El de Miguel Ángel Fernández Ordóñez es un nombre que ninguno de los 6.2 millones de parados que hay en España debería olvidar nunca. Fernández Ordóñez es, de lejos, la persona que más ha dañado a la economía española en los últimos diez años -por encima del propio Zapatero- y debería pagar por ello. Si no se le sienta en el banquillo, por lo menos que se le señale con el dedo cada vez que salga a la calle, como uno de los máximos responsables que es de nuestra crítica situación actual.
Las leyes españolas -como las de todo el mundo- contemplan penas para los empleados públicos que no cumplan con su deber y generen un mal grave a la sociedad con tal incumplimiento. Imaginen que alguien es nombrado policía municipal para vigilar un parque por la noche, y éste, viendo cómo el parque se llena sistemáticamente de delincuentes al caer el sol, no los echa de ahí sino que se va a dormir la siesta dejando el parque sin vigilar cada vez que éstos se juntan. Imaginen que día tras otro, en ese parque empiezan a suceder crímenes serios con gran daño para la sociedad porque el policía se niega a intervenir, a pesar de ver llegar a los delincuentes para delinquir cada noche. Si esto pasase en un recinto municipal cualquiera, al agente en cuestión se le denunciaría y perseguiría judicialmente sentándole en el banquillo hasta que se hiciese justicia y éste pagase por el daño que ha hecho al no cumplir deliberadamente la misión que se le encomendó.
Pues bien, ahora imaginen que esta persona no es policía de un parque sino de la Banca y que no va armado con pistola sino con micrófonos y ruedas de prensa. En España tuvimos durante 6 años un policía a cargo del sector financiero llamado Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se negó a cumplir con su función generando un daño inimaginable para la sociedad española. Fernández Ordóñez se negó adrede a poner orden en bancos y cajas de ahorro, la única misión para la que fue nombrado. Y todo para no perjudicar electoralmente a quien le había designado: Zapatero. La negativa de Fernández Ordóñez a denunciar y frenar la orgía de ladrillo sin control de bancos y cajas durante el zapaterismo cebó la bomba de una crisis de la que tardaremos por lo menos una década en salir, y que dejará a toda una generación de jóvenes tocada de por vida.
Fernández Ordóñez tenía fácil hacer estallar la burbuja inmobiliaria –o por lo menos alertar de la gravedad de lo que se estaba fraguando-. Tan solo tenía que convocar ruedas de prensa cada semana denunciando la esquizofrenia bajo la que actuaban los bancos y cajas de ahorro y la locura de la política económica del zapaterismo, pero se negó a hacerlo causando al país el daño que todos sabemos. La ley del Banco de España de 1993 se hizo prácticamente con un único objetivo: garantizar la neutralidad del gobernador para evitar que se comportase como lo hizo en su mandato Fernández Ordóñez. Esta norma estableció que al gobernador se le nombraría por un único mandato no renovable de seis años -lo que le permitiría ser completamente independiente y hacer lo que le conviniese al país y no a quien le nombró-. La ley del año 1993 insistió en que el cargo siempre tendría que recaer sobre una persona sin filiación política para garantizar su neutralidad. Este pacto se mantuvo por González y Aznar hasta que el iluminado Zapatero lo hizo saltar por los aires, nombrando gobernador a Fernández Ordóñez, su entonces secretario de Estado de Hacienda.
Fernández Ordóñez, antes de entrar en el gobierno de Zapatero, había sido presentador de un programa de televisión en una cadena del grupo PRISA y contertulio de la cadena SER. Con estas credenciales resulta difícil creerse que Zapatero pensase que estaba nombrando para ese cargo a alguien neutral. Las consecuencias de haber nombrado a alguien con un currículum tan sectario para un papel tan importante todos las sabemos – y padecemos-.