La actitud Garzón, el juez que se empeñó en instruirlo a toda costa, pone de manifiesto la catadura del personaje y lo urgente que es apartarlo de una vez de la carrera judicial.
Hace ahora trece años que comenzó uno de los episodios más lamentables de la historia judicial española: el del acoso, derribo y linchamiento de Javier Gómez de Liaño, a la sazón juez de la Audiencia Nacional. El error de Liaño fue encausar al entonces todopoderoso poder fáctico Jesús de Polanco, a su palafrenero Juan Luis Cebrián y al consejo de administración de Sogecable en pleno. Liaño pagó carísima su audacia y hoy vive apartado de la carrera judicial ejerciendo de abogado.
Durante varios años todos los medios de comunicación del grupo PRISA se cebaron con el juez hasta extremos que hoy nos parecerían intolerables. El mascaron de proa del grupo, el diario El País, machacó, literalmente, a Liaño hasta que hubo conseguido su ruina personal y profesional. Bien, toda esta misma artillería la está empleando el mismo grupo hoy pero no para hundir a un juez de la Audiencia Nacional sino para salvarle de la quema. Este juez es Baltasar Garzón, un hombre de la casa que está pasando en estos días por un calvario que él mismo, por obra de su ineptitud, arrogancia y parcialidad, se ha buscado.
Pero con lo que PRISA no contaba mientras se deshacía en halagos a Garzón era con que la Audiencia Nacional no es sólo él. La Sala Segunda de lo Penal ha ordenado al juez que prosiga con la investigación del caso Faisán, esa espinita clavada en la parte más sensible de la negociación con la ETA de la que nadie –ni el Gobierno ni sus medios adictos– quieren hablar. Garzón, pues, tendrá que reabrir el caso; y decimos reabrir porque el Faisán lleva cerrado desde que el juez instructor lo aparcó al poco de empezar a instruirlo hace dos años. No puede haber ya más demoras y, en lo relativo a la línea de instrucción que ha de seguir Garzón, la Sala Segunda ha especificado por dónde tienen que ir y a quién hay que citar.
Parece mentira que un caso tan importante lleve cogiendo polvo en el despacho de Garzón desde 2008. El juez, que no quiere saber nada de él, se ha aprovechado de que la propia Fiscalía tampoco está muy interesada por saber quiénes dieron la orden de avisar a los etarras de una operación antiterrorista que, allá por 2006, llevaba a cabo el juez Marlaska. La actitud de Garzón, el juez que se empeñó en instruirlo a toda costa, pone de manifiesto la catadura del personaje y lo urgente que es apartarlo de una vez de la carrera judicial. Porque, según está la administración de Justicia, ya no se trata de creer en ella, sino de hacerlo en algunos magistrados como Hurtado, de Diego y López, los mismos que han puesto, al fin, a Garzón en su sitio después de tantos años de chulería y desmanes judiciales.
Así las cosas, a estas alturas poco podrán hacer sus amigos de PRISA –amigos también del Gobierno Zapatero– para evitarle un mal que él solito se ha proporcionado. Dar salida al caso Faisán debe ser ahora un objetivo prioritario, porque en él residen ocultas las verdaderas claves del proceso de rendición ante la ETA que planificó Zapatero durante su primera legislatura. Conocemos la propaganda, lo que el Gobierno nos vendió adornándolo de buenismo, pero no la naturaleza de la negociación y los extremos a los que llegó Zapatero con tal de sacar algo en claro de aquella infamia. Dicho esto, si Garzón no acelera la instrucción y sienta en el banquillo a los responsables que están dentro del Ministerio, es que no es el juez adecuado para un caso de esta relevancia y de ninguna otra, se ponga El País como se ponga.