Cine español y subvenciones. Por alguna razón, ambos conceptos son casi inseparables. Es rara la conversación sobre el sector, sobre el número de películas, su taquilla o la calidad de las mismas que no acabe en una discusión sobre las ayudas públicas que reciben guionistas, productores o distribuidores.
Directores y actores protestan porque sólo se hable de las subvenciones al cine. En nuestro país, se cuentan por decenas las industrias que reciben dinero público, desde la agricultura al automóvil. Y sin embargo, la polémica que rodea a la financiación del cine es única. Ningún otro sector concentra tanta atención.
Probablemente, el posicionamiento político de algunas estrellas patrias no haya ayudado. En este sentido, sorprende que un sector muy conocido por el ciudadano medio y con protagonistas cercanos, que ha participado en películas y series muy populares, tenga tan mala prensa. Quizás todos aquellos que se paseen esta noche por la alfombra roja de los Premios Goya deberían preguntarse por qué.
Y lo cierto es que las subvenciones al cine se han desplomado con la crisis. Así, en 2013, último año con las cifras totales, se presupuestaron 36,9 millones de euros en ayudas, menos del 40% de los 92,8 millones del 2010. Para 2014, la cantidad prevista se redujo aún más, hasta los 33,7 millones de euros. Los problemas en las cuentas públicas han provocado ajustes en muchas partidas presupuestarias y ésta, que además no es especialmente popular, no se ha librado de los recortes. De hecho, algunos en el sector hablan de "venganza" del PP contra los artistas. Claro, alguien podría argumentar que quizás la pregunta debería ser si estaban justificados aquellos 93 millones y no tanto si estos 37 son escasos.
Las subvenciones
Como en otros muchos casos, uno de los problemas con las subvenciones al cine y una de las razones de la polémica es que no es fácil conocer cuánto se lleva cada película y por qué conceptos. Tampoco hay ninguna tabla que recoja cuánto dinero recibe cada productora, de qué administraciones y cuánto suponen estas ayudas respecto a lo recaudado en taquilla. Eso sí, en lo que respecta al Gobierno central, también es cierto que el Ministerio de Cultura es de los que más información ofrece al respecto y que en este sector hay más control que en otros de los que se habla menos. Pero en cualquier caso, la sensación que queda es que existe un margen excesivo de discrecionalidad y que hay demasiado espacio para el fraude.
En el siguiente cuadro pueden verse los diferentes tipos de ayudas que concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Ni mucho menos son todas las subvenciones a las que puede aspirar un largometraje. Pero sí son las más importantes de las que oferta el Gobierno central.
Hay varios conceptos menores, como la conservación del patrimonio cinematográfico, la labor de distribución o por la realización de cortos. Pero la parte del león (31 de los 36,9 millones) se la llevan las de producción de largometrajes sobre el proyecto (5 millones) y las de amortización de largometrajes (26 millones). Podríamos decir que las de producción se hacen en función de criterios artísticos, tomando en cuenta cuestiones como la calidad del guión, el equipo técnico o el planteamiento de inicio del proyecto. Las de amortización (con mucha diferencia las más importantes) teóricamente van dirigidas a complementar lo que se saque de la taquilla.
En este enlace está toda la información sobre la última de las convocatorias a la amortización de largometrajes. El BOE publicó la resolución el 22 de septiembre y el ICAA concedió las subvenciones el pasado 12 de diciembre. Eso sí, hablamos de ayudas a los filmes estrenados en 2012. Así, son Grupo 7 o Blancanieves los que ahora recuperan parte de lo gastado. Ésta es otra reivindicación clásica del sector: acercar el pago a la fecha de realización de la película. Para cualquier empresa, no sólo una productora, es un problema que una parte importante de sus ingresos llegue tres años después de realizado el desembolso.
En cualquier caso, las subvenciones a la amortización se dividen también en dos tipos: ayuda general y complementaria. La primera sólo tiene en cuenta el número de espectadores de cada película. La segunda es más complicada de explicar. Se establece un baremo de puntos, en el que suman todo tipo de conceptos: desde el coste de la producción al tipo de película (puntúa más si es infantil o documental), incluyendo cuestiones como si la productora es independiente o el realizador es primerizo. El importe máximo por la ayuda de amortización general es de 400.000 euros y para la amortización complementaria de 1,2 millones, aunque entre las dos no pueden superar los 1,5 millones de euros.
En el anexo en el que se publican las ayudas por proyecto puede verse el detalle. Y hay algunas circunstancias curiosas. Normalmente, los filmes más exitosos también son los que más dinero reciben. Es algo lógico, puesto que se supone que el montante de las subvenciones está en relación con la respuesta del público y también con el coste de producción (y no siempre, pero en muchas ocasiones ambas cuestiones van unidas). Así, Las aventuras de Tadeo Jones se lleva más de 1,3 millones de euros para sus cinco productoras. Es una de las películas de esta convocatoria con una cifra más alta. Algo lógico, puesto que también fue uno de los grandes éxitos del cine español de 2012, con casi 3 millones de espectadores sólo en nuestro país. Lo que sorprende más es ver otros filmes que con poco más de 66.000 espectadores también acumulan ayudas por encima del millón de euros. Hay casos en los que cada entrada vendida se ha recompensado con 16 euros. Son fracasos de taquilla, pero éxitos en el BOE.
En este sentido, destacan algunas cifras. La convocatoria del Ministerio dejaba claro que parece acceder a las ayudas complementarias (las más jugosas desde el punto de vista económico) había que alcanzar un umbral mínimo de espectadores. Las fronteras son 60.000 entradas con carácter general y 30.000 para películas en lengua cooficial o primeros largometrajes del director. Pues bien, llama la atención la gran cantidad de filmes que superan por poco estas cifras. Es verdad que no hay ninguno que haya vendido 60.001 entradas. Pero sólo en esta convocatoria hay trece que tienen entre 60.000 y 75.000 espectadores oficiales y un buen puñado más con algo más de 30.000.
El fraude
¿Y qué tiene de raro que una película tenga 63.000 espectadores? Pues en principio nada. Lo que extraña es que haya muchas con cifras similares. De hecho, detrás de estos datos existen fuertes sospechas de fraude o, al menos, de trampa en el juego. Desde hace muchos años, las dudas sobre la limpieza del proceso han generado muchos comentarios. Tal y como está montado el sistema, hay dos grandes agujeros.
El primero hace referencia al coste de las películas. Como parte de las ayudas se obtienen en función de lo que ha costado la producción del largometraje, existe un fuerte incentivo a inflar los datos. Esto es fraude puro y duro. Luego está la cuestión del número de espectadores. Desde hace años los rumores menudean: productores comprando entradas, cines de pequeños pueblos que sólo emiten cine español desconocido, películas que disparan sus ingresos en la última semana de proyección o circuitos de exhibición semiclandestinos. Quizás haya quien diga que esto no es directamente un fraude, porque se cumple la letra de la ley... pero está muy cerca.
La ley dice que por tantas entradas uno tiene derecho a tantas ayudas. Pero no dice nada de quién las compre. Eso sí, está claro que tampoco se cumple con el espíritu de la norma. Si se pone un número mínimo de espectadores no es para que se llegue a esta cifra a base de compras falsas por parte de la productora. La idea es que las películas que reciban las ayudas puedan demostrar un cierto recorrido comercial. El famoso número de entradas es un medio para demostrarlo, no un fin en sí mismo.
De hecho, hasta 2011 el sistema era aún más arbitrario y garantizaba un porcentaje que llegaba hasta el 33% del coste de producción a las películas que hicieron más de una determinada cifra en taquilla. Como consecuencia, decenas de filmes cada año se quedaban unos pocos miles de euros por encima de la frontera elegida. Ahora, con el formato de puntos, se ha limitado en parte esta práctica, pero los datos apuntan a que sigue habiendo maquillaje.
Los impuestos
En cualquier caso, merece la pena preguntarse si tiene algún sentido esta política de subvenciones. Si una película es exitosa (como Tadeo Jones o Lo imposible en esta convocatoria) no le hacen ninguna falta las ayudas públicas. Y si el público no quiere ir a ver un filme: ¿por qué obligarle a pagarlo vía impuestos? Además, este tipo de esquemas tienen muy mala prensa, algo que tampoco ayuda al sector.
Por eso, son muchos los productores que piden que las ayudas lleguen a través de otras vías, como se hace en otros países. Fundamentalmente, las propuestas van en dos direcciones: exenciones de impuestos para las empresas que participan en el sector y apoyo al mecenazgo privado.
Para empezar, hay que decir que este formato tendría efectos mucho menos distorsionadores. Idear algún tipo de ventaja fiscal para los productores tendría bastantes ventajas: la lógica dejaría de ser la del BOE (cumplir con los requisitos de las ayudas para tener más puntos) y pasaría a ser la de un negocio más (atraer al público), que tiene un plus en forma de exención, desgravación o bonificación. De hecho, hay fórmulas como el descuento en el tipo de Sociedades que sólo podrían aplicarse en caso de obtener beneficios (otro incentivo a hacer cine pensando en el espectador).
Sólo un pero podría hacerse a este petición: ¿por qué circunscribir estas ventajas fiscales al cine? Si bajar impuestos es bueno para este sector también lo será para otros. Y aquí puede venir la respuesta a la pregunta con la que comenzábamos este artículo, ¿por qué molestan tanto las subvenciones? Los mismos artistas que piden impuestos altos a los ricos o hacen obras atacando la supuesta maldad de las grandes empresas se vuelven anti-impuestos sólo cuando les toca a ellos. Desde una perspectiva liberal, su petición de tributos más bajos es lógica; pero escuchando su discurso sobre otros temas, parece cuanto menos algo contradictoria.
En segundo lugar, una petición clásica en el sector tiene que ver con la Ley de Mecenazgo. El Gobierno del PP prometió que sacaría adelante el proyecto, pero ahora parece que no saldrá del cajón en esta legislatura. La idea sería incentivar (aún más, puesto que ya hay ciertas ventajas) que el inversor privado apueste por la cultura, con instrumentos parecidos a los que existen con las ONG. Hay muchas alternativas: ventajas tributarias para la compra de bonos asociados a la recaudación de una película, desgravaciones en el IRPF por estas inversiones,... De nuevo, es una forma menos distorsionadora que las subvenciones de apoyar al cine. Y cada ciudadano elegiría si ayudar o no cada proyecto (probablemente, elegiría los más cercanos a sus gustos, con todo lo positivo que eso tiene). Eso sí, de nuevo, cabría preguntarse por qué sólo se plantea este modelo para este sector, cuando otros muchos también podrían beneficiarse del mismo.
Las 'otras' subvenciones
Por último, hay que recordar que las subvenciones que casi siempre salen en los medios son sólo una pequeña parte de las ayudas públicas que recibe el mundo del cine. Normalmente, sólo hablamos de las que concede el Ministerio de Cultura. Pero comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas y organismos de la administración colaboran, con dinero del contribuyente, en esta industria. Y normalmente, con criterios menos claros que los del Gobierno central y con más opacidad.
En este sentido, sería muy interesante conocer cuál es el montante total en lo que podríamos denominar como las subvenciones ocultas al cine. Es muy habitual que, antes de los títulos de crédito de una película, se sucedan los carteles anunciando todos los organismos públicos que han colaborado en su realización: que si tal diputación, aquella otra empresa pública o tal televisión regional. Ésta es una forma de ayuda extra-presupuestaria fundamental para muchos títulos y sometida a menos controles.
Y no se queda ahí. Hay otras fórmulas indirectas de que los políticos premien a determinados proyectos. Por ejemplo, ¿cuánto pagan las televisiones públicas por los derechos de emisión de un filme? ¿o un organismo público por la publicidad que éste haga de su región o provincia? ¿Son precios de mercado o están inflados artificialmente? Son preguntas de complicada respuesta, pero toda esta mezcolanza de intereses tampoco ayuda a esa mala imagen del cine español de la que sus integrantes tanto se quejan.