(Libertad Digital) Tal y como afirma ABC el sábado, los servicios mínimos establecidos por Justicia son "inaceptables" y muy restrictivos de acuerdo a ese derecho a huelga. Durante las tres horas del paro convocado contra la dura sanción impuesta por Bermejo a la secretaria del caso de Mari Luz Cortés, está dirigida claramente a "boicotear" la convocatoria. El colectivo ya pidió el cese de Bermejo tras la sanción a la Secretaria Judicial.
La huelga convocada por los secretarios ha enfurecido al ministro, según ABC. Bermejo es uno de los miembros del Gobierno más beligerantes al respecto. Junto con De la Vega, Bermejo es responsable de las indicaciones sobre la sanción del CGPJ al juez Tirado, calificada de insuficiente por todos. Ahora, Bermejo tiene en su contra no sólo a los secretarios judiciales sino también a los jueces, que el mismo día 21 celebrarán juntas simultáneas en casi todo el país.
Tal y como asegura ABC, la Circular 1/ 2008 firmada por Maria Pilar Rodríguez, secretaria general de la Administración de Justicia, es la que prohíbe permisos y licencias. La misma indica que, por las funciones encomendadas por la ley, la presencia de los secretarios coordinadores provinciales en sus puestos el día 21 es "necesaria" para "garantizar la adecuada prestación del servicio público durante la huelga". Dichas funciones son "dictar instrucciones de servicio a los secretarios judiciales en su ámbito territorial, o la de dar cuenta al secretario de gobierno de los hechos que sean relevantes para el buen funcionamiento de la Administración".
Fundamentándose en dichos argumentos, la orden es abstenerse "con carácter general", para todos los secretarios judiciales, debido a necesidades del servicio. Respecto a las licencias "para la asistencia a cursos de formación, congresos y jornadas", queda sometida igualmente a los mismos términos. Las licencias concedidas antes de la convocatoria "se revocarán".
Según afirman los propios secretarios judiciales en ABC, es la primera vez que se adoptan medidas así para responder a una huelga, por lo que lo interpretan como una "clara represalia que roza la ilegalidad". Los secretarios afirman que con unos servicios mínimos claramente definidos no puede haber obligación de acudir al puesto de trabajo en situación de huelga. Además, "hay permisos por causas familiares importantes, e incluso hay dos miembros destacados del cuerpo que tenían comprometida su asistencia a un programa de televisión esta mañana".
Dichos servicios mínimos impuestos por Justicia fueron dictados por la misma Maria Pilar Rodríguez, directora general de Modernización, y responsable de la emisión de la circular que prohíbe permisos y licencias, mencionada antes. Los servicios mínimos, según ABC, "no pueden paralizarse de modo alguno" y engloban tareas de servicios de guardia en los juzgados, actuaciones sometidas a plazo, las de Registro Civil, medidas cautelares, causas con presos o de violencia contra la mujer, órdenes de busca y capturas o vistas que afecten a menores e incapaces.