LD (L. Ramírez) Más intervencionismo en el mercado inmobiliario. A pesar de que las competencias en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas, el Gobierno sigue empeñado en violar las competencias regionales, yendo más allá de su único cometido: financiar las actuaciones de vivienda protegida a través de planes plurianuales.
En estos momentos, el departamento ministerial que dirige Beatriz Corredor está negociando el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 con las comunidades autónomas. La propuesta que plantea el Estado a los gobiernos regionales, al que ha tenido acceso LD, no ha sido bien recibida por los consejeros autonómicos, ya que invade sus competencias, introduce una mayor discrecionalidad en las políticas municipales y no favorece a las bajas rentas..
A pesar del sonoro fracaso de la política de “minipisos” lanzada por su predecesora en el cargo, María Antonia Trujillo (tras el paso fugaz de la actual ministra de Defensa, Carme Chacón, como máxima responsable del departamento), Corredor ha decidido hacer oídos sordos a la multitud de críticas que generó esta medida.
En concreto, el borrador del Plan establece que la superficie mínima de los pisos protegidos será de 30 metros cuadrados para un máximo de dos personas, siendo ampliable en 15 metros cuadrados por cada nueva persona que se incorpore a la unidad familiar. El requisito se aplica a todas las modalidades de vivienda protegida, tanto en régimen de compra como de alquiler, y afectará a los pisos nuevos y a los usados.
Aunque Corredor todavía no se ha pronunciado al respecto, la artífice de los “minipisos”, María Antonia Trujillo, justificaba esta reducción de la superficie útil de los pisos protegidos (antes el límite estaba en los 70 metros cuadrados) porque este tipo de inmuebles “son una modalidad de vivienda que demandan muchos jóvenes en España, porque les permitirá independizarse, lo que corresponde con la estructura familiar de siglo XXI”.
Este argumento se desmonta ahora, con la propuesta del Gobierno de extender estos zulos a todos los grupos de edad. "Queremos un plan de todos y para todos", afirmó la ministra en su reciente comparecencia en el Senado.
Barrera salarial para comprar VPO
Pero ésta no es la única medida polémica en el borrador del Plan. Vivienda quiere que los compradores de viviendas protegidas no destinen más del 40 por ciento de su renta al pago de la hipoteca. Y la vía escogida no es a través de incentivos, sino prohibiendo la adquisición en este supuesto. Así, en el primer capítulo del proyecto establece como “condiciones generales de los demandantes de vivienda” lo siguiente:
“Para acceder a la compra de una vivienda protegida, el solicitante no podrá dedicar a la adquisición de la vivienda más del 40 por ciento de los ingresos”.
Es decir, que, para un piso protegido medio de 90 metros cuadrados (que según los datos actuales tiene un precio de 100.100 euros, con una hipoteca a 30 años y el tipo de interés oficial que establece el Plan de Vivienda vigente (del 5,1 por ciento), la cuota mensual se situaría cerca de los 600 euros al mes.
De esta forma, aquellos demandantes cuyo salario mensual no alcance los 1.500 euros (más del doble que el salario mínimo) no podrán comprarse una VPO.
Este requisito choca frontalmente con las declaraciones públicas que ha realizado la ministra respecto a las prioridades del Ejecutivo en materia de vivienda que, supuestamente pretenden ayudar a los colectivos más desfavorecidos.
Precisamente, este miércoles en sede parlamentaria, Corredor aseguró que, “mientras mantenga la confianza del presidente del Gobierno”, seguirá “trabajando al frente del Ministerio para que sea un poco más fácil para las familias españolas acceder a una vivienda, independientemente de lo que digan otros grupos políticos”.
Las autonomías no quieren el nuevo Plan
El borrador ya ha empezado a cosechar las primeras críticas, fuentes de las consejerías de vivienda de varias comunidades autónomas tildaron el Plan de Vivienda 2009-2012 de “intervencionista” y explicaron que “supone una involución en el proceso de descentralización de las competencias”. Este tipo de calificaciones vienen tanto de autonomías regidas por el PSOE como del PP, ya que el Estado no puede diseñar las políticas urbanísticas autonómicas.
Fuentes del Ministerio intentaron quitar hierro al asunto, al recordar que “se trata tan solo de una propuesta” y que, tras la conferencia sectorial que tendrá lugar en las próximas semanas, “todo puede cambiar”.
Respecto al límite del 40 por ciento de la renta para comprar una VPO, en el departamento que dirige Corredor se defienden de las críticas al señalar que “es una herramienta de matización del riesgo” ante posibles impagos, algo que es “habitual en la práctica de las entidades financieras”.
Y es que en vivienda protegida no es oro todo lo que reluce. El jefe del Ejecutivo ha reiterado en numerosas ocasiones que la construcción de VPO es una de las bazas que tiene la economía española para superar la crisis del ladrillo.
Promesas electorales y "soluciones habitacionales"
Desde las famosas 180.000 viviendas prometidas en la campaña electoral de 2004, pasando por las “soluciones habitacionales” y con el nuevo plan de impulso a este tipo de inmuebles lanzado el pasado abril, los resultados no son los esperados.
Como adelantó LD, los datos del Instituto de Práctica Empresarial (IPE) certifican el rotundo fracaso de esta apuesta por la protección oficial. A pesar de las críticas que recibió desde las filas socialistas el anterior Ejecutivo de José María Aznar por su falta de compromiso con la VPO, el PSOE ha reducido el porcentaje de este tipo de inmuebles con respecto al total del mercado, y todo ello a pesar del descenso de las viviendas visadas en el mercado libre.
Así, del peso del 15,47 por ciento que tenía la VPO en el mercado inmobiliario en 2003, se pasa ahora a una tasa del 10,27 por ciento al cierre de 2008, según las previsiones del IPE. A este respecto revela el informe, Pulsímetro Inmobiliario:
“Como hemos comentado en varias ocasiones, la vivienda protegida incrementa su construcción en épocas donde la demanda” de pisos libres “es menor, sin embargo, en 2007 y, sobre todo en 2008, con descensos en las ventas libres, la vivienda protegida prevista no sólo no alcanza mayores cotas, sino que sufre un importante descenso superior al 50 por ciento en los proyectos iniciados y de un 7,7 por ciento en las casas terminadas".