No le falta razón al ministro de Fomento, José Blanco, al considerar que los controladores aéreos que sufren "ansiedad" o "estrés", por lo que no es más que un recorte de las injustificadas prebendas que han venido disfrutando durante años, no deberían continuar ejerciendo más esta profesión. Ciertamente, si estos profesionales se resienten psicológicamente por unos recortes que les sigue permitiendo cobrar de media un cuarto de millón de euros por unas 1670 horas trabajadas al año, lo mejor es que se dieran de baja definitivamente. El problema, sin embargo, es que la catarata de bajas médicas que se están produciendo estos días no es más que un cuento chino, una huelga encubierta para presionar a la administración en unos momentos en que el perjuicio a los ciudadanos y al turismo es mayor y, por tanto, también es mayor su capacidad de presión.
Hay que reconocer, no obstante, que buena parte de la culpa de este conflicto, que aun en menor intensidad hemos padecido en años anteriores, lo tiene el hecho de que AENA es un organismo público y monopolístico que determina las condiciones salariales y laborables de los controladores por ley y que no tiene que someterse a los imperativos de un mercado liberalizado y competitivo. Inserto en ese monopolio está también el hecho de que es el propio colectivo de los controladores el que regula –más bien, estrangula– el acceso a su propia profesión. En este sentido, la desfachatez de los controladores es doble: si es verdad –como ahora alegan– que falta personal en los aeropuertos españoles, ello es consecuencia directa de esas barreras de entrada que ellos mismos han fijado. Es precisamente esa coactiva ausencia de competidores en su propia profesión lo que les ha permitido ganar hasta 375.000 euros al año repartiéndose horas extraordinarias.
Lo que ahora –y en años anteriores– vienen reclamando los controladores aéreos, tomando a los ciudadanos como rehenes, no es ni una mejora en su salud mental ni en la seguridad en el tráfico áereo, sino un jugoso "corralito" que debería ser radicalmente disuelto por la privatización de Aena y la liberalización del sector. Esta es una tarea que, como la ley de huelga, han dejado pendiente todos los gobiernos de la democracia. Esperemos que tras el eventual recurso a corto plazo a los controladores del Ejército y tras las necesarias diligencias que ha de tomar la Fiscalía por los previsibles fraudes en las bajas médicas, se dé paso a unas reformas que permitan aprobar de una vez esta conflictiva asignatura.