(Libertad Digital) El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, han suscrito este martes en Oviedo una declaración conjunta en relación con la reforma del modelo de financiación autonómica.
El texto incluye ciertos principios sobre los que deberá desarrollarse el proceso y reconoce la necesidad de que las variables no poblacionales ganen importancia en el nuevo sistema de financiación. Gobiernos del PSOE (Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha) y del PP (La Rioja), aparte de Asturias y Castilla y León, se muestran favorables a esta iniciativa, según informa en su edición de este miércoles el diario Expansión.
Esta declaración, incluida como un anexo en el Protocolo General de Colaboración suscrito por los dos gobiernos autonómicos, concreta las necesidades básicas que deben estar presentes durante la negociación del modelo. A partir del pleno respeto a la Constitución, se incluye un listado de cuestiones fundamentales tanto para Castilla y León como para Asturias, dos territorios que comparten intereses comunes en este proceso.
1. Se defiende la multilateralidad como sistema de diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno central con una premisa principal: La búsqueda de consenso entre todos los actores que forman parte de la negociación.
2. Asimismo, se plantea la necesidad de corregir los déficits en la financiación de los servicios que prestan las comunidades a través de un aumento en las partidas presupuestarias para estas cuestiones. Para ello se pide la inclusión de los costes reales derivados de la aplicación de la ley de la dependencia.
3. Variables como la dispersión, la orografía y la baja densidad de población deben ganar peso en el modelo que salga de la actual negociación.
4. Se establece la incorporación de mecanismos de revisión quinquenal del sistema de financiación de manera que se garantice la suficiencia dinámica, es decir, que la financiación se adapte a la evolución de las necesidades de gasto de cada gobierno autonómico.
5. Además, se reclama la inclusión de la tradicional cláusula que contempla que ninguna comunidad empeore su posición financiera como consecuencia de la reforma, así como la potenciación del Fondo de Compensación Interterritorial para corregir los desequilibrios económicos que existen entre las regiones.
6. El equilibrio entre los gastos y los ingresos en el presupuesto de las comunidades autónomas no puede verse afectado por las decisiones del Gobierno de la nación, a quien se pide también un avance claro en los principios de autonomía y corresponsabilidad fiscal para que cada territorio pueda aumentar la capacidad que le permita desarrollar una política fiscal propia.
7. La inversión estatal debe cubrir las necesidades de infraestructuras y equipamientos existentes. Por último, en materia de financiación local, se apunta que la reforma de este sistema debe ser abordada de forma paralela pero sin que haya mezclas entre ambos procesos.