El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite la querella interpuesta por el socio del Barcelona Jordi Cases por el fichaje de Neymar ya que podría haber respondido a "una simulación contractual", pero no cree "urgente" por el momento citar al querellado, el presidente del club, Sandro Rosell.
Cases afirmó en su denuncia que no se sabe la cantidad que efectivamente pagó el Barcelona por el fichaje del delantero brasileño y se ha ocultado por ello a los socios una información que debía ser pública.
El socio alegó que el Barcelona pagó por el fichaje 40 millones a una sociedad del padre de Neymar y 17,1 millones en concepto federativos al Santos CF (club en el que jugaba antes de ser fichado por el Barcelona en 2013), cantidades a las que añade 7,9 millones por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos y 9 millones por dos partidos amistosos.
A ello, hay que añadir la información publicada por el diario El Mundo este lunes, en la que destaca que el Barcelona pagó por el fichaje de Neymar 95 millones de euros y no los 57 que declaró oficialmente el presidente del club, Sandro Rosell.
El juez cree que es necesario investigar "las condiciones económicas" del fichaje de Neymar Silva Santos Junior para despejar si hubo "posibles irregularidades con relevancia jurídico penal atribuibles al querellado o a terceras personas".
Dos movimientos sospechosos
Ruz sospecha, al igual que el fiscal José Perals, que "la causa y la finalidad" de los contratos para fichar al brasileño pudieron ser diferentes. En su auto, el instructor recoge la tesis del fiscal de que hubo dos movimientos sospechosos, uno de ellos la firma en 2011 de un contrato ficticio de préstamo que en realidad era "una garantía" para el futuro fichaje de Neymar y otro la "mutación" de lo que era un acuerdo para su fichaje en una cláusula de penalización del mismo.
El primero es un contrato firmado en Brasil el 15 de noviembre de 2011 entre el Barcelona, Neymar y N&N (empresa de su padre que iba a adquirir sus derechos en 2014) por el que el club manifestaba su intención de contratar al jugador en 2014, cuando terminaran sus derechos con el Santos.
El Barcelona pactó abonar en ese momento a N&N 10 millones en virtud de un "contrato de préstamo" presuntamente simulado, que se trataba en realidad de una garantía para el futuro fichaje y que luego "mutó" a una cláusula de penalización del mismo.
Y es que en el mismo contrato, en el que se acordó que el precio para adquirir a Neymar que tenía que pagar el Barcelona por "derechos federativos y económicos" era de 40 millones (en los que se incluían los 10 del "préstamo"), se estableció una cláusula de penalización en caso de incumplimiento del contrato por importe de 40 millones.
Finalmente, el 3 de junio de 2013 Neymar, N&N y el Barcelona pactaron resolver ese contrato de adquisición porque el jugador se iba a incorporar antes de 2014 al club catalán, en virtud a un acuerdo de transferencia de derechos federativos del Santos que también se firmó por una cantidad que se desconoce.
En ese momento, el Barcelona reconoció que no había cumplido el contrato de 2011 porque el jugador se había incorporado antes al Barcelona y que tenía que abonar la cláusula de penalización de 40 millones a N&N y, en el mismo acto, se firmó el contrato de trabajo del jugador. Según recoge el juez, en la documentación contable aportada por el Barcelona o bien no aparecen estos pagos o bien se apuntan por conceptos diferentes.
Rosell no declarará "de momento"
El juez, que rechaza la personación del Barça en la causa por no haber acreditado la existencia de "un daño o perjuicio" para la entidad, no ve "por el momento urgencia o necesidad" de llamar a declarar a Rosell como "imputado" hasta que no se practiquen las diligencias que se encuentran pendientes.
En este sentido, Ruz pide a la FIFA que aporte la documentación que guarda en sus archivos relativa al fichaje de Neymar; solicita al jugador que remita el contrato con la sociedad Neymar&Neymar (N&N), que al parecer gestiona su padre, por el que cedía sus derechos económicos futuros; y cursa una comisión rogatoria a Brasil para que se aporten los contratos de trabajo y traspaso del jugador.
Además, reclama al Barcelona que aporte los contratos que sustentan el pago de 7,9 millones de euros por los derechos de tres jugadores juveniles del Santos así como los contratos por los que se produjo un pago de 9 millones por que el club culé jugara dos partidos amistosos contra el club brasileño.
Una vez que tenga esta documentación, el juez procederá a fijar "hora y día" para tomar declaración como testigos-peritos a los responsables de la auditora Deloitte que informaron el 30 de junio de 2012 y 2013 sobre las cuentas del Barça.