El PP no sólo ha mantenido intacta la absurda, injusta y muy discriminatoria "política de género" que tan profusamente extendió el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que incluso ha decidido ir un poco más allá en ciertos aspectos, perseverando así en el grave error de la mal llamada "discriminación positiva", que no es otra cosa que discriminación sin más. El último ejemplo ha tenido lugar este viernes con la aprobación de la reforma de la ley de sociedades de capital por parte del Consejo de Ministros. Y es que, entre otros aspectos, el Gobierno obligará a las empresas cotizadas a fijar un número mínimo de mujeres en sus consejos de administración con el objetivo de alcanzar una representación "equilibrada" entre ambos sexos. De este modo, los populares siguen la senda que, en su día, marcó Zapatero con la Ley de Igualdad de 2007, en donde se fijaba como meta alcanzar el 40% de mujeres consejeras para 2015.
Este tipo de imposiciones no sólo es inútil y contraproducente sino que, en última instancia, es una muestra inequívoca de machismo, solo que en este caso ejercido por el Estado. No en vano, fijar una cuota femenina por ley supone, en última instancia, admitir que las mujeres no serían capaces de alcanzar determinados puestos directivos sin la intervención del poder público, lo cual, además de absolutamente falaz e irreal, denota un profundo desprecio, desconfianza y desconocimiento de todo punto intolerable hacia su capacidad y valía. Las mujeres no precisan de ninguna ley de género para ascender y progresar en la vida. Se bastan por sí solas para salir adelante a base de trabajo, esfuerzo, capacidad y talento, al igual que sucede en el caso de los hombres.
El número de empresarias y directivas no ha dejado de aumentar en las últimas décadas conforme la mujer se ha ido incorporando de forma progresiva al mundo laboral, sin necesidad de cuotas de ningún tipo. De hecho, en la actualidad, su presencia en los consejos de administración de las grandes cotizadas (Ibex 35) supera el 16%, en línea con la media europea y muy por encima de la tasa existente a nivel mundial, que apenas supera el 3%. Es cierto que todavía son minoría en las cúpulas empresariales, pero la razón no estriba en una supuesta conspiración machista por parte de los empresarios sino a múltiples factores sociológicos y temporales. Por el momento, las mujeres ya son mayoría en la universidad, superan a los hombres en el acceso a la Administración Pública y, sin duda, su peso en las cúpulas directivas seguirá aumentando con el paso del tiempo.
Sin embargo, este tipo de avances no se pueden imponer por ley, como pretenden algunos, al igual que tampoco es posible lograr la riqueza, la paz o la felicidad mediante decreto La clave del progreso radica en la libertad y la defensa de los derechos fundamentales del individuo, tales como la vida y la propiedad. No por casualidad, el mayor número de directivas y consejeras se encuentra en Estados Unidos y Canadá, dos de los países más libres (y capitalistas) del mundo.
El problema de fondo aquí es que tanto PP como PSOE confunden el muy respetable concepto de "igualdad" con el deleznable "igualitarismo" que tanto gusta a la izquierda. Uno y otro son diametralmente opuestos. El principio de igualdad ante la ley es uno de los pilares fundamentales sobre el que se asienta la democracia representativa, el progreso económico y el bienestar social que disfrutan los países desarrollados. En esencia, significa la ausencia de discriminación por razón de origen, raza, religión sexo o cualquier otro motivo. El igualitarismo, por el contrario, vive por y para la discriminación, puesto que consiste en imponer la igualdad material por la fuerza, con resultados siempre funestos, como bien demuestra su máximo exponente: la utopía socialista.
El Gobierno debe garantizar la igualdad formal, en origen, y promover la libertad para permitir que hombres y mujeres puedan alcanzar sus metas y objetivos. Lo contrario, el igualitarismo, cuya aplicación viola derechos y libertades individuales, es pura y simple discriminación y, por tanto, resulta tan absurdo como esclavizar a los amos para combatir la esclavitud o eliminar la propiedad privada para combatir la pobreza. La mujer no necesita hoy al Estado, al igual que ayer no necesitaba al hombre, para valerse por sí misma y progresar.