Juan Ramón Rallo, director del Observatorio de Coyuntura del Instituto Juan de Mariana, en una entrevista para Telemadrid, enfatizó que el verdadero problema del sistema de pensiones público no es su sostenibilidad, sino su coste de oportunidad, aquéllo que los cotizantes y pensionistas actuales están dejando de ganar por estar sujetos a un sistema de reparto en lugar de un sistema de capitalización.
En un sistema de reparto lo que paga un cotizante es consumido directamente por un pensionista. En un sistema de capitalización, un cotizante ahorra para su propio futuro, y durante el tiempo de espera ese ahorro se capitaliza invirtiéndose en proyectos empresariales que benefician al resto de la sociedad.
El ahorro se invierte, ensanchando y alargando las estructuras productivas. Al final del período de maduración se recupera el capital revalorizado y el pensionista dispone de una pensión más cuantiosa, a menudo antes de los 65 años.
El verdadero problema: lo que dejamos de ganar
Rallo propone que el Gobierno permita elegir a los trabajadores con respecto a las aportaciones del empresario a la seguridad: aquellos que quieran que el montante sea destinado a la Seguridad Social permanecen en el sistema, aquellos que quieran administrarlo de otro modo, depositándolo en un fondo de pensiones o invirtiéndola directamente en bolsa, son libres de hacerlo.
En Chile se permitió escoger a los trabajadores y el 95% se salió del sistema de reparto para desplazarse a las pensiones privadas.
Rallo defiende la inversión en bolsa como la mejor opción, pero dice que corresponde al trabajador elegir. Ya existen 11 millones de persona en España con inversiones en bolsa, pero falta más cultura financiera y menos predisposición por el ladrillo. Rallo es co-autor del estudio Una Sociedad de Propietarios del Instituto Juan de Mariana, que anima a los jóvenes a planificar para su futuro y a convertirse en propietarios de empresas (invertir en Bolsa).
Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor, señaló que la Bolsa en el corto plazo es una máquina de votar, pero en el largo plazo es una máquina de pesar. La idea es que en el corto plazo la bolsa se comporta de manera irracional y arbitraria, influida por circunstancias que son de difícil previsión, mientras que en el largo plazo la cotización tiende a reflejar el valor real de la empresa.
Al comprar una acción de una empresa con beneficios y buenas perspectivas uno deviene propietario de una parte de una compañía que genera riqueza y compone el crecimiento económico del país. La clave es hacer una estimación acertada del valor objetivo de la compañía y advertir momento en el que está infravalorada.
La Bolsa de Madrid tiene una rentabilidad histórica del 10%. El índice S&P 500 tiene una rentabilidad histórica del 9% desde 1871 (y del 10% desde 1923, que es cuando S&P introdujo la primera lista de acciones. Esto significa que si hubiésemos invertido sólo 100 dólares en 1900 en las compañías de ese índice y hubiésemos ido reinvirtiendo los dividendos, hoy tendríamos medio millón de dólares (tomando la rentabilidad del 9% anual).
En la tabla mostrada a continuación calculamos la revalorización anual de la aportación que actualmente paga el empresario a la Seguridad Social para un salario medio en España (aproximadamente 6.000 euros al año). Hemos tomado la rentabilidad histórica del 10% de la Bolsa de Madrid y descontado un 3% de inflación anual.
Las cifras son elocuentes: después de 30 años de vida laboral el trabajador dispondría de más de 600.000 euros, y tras 40 años poseería 1,28 millones de euros.
De este modo, al término de la vida laboral, un jubilado podría cobrar de media unos 3.500 euros brutos al mes -descontando la inflación- con la mera percepción de los dividendos (rentabilidad media del 10% anual en términos nominales) que ha generado su ahorro si decidiera retirarse tras 30 años de trabajo, mientras que la pensión ascendería a unos 7.500 euros al mes si lo hiciera tras 40 años. Si la inflación siguiera su media histórica, la pensión nominal (incluyendo el IPC) sería de 5.000 euros brutos al mes y más de 10.000 euros mensuales, respectivamente. Y todo ello, manteniendo el capital intacto (600.000 o 1,28 millones de euros, según los años invertidos).
En la actualidad, la pensión media de jubilación en España gracias al sistema público de la Seguridad Social no alcanza ni siquiera los 900 euros al mes y cero euros de patrimonio. La pensión máxima se aproxima a los 2.400 euros. La insostenibilidad del sistema público acaba de reabrir el debate sobre la reforma de las pensiones en España.
El Gobierno propone retrasar la edad de jubilación de 65 a 67, así como ampliar el período de cálculo de 15 a 25 años, lo cual se traduciría en una rebaja de la pensión media próxima al 10%. Además, cabe recordar que es necesario cotizar durante 35 años para poder percibir el derecho completo al cobro de la prestación.
Pese a estas evidencias, la mayoría de analistas y el 100% de los políticos españoles abogan por mantener este sistema de reparto. El debate sobre la necesaria capitalización de las pensiones sigue cerrado, pese al activismo de minoritarios movimientos sociales.
¿Puede el crecimiento salvar las pensiones públicas?
Así, por ejemplo, Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, critica que los liberales alarmen a la población tachando el sistema de pensiones de “insostenible” y advirtiendo sobre la necesidad de “cambios profundos que implicarán la disminución de las prestaciones”.
Navarro: el sistema de pensiones es sostenible
Navarro responde a varios argumentos que atribuye a los agoreros. El primero se refiere al aumento de la esperanza de vida, que en apariencia alarga el período de recepción de prestaciones sin que se prolongue la cotización. No obstante, señala Navarro, ha sido el descenso de la mortalidad infantil y la de los grupos etarios más jóvenes la principal causa del aumento de la esperanza de vida promedio.
El segundo argumento que se aduce para demostrar la insostenibilidad de las pensiones es, según Navarro, que la juventud se incorpora más tarde al mercado laboral y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo que se reduce el número de cotizantes por pensionista. Navarro replica que las prejubilaciones deberían prohibirse y que los jóvenes en la actualidad dedican más tiempo a su formación, que luego repercute en una mayor productividad y en la capacidad de aportar cotizaciones más altas.
Enlazando con este último punto, Navarro alude al impacto del crecimiento de la productividad sobre la riqueza del país. Señala el economista:
Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente.
Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave.
Navarro apunta que para 2040 el PIB de España habrá crecido y será probablemente más del doble del actual. La viabilidad de las pensiones, por tanto, no es una cuestión demográfica o económica, sino política.
Rallo: la trampa de la sostenibilidad
Rallo identifica un problema con el planteamiento de Navarro: con un crecimiento económico modesto pueden pagarse las pensiones nominales actuales (en un futuro con más pensionistas y menos cotizantes). Si en las próximas décadas el PIB se duplica y se cumplen las expectativas demográficas, será posible seguir dedicando cerca de un 8% de la riqueza nacional al sistema de pensiones, como ahora.
Pero este argumento presupone que las pensiones se estancan mientras los sueldos del resto de la economía se duplican. Rallo se pregunta si es políticamente aceptable que unas pensiones que ya se consideran precarias hoy en día tengan el mismo valor nominal en una sociedad que es el doble de rica.
[El] INE estima que en 2050 tendremos casi el doble de pensionistas que ahora. En la actualidad, el gasto en pensiones supone el 8% del PIB, así podría parecer que estamos condenados a soportar un dispendio del 16% del PIB. Sin embargo, y en esto tiene razón Vicenç Navarro, basta con que el PIB se duplique de aquí a 2050 para que el gasto público se mantenga estable en el 8%. (…) La trampa en la que incurren quienes como Navarro emplean este argumento es que el gasto público no se disparará a menos que las pensiones públicas se mantengan en el misérrimo nivel actual.
Porque cabría esperar que siendo el sistema público un sistema tan digno y provechoso para los jubilados, si la renta de los españoles se duplica, la de los jubilados debería duplicarse en la misma medida.
Hoy la pensión de jubilación media en España es de 870 euros al mes, es decir, el 40% del sueldo medio. Si las pensiones no se incrementan y los sueldos se duplican, este porcentaje caerá aún más. ¿De verdad el sistema es incapaz de proporcionar pensiones que crezcan con los sueldos? La respuesta es no.