El socialismo en el poder está haciendo lo que mejor sabe: el ridículo. Y, como controla a la mayoría de los comentaristas, éstos lo acompañan en la tarea. Todos ellos, en los últimos días, han descubierto la pólvora: que la educación en Chile es desastrosa. Están emocionadamente agradecidos de que "los niños" se lo hayan desvelado, pues –dicen– si no se hubieran declarado en huelga, tomado los colegios y protagonizado los más vergonzosos desmanes en ellos y en las calles, nadie se habría dado cuenta del problema.
Por supuesto, a la minoría con sentido común sólo le queda reírse, en particular del verdadero parlamento paralelo de 73 personas designado "para solucionar el problema". Ni siquiera van a alcanzar a opinar todos en una misma sesión. Pero no importa: como tiene mayoría socialista, el resultado final lo sabemos de antemano: más socialismo.
Sin embargo, el problema es, precisamente, el socialismo. El Estado gasta más de dos billones de pesos (sí, leyó bien, dos billones) al año en educación. Pero la prueba Simce 2003 comprobó que la educación pública no logra enseñar lo mínimo (250 puntos) ni en Lenguaje y Comunicación (241 puntos) ni en Matemática (230 puntos). En cambio, la particular subvencionada sí lo cumple (257 y 250 puntos, respectivamente); y la particular pagada lo sobrepasa con largueza (301 y 317 puntos).
La solución es, entonces, entregarles el dinero a las familias, en vez de a la burocracia socialista. Si suponemos que la mitad de los alumnos proviene de hogares pobres, con aquellos dos billones al año se podría financiar una educación de excelente calidad, dándole a cada uno un vale o voucher de más de un millón de pesos anuales (más de tres veces la actual subvención para la educación particular gratuita) por alumno, para que elija el mejor colegio. Naturalmente, debe imperar una plena libertad para crear establecimientos y para confeccionar programas de estudio.
Pero, en este momento, la dictadura socialista en la educación tiene "cazados" a los colegios, incluidos los particulares, mediante "contenidos mínimos obligatorios" que les impiden formular sus propios programas. Y no sólo porque son obligatorios, sino porque sobre la base de ellos se elabora la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la cual están obligados a rendir quienes aspiren a recibir aporte fiscal para financiar la universidad. Obviamente, para liberarse de esa dictadura hay que terminar con la PSU y con el aporte fiscal, dándoles, de nuevo, el dinero a los hogares pobres para que elijan libremente a cuál enviar a sus hijos. Pues, afortunadamente, con lo que todavía queda de la libertad para fundar universidades hay abundante oferta de plazas en ellas.
Por supuesto, esto implica la supresión de ese monstruo burocrático y dictatorial que se llama Ministerio de Educación, un tonel sin fondo. Eso, ciertamente, jamás lo va a hacer un gobierno de la Concertación, cuya clientela se queda hoy con el grueso de los recursos –de paso, anticipo que pronto escribiré sobre el cuasi billón (sí, leyó bien, billón) que le han dado a la derrotada guerrilla de extrema izquierda y su entorno en estos 17 años–. Por eso he escrito antes que la actual alianza oficialista nunca va a resolver el problema de la enseñanza porque la misma Concertación es el problema.
Parlamento paralelo, decálogo, sesiones de autocrítica, cónclave y hemorragia de discursos, declaraciones y opiniones. Ridículo e inconducente. Todo seguirá igual, eso sí que más caro. Viene al caso un decir campesino, no muy elegante pero sí expresivo: "¡Puros saltos y pedos!" (Con perdón).