(Libertad Digital) El cuarto capítulo del Informe Recarte televisado ha desgranado la influencia que sobre familias y empresas ejerce la crisis financiera internacional, así como las medidas de urgencia aprobadas por el Ejecutivo mediante dos decretos, convalidados el pasado lunes en el Congreso.
En su introducción, Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital y autor del conocido “Informe”, ha recordado que la riqueza de las familias ha disminuido y su deuda se ha duplicado.
En este contexto, las medidas de urgencia aprobadas por los gobiernos de todo el mundo van a tener, en opinión de Recarte, un efecto atenuante sobre los tipos de interés que bajarán “quieran o no quieran los bancos centrales” porque “lo que se está gestando es una recesión mundial”.
Un escenario que tiene, según el presidente de Libertad Digital, una parte positiva en la presumible bajada de la inflación y otra muy negativa en el aumento de 100.000 parados cada mes. Una situación que vaticina un 2009 “catastrófico para las familias”.
Para analizar este cuarto capítulo del Informe Recarte ha estado en los estudios de Libertad Digital el Secretario General de la Fundación FAES, Jaime García Legaz. De acuerdo con Recarte, Legaz ha señalado que el próximo año será especialmente duro para las familias.
Entre otros motivos, el secretario general de FAES recuerda que el PIB va a caer notablemente en 2009, lo que va a provocar que lo que corresponda a cada contribuyente en su distribución sea menor.
En particular, Legaz lamenta que “va a haber muchas familias perjudicadas, sobre todo las que pierdan una renta por causa del desempleo”. En este sentido, resalta que el próximo año tendrá una paradójica parte positiva. Como en este ejercicio los salarios se revisarán al alza a causa de la inflación -y el próximo año es previsible que los precios bajen- quedará una situación algo más favorable, pero sólo para aquellas familias que no sufran el desempleo.
Junto a Recarte y García Legaz, el redactor jefe del diario Expansión, Carlos Cuesta, también ha puesto sobre la mesa algunos aspectos problemáticos que esta crisis dejará a familias y empresas. En concreto, ha recordado que el Gobierno tendrá que incrementar la presión fiscal para tratar de recuperar el gasto social comprometido.
"Todo vale", dice Cuesta, "todo se castiga, dar de comer a las palomas, Solbes ha hablado de recuperar sucesiones y donaciones, se eleva el IBI", etc. Una coyuntura que abundará en nuestra crisis macroeconómica. Cuesta recuerda que sólo la no deflactación del IRPF “costará a los contribuyentes 400 euros en su declaración de la renta”.
El problema español
Sobre las medidas aprobadas por el Ejecutivo para dar liquidez al sistema financiero, Recarte recuerda que este alivio de la banca será únicamente temporal y apuntala el sistema financiero pero no extirpa el problema que aqueja a nuestra economía.
Según ha señalado, cuando se estabilice la posición de la banca, “dentro de tres meses estaremos hablando de déficit, desempleo, desequilibrios macroeconómicos, recesión, de subida de impuestos y de cómo salir de esta situación”.
En opinión de Jaime García Legaz, el rescate financiero garantiza la refinanciación de los bancos porque “si esto se corta hay un problema monumental para las personas y las empresas”. En este sentido, dice que la financiación bancaria facilitará que se logre desbloquear la concesión de créditos a familias y empresas.
Por este motivo “es importante apuntalar el sistema bancario español, si no, los primeros perjudicados van a ser las familias y las empresas”.
En este sentido, Alberto Recarte recuerda que las familias y las empresas están sufriendo ya la crisis ya que han visto “reducido fuertemente sus crédito”. “Los bancos y cajas se han dado cuenta de que se ha cortado el grifo de la liquidez y ellas cortan el crédito a todos, a familias, a empresas y a pymes”, recuerda.
Un problema de confianza en los gestores
Para Carlos Cuesta, uno de los grandes problemas del plan de rescate financiero diseñado por el Gobierno -y aprobado por decreto- es que el gestor es “el mismo Gobierno que decía que había que consumir, el mismo que negaba la crisis”.
Según ha dicho, el Gobierno ha “compuesto un comité para gobernar 150.000 millones, que está compuesto por miembros del mismo gobierno que negaba la crisis”. De esta manera, un plan que “debe aportar confianza” está en manos de alguien “que no da confianza”.
Pese a que ha apoyado el plan de rescate como Diputado del PP, Jaime García Legaz ha recordado que ese apoyo se ha dado por responsabilidad pero ha sido un apoyo “condicionado a que haya control y transparencia” ya que se trata de dos decretos muy genéricos que exigen detalles muy precisos en su regulación.
Una carta blanca al Gobierno
Precisamente ese es uno de los problemas que observa Recarte en los decretazos de Zapatero. En su opinión, controlar a quien está manejando tales cantidades es “imposible, habrá gobiernos que lo hagan bien y otros que lo harán mal”. Por esta razón, entiende que los decretazos no dejan de ser “una carta blanca al Gobierno de turno para que maneje el dinero para salvar al sistema financiero”.
En este sentido, Recarte recuerda que “estos decretazos van a salvar únicamente el sistema financiero, no tiene nada que ver con las familias y las empresas, y el efecto va a ser nulo”.
Banca pública
En este capítulo del Informe Recarte, los expertos han analizado los diferentes rescates que se han puesto en marcha en otros países. En este contexto recuerdan las palabras de Solbes cuando explicó el rescate y en las que declinó la posibilidad de crear una banca pública.
Legaz ha recordado que “el Gobierno ya ha creado un monstruo bancario público que es el ICO que emite deuda pública y da dinero a bancos o a empresas con determinados objetivos”.
Por su parte, Recarte ha abogado por “ir directamente a la banca pública” ya que no se ha mostrado tranquilo con “eso de que el Gobierno vaya a comprar activos, de que el señor Solbes vaya a decidir con la Directora del Tesoro y el presidente del ICO a quién comprar o a qué precio comprar”.
Su apuesta personal es el plan que Brown ha ejecutado en Reino Unido, la “capitalización de los bancos”. “Apuesto mil por mil por el modelo británico”, ha dicho, porque “lo que me preocupa son los gestores del plan”.
Un Gobierno sin credibilidad
En este sentido, Jaime García Legaz ha recordado que “el PP va a ser extremadamente exigente a la hora de garantizar la transparencia y el control y en caso de que no se garanticen, el PP se opondrá a los decretos”.
Más discrepante se ha mostrado cuesta para quien este plan “es el que deja mayor margen de subjetividad en manos de un gobierno que no tiene credibilidad”. En su opinión “se presenta como un plan para salvar a familias y empresas y que no va a salvar a familias y empresas”.
Por estas razones, Recarte insiste en diferenciar el problema de familias y empresas del plan de rescate aprobado por decreto. Una cosa es que se apuntale el sistema bancario para aliviar el problema inmediato y otra distinta es ver qué pasa con la crisis que vive nuestro país y que afecta directamente a familias y empresas. Recarte recuerda que “aquí tiene que haber un ajuste de la construcción que hasta que no se produzca esta crisis no” va a dejar de empeorar.
La crisis que se veía venir
En este sentido, García Legaz señala que “el único plan de rescate posible es un plan de reformas importantes que eviten que cuando finalice el ajuste, no nos quedemos como Italia o Portugal, que llevan ya más de 9 años de estancamiento”.
Por esta razón recuerda que “llevamos cinco años sin reformas en algunos terrenos en los que no hemos entrado aún, como la universidad, la energía, el comercio, la reforma de la administración, la fragmentación del mercado interior, el mercado de trabajo, etc.” Y “el liderazgo reformista lo debe tener el Gobierno”.
Este mismo martes, en el debate de presupuestos, el Gobierno ha dicho que nadie podía predecir, durante el periodo electoral “la que se venía encima”. Un argumento que no convence a los expertos del Informe Recarte. Tal y como ha recordado García Legaz, “Alberto Recarte fue la primera persona en España que advirtió de que todos los indicadores hablaban de un declive inexorable del sector de la construcción, y fue en febrero de 2007”.
Para Cuesta, no hay duda de que “el Gobierno ha querido ocultar esta historia con objetivo obvio, pasar el 9M sin problemas”. Recarte, por su parte, señala que la economía mundial sufre una desaceleración rapidísima, “esperábamos una ralentización de la economía mundial pero no un parón como éste, lo que no va a permitir que el mundo vaya a tirar de nosotros.”