Pero surge la pregunta de cómo se ha podido llegar hasta donde estamos en términos de desequilibrio público. Como no podía ser de otra manera, la tesis de la Administración de Zapatero es echar balones fuera y quitarse la responsabilidad de la situación actual.
A continuación, repasaremos brevemente su argumentario, según las distintas fases por las que han pasado las cuentas públicas en los últimos años.
El relato oficial (hormiga): burbuja y responsabilidad fiscal
Durante la fase de la burbuja inmobiliaria, las cuentas públicas pasan por un gran momento, con un superávit del 2% sobre el PIB en 2006 y 2007. Según el Gobierno, las cosas se estaban haciendo muy bien desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal. El relato oficial es que esos años de bonanza se aprovecharon para llenar la hucha (como la hormiga de la fábula, que acumulaba provisiones en verano mientras la cigarra cantaba) una previsión que hizo que España estuviera mejor preparada que otros países para hacer frente a la crisis.
Sin embargo, los buenos tiempos llegaron a su fin y la crisis aterrizó en España, aunque desde el Ejecutivo se asegura que su origen hay que buscarlo en los mercados financieros e hipotecarios de Estados Unidos. Al equipo de José Luis Rodríguez Zapatero parece que se le viene encima este cataclismo de forma imprevista (como si fuera una tormenta que sorprende a un conductor en la carretera) y los medios oficiales aseguran que era casi imposible haber estado preparado para reaccionar, dada la magnitud y la rapidez de los cambios.
La tesis keynesiana que dirige la política económica del Gobierno destaca que en este contexto, como consecuencia de la caída de la actividad y el empleo, se ponen en funcionamiento los llamados estabilizadores automáticos, los instrumentos de política fiscal que intentan hacer la crisis menos dura aunque dañen las cuentas públicas. Por eso, al mismo tiempo que se dispara el gasto público (especialmente en prestaciones por desempleo), se hunden los ingresos públicos (los ciudadanos ganan menos y pagan menos impuestos).
Todo esto ocurre de forma automática, como consecuencia de estos instrumentos contra-cíclicos de estabilización macroeconómica, concebidos por los economistas de tinte keynesiano para suavizar las fases de crisis por medio del impulso del gasto deficitario –por encima de los ingresos-.
Entretanto, se llevan a cabo algunas políticas de estímulo gubernamental vía gasto (como el Plan E o las ayudas a la compra de automóviles), que consiguieron contener mínimamente la caída de la economía española en los indicadores macro más utilizados (como el PIB). Sin embargo, tuvieron el efecto de hacer subir los números rojos de las cuentas públicas.
Así, nos encontramos con un déficit muy abultado, del 11,1% sobre el PIB en 2009, sin que el Gobierno tenga (en su propia opinión) apenas responsabilidad. La que pudiera tener, por el gasto de los estímulos públicos, se contrarrestaría con la afirmación: "si no hubiéramos actuado con políticas públicas de apoyo a la economía, la caída del empleo y la actividad hubieran sido mayores, por lo que podríamos habernos encontrado con un déficit incluso mayor".
Aquí es donde acaba la tesis del Gobierno y comienza la realidad sobre lo que realmente ocurrió. Tal y como han puesto de manifiesto los analistas del Instituto Juan de Mariana en su último informe sobre fiscalidad en España, estos argumentos son totalmente sesgados.
La tesis alternativa (cigarra): irresponsabilidad y gasto creciente
En primer lugar, en lo que se refiere a la fase del auge económico, lo cierto es que la buena salud de las cuentas de las AAPP era básicamente ilusoria, y se debía a unos ingresos extraordinarios debidos a la burbuja inmobiliaria, como también ha sostenido Juan Rubio-Ramírez, economista de FEDEA.
A pesar del superávit, el Gobierno en estos años gastó por encima de sus posibilidades reales, incrementando así el déficit estructural -descontando los ingresos debidos a factores cíclicos, como el del boom inmobiliario-. En el primer gráfico se muestra el total de los gastos públicos de las Administraciones Públicas, y como éste fue creciendo a buen ritmo en los años de auge. En el siguiente se compara la evolución de este indicador con lo que sucedió en Alemania, donde el gasto público apenas creció, en un claro contraste con España.
Gasto público del total de las AAPP (miles de millones de €)
Fuente: Informe Juan de Mariana.
Tasa de crecimiento del gasto total de las AAPP en España y Alemania
Fuente: Informe Juan de Mariana.
Para demostrar que el Gobierno no llevó a cabo un ejercicio deliberado de responsabilidad fiscal, el informe del Instituto Juan de Mariana muestra cómo oficialmente se preveía como objetivo un superávit público del 0,2% en el año 2006, y del 0,3% en el 2007, cuando finalmente llegaron a ser del 2% del PIB en ambos años (1,9% en 2007). De aquí se puede deducir fácilmente que el Ejecutivo de Zapatero no tenía en mente llevar una política fiscal de superávit público que suavizara los efectos de una posible reversión del ciclo sobre las cuentas públicas, al contrario de lo que luego han podido afirmar.
Esto quiere decir que, a pesar de la propaganda oficial, el Gobierno no ahorró durante los buenos años, sino que gastó a manos llenas, pensando que estos ingresos extraordinarios durarían muchos más años. De esta manera, cuando llegó el invierno fiscal, le pasó lo mismo que a la cigarra del cuento infantil (que no había guardado provisiones), mientras que la hormiguita Merkel (que sí había hecho su trabajo) estaba mejor preparada para hacer frente a las dificultades.
Por otro lado, la gestión de la crisis, en sus distintas vertientes, ha sido fuertemente criticada por buena parte de los analistas, y con razón. No es cierto que nuestra crisis (solamente) se debiera a factores externos, sino que, más bien, una crisis característicamente española (el pinchazo de la burbuja inmobiliaria con todas sus implicaciones) fue agravada por el contexto internacional, tal y como señala, por ejemplo, Alberto Recarte en su Informe.
Además, las políticas de estímulo del Gobierno (Plan E o las ayudas para la compra de automóviles) no han tenido un impacto positivo sobre la economía, habiendo contribuido a expandir el déficit y a desplazar al sector privado para adquirir financiación (efecto expulsión), como avanzara LD.