LD (Luis F. Quintero) Los californianos despiertan cada día con una nueva sorpresa. Si la pasada semana el Auditor General del Estado anunciaba que el uno de febrero suspenderían pagos, empezando por la devolución de impuestos, esta semana el Estado se muestra dispuesto a recortar el presupuesto en 6.000 millones de dólares.
Según publica Los Ángeles Times, este recorte presupuestario afectaría a la financiación de escuelas y colegios públicos, que se vería reducida, a los programas de tránsito, y a los programas de ayuda a personas con necesidades especiales. También disminuirían los fondos dedicados a ayudar a los ancianos, ciegos y discapacitados.
De momento, ninguno de estos recortes ha sido promulgado, pero lo cierto es que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo. Esto, prácticamente, asegura que los legisladores comenzarán los drásticos recortes presupuestarios en cuanto rubriquen la decisión de abordar el déficit público de 42.000 millones de dólares que soportará el Estado durante el próximo año y medio.
Michael Herald, uno de los legisladores del estado, ya ha advertido de que el 9,3% de paro en el estado más poblado de Norteamérica está provocando el colapso de las oficinas de empleo, a als que acuden miles de ciudadanos en busca del subsidio y asesoramiento legal. En clave socialdemócrata, Herald se queja de que los recortes llegan justo cuando "la gente necesita de estos programas".
Drásticos recortes presupuestarios
Ni siquiera los 11.200 millones que California espera recibir del plan de estímulo de Washington parece que vayan a maquillar este recorte presupuestario. Los fondos federales, sólo cubren una cuarta parte de los problemas generales del estado.
El partido republicano y el demócrata han acordado impulsar un plan para ahorrar 107 millones de dólares mediante la reducción del 3% en el pago de los programas de ayuda a los californianos con parálisis cerebral, autismo, epilepsia y retraso mental. Unos programas de ayuda que se desarrollan a través de 21 centros regionales, y que atendieron a 230.000 personas en 2008.
Otra de las disposiciones pactadas entre ambos partidos ha sido la de reducir al máximo la subvención mensual para personas con bajos ingresos, discapacitados y ciegos.
La educación, la más perjudicada
También han respaldado un espectacular recorte en el gasto escolar. La financiación de los libros de texto será el área educativa más perjudicada con una reducción de 417 millones de dólares. La pérdida de dinero provocará que algunas escuelas no puedan actualizar sus libros, y que algunos distritos no puedan suministrar los libros a cada estudiante.
En el plano educativo también se recortará el fondo para los programas de mantenimiento de edificios escolares (-277 millones) y las partidas destinadas a los estudiantes con más necesidades, así como los programas de promoción del desarrollo profesional y formación de docentes.
Por otro lado, ambas formaciones apoyan igualmente cancelar la subida de la inflación (2,94%) que se tendría que aplicar al pago de subsidios que se enmarcan dentro del "programa del estado de bienestar". De este modo, una familia de tres personas que recibe la máxima subvención mensual de 723 dólares podría no recibir un extra adicional de 21 dólares al mes este año.
Pagarés basura
Sin emabrgo, la medida más polémica va mucho más allá d elos meros recortes presupuestarios. Algunos analistas, como Paul Craig Roberts, han recogido la última ocurrencia del estado de California. Incapaz de frenar la suspensión de pagos, el estado está negociando con las entidades bancarias la posibilidad de devolver impuestos a los contribuyentes en forma de pagarés (promesas de pagos).
La intención del Gobierno de California, según el administrador general del Estado, John Chiang, es dotar de valor monetario a estos pagarés con el fin de que puedan ser utilizados como medio de pago. Es decir, como si fuera dinero contante y sonante. Algo así como convertir al contribuyente en acreedor directo de la emisión de deuda estatal.
El método empleado sería el siguiente. Si el estado de California tuviera que devolver a uno de sus ciudadanos 200 dólares en concepto de impuestos, le daría un pagaré por ese valor. El contribuyente iría a su entidad financiera y depositaría el pagaré. La entidad le descontaría el pago y le ofrecería la posibilidad de liquidarlo mediante un reintegro.
Es decir, la deuda contraída por el estado de California es endosada por medio de "pagarés-moneda" y no en dólares, al contribuyente que tiene que pagarla mediante impuestos. Aún no se ha aclarado si esos "pagarés basura" podrán ser utilizados por los contribuyentes receptores como medio de pago a su vez, lo que generaría una circulación aceptada de una forma de pago que, en realidad, representaría una deuda pública estatal.
El Gobierno de California tiene intención de normalizar estos pagarés, no sólo para la devolución de impuestos, sino también para las ayudas sociales a discapacitados o la concesión de becas escolares. Es decir, una especie de dineto ex novo californiano en forma de deuda.
La peor calificación de riesgo de los EEUU
Esta iniciativa es especialmente grave en tanto en cuanto la deuda del estado más poblado de los EEUU cuenta con un creciente riesgo de impago. Así, las principales agencias de calificación, Moody’s, Fitch Rating y Standard and Poor’s, ya han rebajado el rating (nota) de sus bonos públicos.
Fitch rating ha bajado la calificación de la deuda a corto plazo californiana a "F2", lo que implica un auténtico bono basura. Mientras, la deuda a largo plazo se mantiene en A+ con perspectiva negativa a la espera de revisar su calificación en las próximas semanas.
Standard and Poor’s por su parte ha rebajado la calificación de la deuda de california de "A+" a "A". Esta agencia, una de las que más confianza generan porque las inversiones están respaldadas por los contribuyentes, considera ahora más fiable el crédito de Louisiana (que siempre ha estado equiparada al de California). Esta última rebaja convierte a California en el estado con peor calificación de deuda de los EEUU.
Vacaciones forzosas para los funcionarios
Según recoge el analista Edward Harrison en RGE Monitor, el think tank de estudios económicos que dirige el afamado gurú Nouriel Roubini, la quiebra técnica del estado no sólo se traducirá en la emisión de billetes-pagarés, sino que decenas de miles de funcionarios públicos tendrán que cogerse, de forma obligatoria, al menos dos días de vacaciones mensuales sin derecho a remuneración.
Según Harrison, fuentes del departamento de Hacienda del Estado ya han señalado que no se harán públicas las cuantías de las becas para estudio o las devoluciones impositivas que corresponden a los contribuyentes hasta que se llegue a un acuerdo sobre cómo afrontar el déficit de 42.000 millones de dólares que soporta California. En definitiva, un estado al borde de la bancarrota.