La empresa estadounidense de servicios de internet Google ha introducido desde este viernes en Europa un formulario que permite a los usuarios solicitar la retirada de datos personales almacenados que en su opinión ya no son relevantes.
Esta medida responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 13 de mayo reconoció el derecho de los ciudadanos a ser "olvidados" en internet, es decir, a poder reclamar a Google y otros buscadores que retiren los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.
En una entrevista con el Financial Times, el consejero delegado de Google, Larry Page, advierte de que la nueva directriz de privacidad de la UE perjudicará la innovación, pues las empresas que empiezan no podrán hacer frente a esos requisitos administrativos.
"Nosotros somos una compañía grande y podemos responder a este tipo de preocupaciones e invertir dinero en ellas y resolverlas, para nosotros, no es un problema", afirma. "Pero en conjunto, al regular internet, creo que no vamos a ver el nivel de innovación que hemos visto hasta ahora", aseveró.
Según Page, la nueva complejidad regulatoria en la UE hubiera perjudicado a Google cuando eran solamente "tres personas en un garaje".
Además, reflexiona el estadounidense, el nuevo marco regulatorio sobre privacidad alentará a la censura a regímenes opresivos y reaccionarios.
"Será empleado por otros gobiernos que no son tan adelantados y progresistas como Europa para hacer cosas negativas", afirma en la entrevista, donde lamenta no haber participado más en el debate en la UE sobre la protección de datos personales.
"Ahora estamos intentando ser más europeos y pensar en ello desde un contexto más europeo", explica sobre su nuevo enfoque, y añade: "Vamos a pasar una cantidad significativa de tiempo en Europa hablando".
Con el nuevo formulario en línea, los ciudadanos europeos podrán reclamar a Google que retire datos personales suyos almacenados que han quedado obsoletos, de forma que no aparezcan en las búsquedas.
Los solicitantes deben demostrar su identidad y aportar enlaces a la información que quieren que desaparezca, mientras que la compañía efectuará controles para verificar que no existe un interés general para mantener los datos en sus archivos, como en el caso de políticos envueltos en escándalos o casos de corrupción.
Según el Financial Times, Google también dará a conocer hoy una comisión formada, además de intelectuales y expertos en regulación europea, por el presidente Eric Schmidt, el abogado David Drummond y el jefe de Wikipedia, Jimmy Wales, que evaluará las peticiones y supervisará las obligaciones de la empresa en cuanto a la privacidad.
La sentencia del TJUE marcó un antes y un después en la aún poco desarrollada jurisprudencia comunitaria relativa a internet.
La disputa surgió a raíz de la petición del español Mario Costeja González, quien constató que al introducir su nombre en el buscador aparecían dos anuncios sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social sucedido diez años antes y ya resuelto.