEIM, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), la Fundación Carme Pardo-Valcarce y el Instituto de Estudios Económicos.
Los firmantes del acuerdo consideran que la voluntad de entendimiento y consenso en el funcionamiento de los Órganos de Gobierno de Caja Madrid es fundamental para consolidar la posición de esta Institución en el mercado financiero, así como para dar cumplimento a los fines fundacionales que tiene encomendados la Caja.
El compromiso alcanzado recoge también como objetivos el seguir avanzando en la mejora de la calidad de los servicios a los clientes; apoyar las inversiones en sectores estratégicos de la economía española contribuyendo a la solidez y solvencia de los proyectos en los que participa la Caja.
Además, busca profundizar en la responsabilidad social empresarial a través del desarrollo del Código de Buen Gobierno; incorporar la política laboral a los planes estratégicos de la entidad, considerada como motor de productividad y rentabilidad; y dedicar el mayor porcentaje de excedentes a dotar los recursos de la Obra Social, una vez garantizada la máxima solvencia.
Tramitación parlamentaria
Las mismas fuentes recordaron que el proyecto normativo de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros que se está tramitando actualmente en la Asamblea de Madrid es una pieza clave para dar mayor seguridad jurídica al proceso electoral de renovación de los órganos de gobierno de varios sectores que se debe llevar a cabo este año en Caja Madrid según establecen sus propios estatutos.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de mayo un nuevo proyecto normativo que atendía al dictamen del Consejo de Estado y al Recurso presentado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC). Los aspectos controvertidos se han adaptado a la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA).
Así, el número de consejeros generales por los sectores de impositores y Corporaciones Municipales se realizará con criterios de proporcionalidad pura, en función de los depósitos captados en cada Comunidad y Ayuntamiento, sin clase alguna de ponderación, y no se establecen límites para el número de representantes de corporaciones locales.
Por otra parte, se sustituyen las dos circunscripciones (Madrid y resto de Comunidades Autónomas) y se hace referencia a tantas como comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía en las que tenga implantación la Caja.