Las comunidades echan ya sus cuentas para repartirse la tarta de los 11.000 millones adicionales que el Gobierno les ha ofrecido dentro del nuevo modelo de financiación, una cifra que ha convencido a ERC, el último escollo que quedaba por superar para que Cataluña diera el visto bueno a la propuesta.
Tras más de cien reuniones y contactos con las autonomías, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha dado a conocer el domingo la propuesta del Gobierno para el nuevo sistema y ha anunciado para el miércoles la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde debe debatirse.
El nuevo modelo de financiación autonómica aportará más de 11.000 millones de euros adicionales, 2.000 millones más con respecto a su última propuesta, de 9.000 millones.
Cataluña recibirá 3.855 millones de euros extra de forma progresiva hasta 2012, y su nivel de recursos per cápita quedará cinco puntos por encima de la media. De este modo, el Gobierno da cumplimiento a las exigencias de financiación planteadas por ERC. Cataluña recibirá el 35% del nuevo pastel territorial. Es decir, 1 de cada 3 euros nuevos a repartir serán gestionados por la Generalidad. Andalucía es la otra gran beneficiada en el nuevo reparto. Así, se llevará 1.795 millones del fondo adicional. De este modo, amabas autonomías concentran casi el 50,8% de los nuevos fondos.
Durante su explicación del documento, Salgado ha dejado claro que todas las comunidades tendrán más recursos y estarán más cerca de la financiación media per cápita, pero sólo ha querido mencionar a Cataluña -porque ya lo había avanzado el presidente del Gobierno- para recalcar que esta región se situará ligeramente por encima de la media.
El 80% de los recursos del modelo se destinarán a la financiación de los servicios públicos fundamentales -educación, sanidad y servicios sociales-, que el Gobierno garantiza a todos los ciudadanos aunque su comunidad no apoye el nuevo sistema.
Ha justificado Salgado la renovación del modelo en el incremento en 6 millones de personas de la población en las quince comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) desde 2001, por lo que el Gobierno ha querido que el nuevo sistema se actualice anualmente para dar cobertura a la evolución demográfica.
Cuatro fondos conforman la propuesta, entre ellos éste de Garantía de Servicios Públicos, que se financiará con el 75% de los tributos cedidos a las CCAA y con un 5 por ciento procedente del Estado.
Más cesión de impuestos
Así, de cada euro que recaude la comunidad, 0,75 céntimos irán a parar a una bolsa común para garantizar los servicios fundamentales, en tanto que las autonomías podrán disponer libremente del resto.
Otro de los fondos es el del Suficiencia Global, con el que se mantendrá el "statu quo" de las comunidades y se financiará el resto de las competencias transferidas, al que acompañarán el de Competitividad para reducir las diferencias de financiación per cápita, y el de Cooperación, que se distribuirá entre las autonomías de menos renta y las que tengan una evolución demográfica negativa.
El objetivo es aproximar la financiación por habitante para que la diferencia entre la región que dispone de más recursos y la que menos se acorte hasta los 30 puntos, frente a los 40 actuales.
Para dotar a las autonomías de mayor corresponsabilidad fiscal, la propuesta prevé ampliar el porcentaje cedido del IRPF del 30 al 50 por ciento; del IVA del 35 al 50; y de los impuestos especiales del 40 al 58.
A lo largo de la tarde del domingo los gobiernos autonómicos han ido recibiendo el documento, de 75 páginas y sin ninguna cifra concreta, por lo que cada uno de ellos está haciendo su propia simulación a partir de las variables sobre las que se asentará el modelo.
Entre ellas, la población, la dispersión, la insularidad, el envejecimiento, la población escolar, el bilingüismo, la densidad o la superficie, ya que, según Salgado, se han atendido las peticiones de todas las regiones, informa Efe.
El responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, ha tachado el documento de "auténtico monumento a la improvisación" que traerá "más crisis económica y más paro", a la vez que pondrá en riesgo la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios básicos.
Las quejas de Madrid
Tras debatirse en el CPFF, donde previsiblemente se aprobará, la propuesta tendrá que pasar el trámite parlamentario y, si las Cortes le dan luz verde, cada comunidad deberá ratificarla en su respectiva comisión mixta con el Gobierno.
Salgado apuntó que la aportación de recursos adicionales permitirá "razonablemente" que el déficit de las CCAA sea menor, aunque reconoció que 2010 será un año complicado por la caída de ingresos del Estado, lo que motivará que los anticipos recibidos por las comunidades sean también menores.
A este respecto, anunció que, en previsión de que los ingresos estatales a partir de 2008 sean inferiores a lo previsto inicialmente, para evitar que las CCAA deban hacer frente a "liquidaciones negativas" se propondrá que la liquidación de 2008 pueda "periodificarse en cuatro años sin intereses y con un año de carencia", por lo que la devolución no deberá efectuarse en 2010, sino en 2011, para cuando se espera que los ingresos hayan mejorado.
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, denunció el domingo la "tortura estadística" que hace el Gobierno en el nuevo documento que ha presentado sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Beteta criticó además que el nuevo modelo propuesto por el Ejecutivo no reconozca el derecho de los ciudadanos madrileños a contar con una "financiación suficiente".
"Hay una auténtica tortura estadística", subrayó Beteta, tras asegurar que se han eliminado 300.000 ciudadanos en la financiación común y 600.000 en la financiación sanitaria. "Unos 900.000 madrileños se quedan sin financiación sanitaria. Es una auténtica vergüenza", denunció, tras exigir al Gobierno la "inmediata rectificación" de las bases estadísticas del documento.
"Esto sólo se explica cuando se pretendía mentir descaradamente como hace este documento", denunció el consejero, tras recordar que el Gobierno se comprometió a reconocer la población real de cada región y asegurar que en el texto que han recibido sólo aparece reflejada la del año 2007.
En un comunicado, la Comunidad de Madrid explicó que su oposición al nuevo modelo se debe a que la financiación per cápita de Madrid se situará por debajo de la media nacional, algo que consideran "profundamente injusto", ya que Madrid es la región más solidaria y la que aporta más recursos desde hace muchos años.
A su parecer, el nuevo modelo demuestra que Zapatero quiere seguir castigando a la región más solidaria de España, ya que dentro de los sistemas de financiación que existen en el derecho comparado, no se da el caso de que la región más solidaria obtenga recursos por debajo de la financiación per cápita media de las demás regiones.