L D (EFE) Así, la Comunidad de Madrid pretende "respetar el derecho de objeción de los padres, ya que hay varias sentencias que lo amparan", en referencia a decisiones judiciales como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reconoció el pasado mes de marzo el derecho a la objeción de conciencia contra la asignatura de unos padres de Huelva.
Por ello, la Administración "defenderá el derecho de los padres objetores" hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie y se unifique la doctrina al respecto. Sin embargo, todavía no se ha fijado la alternativa que seguirán los alumnos que opten por la objeción, aunque "se determinará" antes del comienzo del curso escolar, han afirmado las mismas fuentes.
En cualquier caso, la Comunidad de Madrid cumplirá la ley, ya que la asignatura se impartirá en una hora semanal en segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en dos horas en primero de Bachillerato de todos los centros públicos, privados y concertados de la región.
La asignatura se denominará "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos" en segundo de la ESO, "Educación Ético-Cívica" en cuarto de la ESO y "Filosofía y Ciudadanía" en primero de Bachillerato. En quinto de primaria se implantará la materia en el curso 2009-2010.
El Plan de Estudios de educación para la ciudadanía ha sido diseñado con "especial cuidado", para evitar "la implantación de una moral desde el Estado y respetando escrupulosamente los ámbitos de la moral individual, pertenencia exclusiva de la conciencia personal de los alumnos y de la educación recibida en el seno de la familias", según recoge el Decreto de la Comunidad de Madrid que regula la ESO.
Por su parte, los padres que han presentado objeción de conciencia para que sus hijos no cursen la asignatura en los centros madrileños han exigido este jueves a la Administración que admita las objeciones "oficialmente y por escrito", para que sus hijos no cursen, ni sean evaluados de la asignatura.
En un comunicado, la asociación Profesionales por la Ética ha manifestado su satisfacción por la postura de la Comunidad de Madrid, ya que, según la asociación, ha demostrado su respeto por "los derechos de conciencia" de los padres objetores, pero ha criticado que no haya "ningún hecho que respalde" las declaraciones.
Por ello, la Administración "defenderá el derecho de los padres objetores" hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie y se unifique la doctrina al respecto. Sin embargo, todavía no se ha fijado la alternativa que seguirán los alumnos que opten por la objeción, aunque "se determinará" antes del comienzo del curso escolar, han afirmado las mismas fuentes.
En cualquier caso, la Comunidad de Madrid cumplirá la ley, ya que la asignatura se impartirá en una hora semanal en segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en dos horas en primero de Bachillerato de todos los centros públicos, privados y concertados de la región.
La asignatura se denominará "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos" en segundo de la ESO, "Educación Ético-Cívica" en cuarto de la ESO y "Filosofía y Ciudadanía" en primero de Bachillerato. En quinto de primaria se implantará la materia en el curso 2009-2010.
El Plan de Estudios de educación para la ciudadanía ha sido diseñado con "especial cuidado", para evitar "la implantación de una moral desde el Estado y respetando escrupulosamente los ámbitos de la moral individual, pertenencia exclusiva de la conciencia personal de los alumnos y de la educación recibida en el seno de la familias", según recoge el Decreto de la Comunidad de Madrid que regula la ESO.
Por su parte, los padres que han presentado objeción de conciencia para que sus hijos no cursen la asignatura en los centros madrileños han exigido este jueves a la Administración que admita las objeciones "oficialmente y por escrito", para que sus hijos no cursen, ni sean evaluados de la asignatura.
En un comunicado, la asociación Profesionales por la Ética ha manifestado su satisfacción por la postura de la Comunidad de Madrid, ya que, según la asociación, ha demostrado su respeto por "los derechos de conciencia" de los padres objetores, pero ha criticado que no haya "ningún hecho que respalde" las declaraciones.