Ahora les ha tocado a las comunidades de propietarios y a sus administradores. Según Ley 5/2006, de 10 de mayo aprobada por el Parlament de Castaluña, en su artículo 553-27, apartado 3, "El acta de la reunión debe redactarse al menos en catalán". ¿Que qué quiere decir "al menos en catalán"? Pues lo de siempre, que ha de ir sólo en catalán. Ya que por mandato constitucional no pueden prohibir de raíz y a las bravas a la lengua común española, hacen un quiebro para que en ningún caso puedan redactarse únicamente en castellano, pero sí en catalán.
El comercio ya ha sentido en sus letreros, cartas y relaciones lingüísticas con los clientes el acoso de los comisarios lingüísticos a través de las "oficinas de delación lingüísticas", que Casa Nostra denomina "Oficinas de garantías lingüísticas"; por cinismo que no quede. Pueden poner el letrero solamente en catalán, pero no en castellano. A éste hay que atarlo corto, como a los delincuentes, no sea que le de por hacerse un solitario en letreros y escaparates. Y no va de coña: miles de multas por razones tan peregrinas como poner los letreros de las rebajas solo en castellano. Extraña justicia ésta que impone a una de las dos lenguas oficiales unos criterios que no sirven para la otra. El privilegio de ser "lengua propia de Cataluña" por obra y gracia del Estatuto aprobado por voluntad de Zapatero, Maragall, Montilla, Artur Mas y Saura. Por este orden.
"Los acuerdos de la junta de propietarios deben transcribirse en un libro de actas que debe legalizar, al menos en catalán, o en aranés en el Valle de Arán, el registrador o registradora de la propiedad que corresponde al distrito donde se halla el inmueble", dice en el Artículo 553-28 respecto al Libro de Actas.
Si no tenían los vecinos motivos suficientes para alargar sus asambleas, ya tienen uno y envenenado: decidir si prescinden el contrato a los administradores castellanohablantes, obligarles a realizar el nivel C de catalán o, quién sabe, aceptar o no un presupuesto en función de si está en una lengua o en las dos.
Y así nos tienen entretenidos, con chorradas. Cada día nuestra ración de pienso: sale una ley, norma o cualquier otra disposición étnica; nos quejamos, escribimos, discutimos, acabamos cabreados y al final logran no pegar palo al agua. Mientras tanto se hacinan los inmigrantes llegados a borbotones, tu hijo no se va de casa por falta de ella o tu hija cobra un sueldo de saldo. Es el modelo de estos políticos nacionalistas especializados en crear problemas en vez de solucionarlos. Sería más inteligente no hacerles caso, pero si te permites esa altivez, estás perdido. ¿Cómo dejar a un insensato jugar con fuego en una gasolinera?¨
Pues eso, como hay todavía mucha gente sensata en Cataluña que no está dispuesta a que unos iluminados nos acaben convirtiendo en monigotes de su circo nacional, han decidido presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo por esta ley arbitraria.
Con fecha once de agosto de 2006, Ciudadanos de Cataluña, a través de su presidente, Albert Rivera, apoyado por el letrado José Domingo, dan razones jurídicas sobradas contra esta ley en un escrito de seis folios dirigido a Enrique Múgica, Defensor del Pueblo. Aunque si el Estatuto ha entrado en vigor el 6 de agosto y éste excluye de su actuación en Cataluña al Defensor del Pueblo español... ¡ya me contarán!