Competencia abre un expediente sancionador a las cinco grandes eléctricas

Dichas prácticas consistirían en la suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos energéticos, del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales, informó este jueves la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que considera adoptar medidas cautelares para evitar esta situación.

El organismo subrayó que dicha conducta se produce en un momento "crítico" para la competencia con la entrada en vigor, a partir del próximo 1 de julio, de la tarifa de último recurso (TUR), la única que fijará el Gobierno.

A partir de esa fecha, los clientes con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (kw) podrán elegir entre acudir al mercado o acogerse a tarifa, en tanto que los que superen ese límite deberán contratar su suministro de forma obligatoria con una comercializadora que opere en el mercado libre.

Ahora, el suministro eléctrico pasará a depender en exclusiva de las comercializadoras, en tanto que las distribuidoras se centrarán en la gestión de las redes. El Gobierno sólo ha autorizado cinco comercializadoras de último recurso que, precisamente, pertenecen a los cinco grandes grupos eléctricos contra los que se abre el expediente, en tanto que en el mercado libre operan unas 25 compañías.

Para facilitar el cambio de suministrador y fomentar la competencia, las distribuidoras están obligadas a permitir a las comercializadoras acceder a los datos de sus clientes, siempre y cuando éstos no indiquen lo contrario.

Por tanto, según la CNC, las supuestas prácticas anticompetitivas podrían estar interfiriendo en un hito relevante del proceso de liberalización del mercado eléctrico "con el que se esperaba que pudiera producirse el traspaso de un número importante de consumidores del mercado regulado al libre, especialmente en el caso de las pymes".

En el marco del expediente incoado, la Dirección de Investigación de la CNC ha propuesto la adopción de medidas cautelares para obligar a las compañías a restablecer el acceso telemático a la base de datos de las distribuidoras y garantizar a las comercializadoras independientes el normal funcionamiento de la gestión del traspaso de clientes. Las prácticas investigadas se producen tan sólo dos meses después de que el Consejo de la CNC sancionara a las cinco compañías con un total de 38 millones de euros por prácticas similares.