El Gobierno estudia implantar un nuevo canon digital después de que la Justicia tumbara en varias ocasiones los sistemas anteriores. El canon que está ahora sobre la mesa, según informa El País, y que han pactado el Ministerio de Cultura y las entidades de gestión de derechos de autor, será similar al aprobado en 1996 y derogado en 2011. Implicará una tasa al precio de soportes de grabación, como grabadoras de CD's, memorias USB y móviles. Las administraciones públicas y las empresas estarán exentas.
Será, por tanto, el ciudadano de a pie quien cargue con la tasa, de la que todavía se desconoce el importe. Lo aprobado este jueves sería un borrador del real decreto, que deberá ser aprobado primero por cada departamento y luego en el Congreso.
Según el diario, aún quedan muchos flecos y detalles por conocer: fijar qué es una copia privada, cómo se aplicaría a algunos sistemas de grabación de televisión, y en qué casos determinados sujetos jurídicos estarían exentos.
El nuevo sistema, que sustituiría al anterior en el que se compensaba a los autores a través de los Presupuestos y que tumbó la legislación europea, podría suponer un incremento muy sustancial de los fondos que recibirían las entidades de gestión. Fuentes citadas por ABC lo sitúan en unos 40 millones.