Raúl González Blanco adeuda 9,32 millones de euros a antiguos socios. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid, Carmen Pérez, ha dictado orden de embargo de una sociedad patrimonial del exjugador, Europa Scar Sport. Se trata de una deuda contraída en una fallida inversión en un proyecto de energía fotovoltaica.
La juez, según ha desvelado el diario El Mundo, ha ordenado ejecutar un embargo de bienes de la empresa de Raúl, que administra su madre, María Luisa Blanco. Todo surge a raíz de la denuncia de la sociedad Aurantia, antiguos socios del exjugador, que reclaman 7,17 millones de euros a los que se añaden 2,15 millones por intereses. La juez les ha dado la razón.
En la sentencia se observa que Raúl fue llamado a declarar y éste negó cualquier tipo de conocimiento sobre dicho negocio. "Se trata de una sociedad formada para su patrimonio con asesores, siendo él socio y administrador y firmando todos los contratos por confianza", afirmó. Raúl asegura que no participó en este negocio, que no asistió a ninguna reunión y que ni ha intervenido en el consejo de administración. Toda acción de esta sociedad, se realizaba sin consultarle nada, según asegura el exjugador. La representación legal de Raúl ha recurrido la orden de embargo, alegan que Europa Scar Sport ha solicitado concurso de acreedores y que el actual representante de la LFP en Nueva York, no debería afrontar dicha deuda porque su responsabilidad es sólo subsidiaria.
El negocio comenzó en 2008 cuando Raúl se asoció a Aurantia para comprar el 20% del capital de Cadmos Energías Renovables, sociedad que en 2009 solicitó un crédito de 35 millones de euros que todos los socios, incluida la empresa de Raúl, se comprometieron a devolver. El negocio pretendía montar una fábrica de paneles solares en Cádiz. La crisis no perdonó a este proyecto, que en 2011 se vino abajo. 200 personas se quedaron en el paro y se presentó concurso de acreedores. Había que devolver el crédito solicitado pero la empresa de Raúl, Europa Scar Sport, se negó y pidió la nulidad del pacto de socios al considerar que lo que habían firmado no se reflejaba con la realidad del plan de negocio.