Ni los 4,4 millones de parados que presenta España ni el aumento exponencial de los trabajadores afectaros por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son motivos suficientes para convocar una huelga general. Y es que, tras negociar con CCOO y UGT, el Gobierno ha presentado un nuevo borrador en el que descarta rebajar las cotizaciones sociales cinco puntos y mantiene los subsidios. Todo con tal de evitar una huelga general.
El apoyo del Ejecutivo a las reivindicaciones sindicales ya ha obtenido respuesta. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, afirmó este lunes que habría más posibilidades de crear empleo "a partir de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales que desde una huelga general".
"Preferimos darle una oportunidad al acuerdo, creemos que por aquí esta el camino. Ahora bien, si el acuerdo no produce medidas adecuadas a la gravedad de la situación o si se toma otra vía, yo no descarto la movilización, pero en principio creo que tenemos que darnos esta oportunidad porque así lo exige España", subrayó.
Toxo, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, señaló que recurrir a la huelga general sería "lo más fácil" y añadió que, además de que el pacto social beneficiaría más al empleo que una movilización de estas características, hay que tener en cuenta también que el Gobierno "ha hecho un esfuerzo tremendo", por ejemplo destinando 17.000 millones de euros adicionales para pagar el desempleo.
Toxo se mostró convencido de que Gobierno, sindicatos y empresarios serán capaces de encontrar el camino hacia un acuerdo social pese a todo lo ocurrido en las últimas semanas en el proceso de diálogo social.
De hecho, las partes celebran este lunes una nueva reunión, en la que el líder de CCOO espera poder recuperar "el tono de negociación" existente antes de que la CEOE "retornara, sorpresivamente, a sus posiciones iniciales" (abaratamiento del despido mediante la creación de un nuevo contrato y recorte en cinco puntos de las cotizaciones sociales).
Para Toxo, hay soluciones a la situación actual en España "bien distintas" a las que plantea la patronal y mucho más eficaces". "Quien reclama una reforma laboral debería decirnos qué objetivo pretende y con qué medios va a conseguirlo, porque yo no veo los empleos esperando una reforma laboral para sacarlos a flote", apuntó.
Toxo denunció además que la rebaja en cinco puntos de las cotizaciones sociales que pide la CEOE "pondría en riesgo la protección social", algo que consideró "disparatado" y que, según advirtió, dejaría en muy mala situación a las generaciones futuras.
Nada de bajar impuestos
El secretario general de CCOO manifestó que, pese a lo ocurrido con la CEOE, el diálogo social "no ha peligrado hasta el punto de la ruptura", aunque precisó que una cosa así nunca puede afirmarse con rotundidad. Toxo aseguró que tanto los agentes sociales como el Gobierno están convencidos de que hay que hacer un esfuerzo importante por el acuerdo "porque así lo exige la situación de España".
"El problema es que cada parte acude con presupuestos distintos. Sospresivamente una de las partes (la CEOE) retornó a sus posiciones iniciales, no sé si por un movimiento táctico o presionado por cuestiones del momento, como el cierre de la central nuclear de Garoña, y esto no da fiabilidad a los negociadores. Pero supongo que estos son los escarceos propios de un proceso de negociación y que finalmente encontraremos el camino para el acuerdo", añadió.
Preguntado por si los sindicatos demandarán rebajas de impuestos, Toxo afirmó no contemplar esta posibilidad, argumentando que España es el país de la zona euro con menos presión fiscal, lo que a su vez hace que tenga menos servicios y menor protección social que otros países de su entorno.
Por el contrario, recordó que los sindicatos están reclamando que se reequilibre la presión fiscal, gravando en mayor medida a las grandes fortunas y elevando el tramo marginal del IRPF. "No es que se paguen más impuestos en España, es que está desequilibrada la carga fiscal", precisó.
En este sentido, Toxo afirmó que, ahora hay que déficit en el Inem para pagar las prestaciones por desempleo, es necesario lograr nuevos recursos, lo que podría conseguirse mediante una modificación de la fiscalidad y la reorientación de ciertas políticas fiscales, como la deducción de los 400 euros en el IRPF, y en última instancia, a través de un mayor endeudamiento.
La nueva propuesta: sin "líneas rojas"
Patronal y sindicatos se volverán a ver las caras en la mesa del diálogo social este lunes, en una nueva reunión tripartita en la que el Gobierno presentará previsiblemente una "reelaboración" de la propuesta de acuerdo que en su día remitió a los agentes sociales, informaron a Europa Press fuentes sindicales.
Este nuevo encuentro, que se celebrará por la tarde, fue acordado después de la reunión a tres bandas del pasado jueves, en la que el diálogo social quedó desbloqueado y se aparcaron las 'líneas rojas' trazadas por la CEOE. El objetivo vuelve a ser alcanzar un acuerdo este mismo mes.
Así, sobre la mesa no estarán ni una rebaja de 5 puntos de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social ni un nuevo contrato de crisis ("contrato del Siglo XXI") con una indemnización más barata (20 días por año trabajado) como pedía la CEOE.
El Ejecutivo aseguró en las reuniones bilaterales mantenidas con los agentes sociales durante la pasada semana que no aceptará ninguna de las dos propuestas.
Retomado el documento propuesto por el Gobierno, las discusiones girarán en torno a la ayuda temporal de 420 euros mensuales para los parados que hayan quedado sin ingresos. En este punto, el mayor escollo será la voluntad de los sindicatos de prolongarlo durante un año, frente a los seis meses que plantea el Gobierno.
Asimismo, el borrador del acuerdo también plantea la rebaja de las cotizaciones que pagan las empresas por contingencias profesionales en medio punto, muy lejos de los cinco demandados por la patronal.
Además, el borrador incluye medidas para mejorar las oportunidades de empleo de los parados y la intermediación en el mercado laboral. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a suprimir en un plazo inferior a tres meses las actividades en las que actualmente tienen prohibido operar las empresas de trabajo temporal y a regular y a autorizar a las empresas de recolocación.
El texto planteado acoge el compromiso de los agentes sociales a cerrar en seis meses un acuerdo bilateral para la revisión de la negociación colectiva que debe comprender más flexibilidad interna a nivel de empresa y mayor felicidad para utilizar las cláusulas de descuelgue.
Unos y otros confían en alcanzar un acuerdo antes de agosto, aunque el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya ha hablado de un acuerdo en otoño.