El Gobierno dice ahora que las centrales nucleares pueden funcionar más de 40 años

El Gobierno ha reformado este miércoles varios aspectos de la Ley de Energía Nuclear, que establece nuevas definiciones sobre seguridad nuclear, vida de diseño y vida útil de las centrales.

En su "reforma global de la energía nuclear" fija en 40 años el período de funcionamiento ordinario de las centrales nucleares pero, a diferencia de la Ley de Economía Sostenible, en esta norma contempla la posibilidad de renovar ese plazo, previo acuerdo del Consejo de Ministros, atendiendo a consideraciones de interés general y a las directrices y objetivos de la política energética.

El Gobierno está estudiando un paquete de medidas normativas que afectan a la renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares, a la titularidad de las autorizaciones nucleares y a la responsabilidad civil nuclear.

Cambia las definiciones

En la hemeroteca quedaron los errores que cometió el presidente del Gobierno sobre la energía nuclear y la nomenclatura que se emplea para describir el periodo de funcionamiento de una instalación nuclear cuando se empeñó en cerrar Garoña el pasado verano.

Al menos uno de estos problemas ya no se repetirá. Para ello, el Ejecutivo ha redefinido los significados de expresiones como "vida de diseño" o el de "vida útil" de una instalación nuclear.

"Vida de diseño"

Según el nuevo texto del Ejecutivo, la expresión "vida de diseño" corresponderá al intervalo de tiempo durante el que se espera que una instalación se comporte conforme a las especificaciones técnicas de construcción.

Esta definición se ajusta en cierta mediada a la que se recoge en numerosas publicaciones del Consejo de Seguridad Nuclear y que Nuclenor refleja como:

"Un concepto de ingeniería y supone que el equipo o la instalación que se diseña, bajo unas hipótesis de funcionamiento –operación y mantenimiento–, será capaz de facilitar todas sus prestaciones previstas durante el tiempo definido. Un ejemplo simple de este concepto son los plazos de garantía de los equipos de uso corriente. El que estos sean por más o menos tiempo, incide directamente en su precio. Pero el que un coche, o un electrodoméstico, por ejemplo, funcionen más o menos tiempo, es una cuestión del trato que les hayamos dado".

En el caso, por ejemplo, de Garoña, la vida de diseño era de 40 años.

"Vida útil"

Este es el concepto que trajo de cabeza al presidente y que ahora se ha redefinido de forma notable.

El texto concebido por el Gobierno especifica que "vida útil" es el intervalo de tiempo que transcurre desde que una instalación empieza a funcionar hasta que se retira definitivamente del servicio. Es decir, que lo que entiende el Gobierno es que la vida útil que tiene una central nuclear es el tiempo que transcurre desde que se pone en funcionamiento hasta que decide cerrarla, como el caso de Garoña, independientemente de las consideraciones que efectúe el Consejo de Seguridad Nuclear.

Precisamente, los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear que recoge Nuclenor en uno de sus informes señala que el concepto de "Vida útil" tiene una definición "precisa": "El tiempo que transcurre desde el inicio de la entrada en operación hasta que las propiedades se reducen al nivel de las consideradas aceptables".

El mismo informe de Nuclenor recuerda que "realmente, la vida útil es un concepto que encierra dos perspectivas, la técnica y la económica: la técnica la marca el Consejo de Seguridad Nuclear. La central es segura porque sus propiedades mantienen todavía el nivel aceptable. La económica la decide el propietario".

Es decir, que en esta modificación legal, el Gobierno obvia el papel que, tanto el propietario como el Consejo de Seguridad Nuclear, tienen en la determinación de la vida útil de una instalación nuclear.

Renuevan todas, menos Garoña

De acuerdo con las características del parque nuclear español, todas las centrales nucleares (salvo Garoña) estarán sujetas, al menos, a una renovación ordinaria más.

Por tanto, la utilización del procedimiento extraordinario, en su caso, no tendrá lugar hasta el año 2021, precisa la referencia.

La titularidad de las instalaciones

Por último, la última modificación estudiada hoy por el Consejo establece que la titularidad de la autorización de explotación de una instalación nuclear será única -una reforma justificada porque en España el régimen de titularidad se concede a los copropietarios de la instalación nuclear-, lo que contribuirá a aumentar la transparencia de las inversiones en estas centrales y redundará en una mayor seguridad de las instalaciones, según De la Vega.

Por último, el Consejo de Ministros ha revisado algunos de los elementos básicos del actual régimen jurídico sobre responsabilidad civil nuclear, para adaptarlo a los Convenios de París y Bruselas.

El paquete de reformas estudiado incluye también el anteproyecto de responsabilidad civil nuclear, que eleva a 1.200 millones de euros la cifra que debe ser cubierta por los titulares de estas instalaciones en caso de accidente, y que amplía el concepto de daño nuclear por daños medioambientales.

Almacén Temporal Centralizado

Además, el Ministerio de Industria ya tiene luz verde para convocar el concurso entre los municipios interesados en albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y su Centro Tecnológico Asociado, unas instalaciones que se construirán en cinco años y costarán 700 millones de euros.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que hoy ha analizado un conjunto de modificaciones legislativas sobre energía y seguridad nuclear que pretenden "dar más transparencia y estabilidad" al sector.

En cuanto al futuro emplazamiento del ATC, De la Vega ha avanzado que "unos cien" municipios ya se han interesado por este proyecto cuya construcción dará empleo a unas 300 personas cada día.

La construcción del ATC se hará en tres etapas: una primera de cinco años en la que se construirá el edificio de almacenamiento y un parque tecnológico; una segunda, con más instalaciones que estará disponible seis años después del inicio de la explotación del almacén, y una tercera, que funcionará 14 años después.

De la Vega ha destacado que el ATC, que guardará unas 2.700 toneladas de residuos de alta intensidad procedentes del combustible de las centrales, permitirá centralizar estos desechos de una manera "segura y económica", además de contribuir a "impulsar la zona del emplazamiento y a generar empleo e inversiones tecnológicas".