De acuerdo con la sentencia firme del Tribunal Supremo, Batasuna es una organización ilegal porque no es más que parte de un entramado terrorista, que responde a las siglas de ETA. Batasuna es ETA, y en consecuencia es una organización ilegal. No podemos olvidar este hecho tan claro, tan relevante, si no queremos caer en la trampa de confusión a que quieren someter a la sociedad española el Partido Socialista y el Gobierno.
Hay algo en el socialismo, no sólo en el español, que hace que le repela la sencilla e inmediata alusión a la verdad, y que por el contrario le atraiga irresistiblemente la mentira y la manipulación. Por eso, en este asunto de la manifestación convocada por ETA en San Sebastián, es necesario volver una y otra vez sobre la realidad para no dejarse llevar por la calculada verborrea socialista.
Diego López Garrido no ha tenido empacho en declarar que la negociación del Gobierno con la banda asesina ETA sigue su curso pero que, por otro lado, la actividad de su rama política, Batasuna, como si todavía fuera una organización legal, es un asunto completamente distinto, del que entienden los jueces. ¿A quién quiere engañar? El poder judicial, nada menos que en su máxima instancia, el Tribunal Supremo, ya dio respuesta al asunto. Reconoció que Batasuna, lo hemos recordado al comienzo, es parte de ETA y como cualquier organización terrorista, es ilegal. Además, la decisión de legalizar al partido de ETA pertenece por completo al ámbito de la política y no al judicial. Lo que sí es una decisión política es la de evitar en todo lo posible que la ley recaiga sobre quienes se sientan con el propio Gobierno a negociar no sabemos qué.
Con este falso argumentario, el Gobierno se lava las manos respecto de Batasuna, dejando el asunto en manos de los jueces y separándolo de su negociación con ETA. Espera que el juez a que toque tomar las decisiones pertinentes sea como Baltasar Garzón, que ha permitido a ETA que haga su juego. Pero lo innegable es que el Gobierno tiene los instrumentos administrativos para hacer cumplir la Ley de Partidos y la sentencia que declara ilegal a Batasuna, por lo que por más que quiera no puede escapar a su responsabilidad legal y política. Su decisión de contribuir a que Batasuna siga actuando imponemente es muestra de que la decisión política de legalizar a una parte de la banda terrorista está ya tomada por parte de Rodríguez Zapatero, y ahora sólo queda el problema, no poco espinoso, de cómo va a endosar el trágala a la sociedad española. 
No le será fácil.
No le será fácil.