El crédito sigue restringido para familias y empresas. El pasado mes de julio el propio presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, reconocía que muy podría emitir la totalidad del nuevo crédito en España. Ya en marzo, el crédito concedido por bancos y cajas a la administración pública había crecido un 25%. Además, algunos expertos ya hablaban de crowding out (crédito acaparado por administraciones públicas).
Así, no es de extrañar que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado que unas 120 entidades han mostrado su interés en financiar el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, cuyo convenio se firmará "en los próximos días" y beneficiará a casi un millón de familias, según recoge Efe.
Durante su comparecencia en el foro organizado por Cinco Días, la titular de Vivienda explicó que la financiación del nuevo plan, ha levantado "mayor interés por parte de bancos y cajas de ahorro que la del anterior plan".
Las entidades que más se impliquen en la financiación del PEVR estarán catalogadas como preferentes a la hora de obtener mejores condiciones en la línea de cobertura de los créditos hipotecarios por la que el Ministerio de Vivienda, a través del ICO, avalará la compra de hasta 100.000 viviendas protegidas.
Esta consideración como preferentes se otorgará a las entidades que concedan préstamos convenidos por encima de 75 millones de euros anuales o que incrementen el volumen anual de la concesión de este tipo de préstamos en 20 millones de euros.
La ministra anunció que el jueves firmará con el ICO la nueva línea de garantías para la financiación de vivienda protegida, por importe de 12.000 millones de euros, en la que el Gobierno se compromete a garantizar el 50 por ciento (6.000 millones de euros).
Esta línea de garantías avalará las hipotecas concedidas dentro de las actuaciones previstas en el PEVR durante 2009 y 2010, tanto para las viviendas protegidas de nuevas construcción como para las viviendas libres ya terminadas que no se venden y que se acojan al plan.
En este sentido, Corredor recordó que hoy es el primer aniversario de la suspensión de pagos de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, a la que animó a que incorpore al mercado de VPO aquellas viviendas sin vender que tenga terminadas o en construcción.
A falta de la firma del convenio con la banca, la ministra de Vivienda dijo presentarse con "un plan en marcha, aprobado con el consenso de las inmensa mayoría de las CCAA el pasado mes de enero", que pretende movilizar 34.000 millones de euros en préstamos hipotecarios.
Además, recordó que queda por aprobarse de forma definitiva la Ley de fomento del alquiler y la eficiencia energética y la ley que regulará las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis), que tras superar sus trámites parlamentarios en el Congreso, se encuentran ya en el Senado y estarán en vigor antes de que acabe el año.
Insistió en la necesidad de sentar las bases de la construcción dentro del nuevo modelo económico, dejando atrás un sector que medía su éxito en razones cuantitativas, en vez de cualitativas, y diferenciado del modelo europeo por el excesivo ritmo de edificación y por el uso abusivo y extensivo de suelo.
Así, auguró que "tanto más rápido se recuperara el sector cuanto más rápido se adecúe al nuevo modelo de reconversión", que supone un nuevo peso en el PIB y un reequilibrio entre la obra nueva y la rehabilitación, la compra y el alquiler.
Corredor aseguró que desde la creación del Ministerio de Vivienda en 2004, la política del departamento ha beneficiado a un millón de hogares y que espera que en los próximos cuatro años "llegue a un millón más".
Tras más de 14 meses al frente de la política de vivienda del Estado, la ministra dijo que de momento no se plantea otros retos profesionales, ya que con el Ministerio "es suficiente por ahora".