Decía hace escasos días Soraya Saez de Santamaría que lo importante en el "caso Faisán" no era tanto el "verbo" como el "sujeto". Con lo del "verbo" se refería a la vergonzosa controversia que se supone estaba dirimiendo el pleno de la Sala de lo Penal respecto a si el chivatazo a ETA debía ser considerado un delito de colaboración con banda armada o únicamente un delito de revelación de secretos y encubrimiento. Para la portavoz del PP, sin embargo, más importante que el verbo era el "sujeto"; es decir, el hecho de que entre los imputados se encontrara el entonces "número tres del Ministerio del Interior" y las responsabilidades políticas que ello conlleva.
Antes de que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera vergonzosamente revocar el procesamiento del "sujeto" sin ponerse de acuerdo en el "verbo", ya me pareció algo ingenua y equivocada la afirmación previa de la portavoz popular. Y eso por dos razones: primero porque de haberse perpetrado la prevaricadora tesis de que el "verbo" -esto es, la tipificación delictiva del chivatazo- no podía ser el de colaboración con banda armada por el hecho de no tener los acusados afinidad ideológica con los terroristas, se hubiera burlado la ley, contrariado la jurisprudencia y dejado como no acordes a derecho las sentencias por las que en este país muchas personas, sin compartir objetivo político alguno con los terroristas, han sido condenadas y cumplen penas de prisión por colaborar con ellos.
Pero la apreciación de Santamaría me pareció ingenua, además, pues la determinación del "verbo", la tipificación del delito, era y es decisiva en este caso para saber cuáles son todos los "sujetos" responsables del mismo. Si, como acorde con la lógica más elemental, los acusados por el chivatazo a ETA siguieron ordenes de sus superiores al realizarlo, es mucho más probable que "tiraran de la manta" si se enfrentaban a una pena mucho más severa, tal y como la que castiga el delito de colaboración, que a una mucho más leve, como la que pena el delito de revelación de secretos.
El caso es que, por evitar la división entorno a qué tipo de delito constituye el chivatazo, al final el pleno de la Sala ha revocado aquello en lo que sus magistrados sí parecían estar de acuerdo como era apreciar indicios en los acusados de relación con el chivatazo, con independencia de qué tipo de delito fuera este. Así lo dejaron, al menos, en evidencia tanto los magistrados de la sección de la Audiencia Nacional que en su día ratificaron el auto de procesamiento de Ruz, como incluso José Ricardo de Prada con su repugnante voto discrepante. Y es que De Prada no dudó en ningún momento de la relación de Hidalgo, Ballesteros y Pamies con el chivatazo; lo que hizo fue justificar y enmarcar el soplo en el proceso de diálogo y negociación política que estaba entonces llevando el gobierno con ETA.
Parecería que por evitar una división en la tipificación del "verbo", se ha preferido ahora poner en duda los indicios que permitían juzgar al "sujeto". Yo no sé si esto último será una prevaricación, pero de lo que estoy seguro es de que con ella se ha evitado la prevaricación de quienes, en caso contrario, hubieran tenido que ignorar a sabiendas que el delito de colaboración "no exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas", tal y como Gómez Bermúdez sentenció con el 11-M.
Lo que me parece evidente es que la barbaridad que se perpetró en el bar Faisán va a resultar pecata minuta comparada con la que se está perpetrando en el ámbito judicial para lograr su impunidad.