El "Defensor del Pueblo" (ombudsman) nació en el siglo XVI para evitar el abuso de las instituciones del Estado. De esa manera, una personalidad de solvencia ética reconocida, ponía límites al poder allí donde no alcanzaban ni siquiera los mecanismos democráticos. Así cualquier ciudadano podría recurrir a él cuando se sintiese perjudicado por las instituciones.
En España existe esa figura desde la Constitución del 78. Enrique Múgica es hoy nuestro Defensor del Pueblo. Y como con las Autonomías se dobla todo, en Cataluña tenemos el Sindic de Greuges (Síndico de Agravios o Defensor del Pueblo catalán), que buena falta nos hace aunque no nos haga ni puñetero caso cuando las denuncias hechas ante él toquen temas lingüísticos y vayan dirigidas contra la administración de la Generalitat (no lo olviden, la Generalitat es Estado).
El Sindic de Greuges de Cataluña es puro escarnio para los valores que siempre caracterizaron al Defensor del Pueblo. En 1993/94 tuve ocasión de comprobarlo cuando en nombre de varios ciudadanos presentamos ante él queja formal por no garantizar las instituciones autonómicas la enseñanza escolar en lengua materna. La Constitución, el Estatut y la propia Ley de Política Lingüística entonces en vigor lo amparaban. La entrevista fue el primer agravio: en vez del Defensor del Pueblo, parecía que estuviéramos ante cualquier talibán lingüístico tan corriente por estas tierras. El desprecio recibido fue absoluto, la eficacia esperada, nula.
Con el paso de los años, ocupó el puesto Rafael Ribó, un comunista de familia bien especialista en nacionalismo –como el mismo nos espetó años atrás como criterio de autoridad para cortar una discusión sobre ciudadanía y derechos lingüísticos– y al cual no le llegan quejas porque la gente las manda directamente al Defensor del Pueblo de todos los españoles, allá en Madrid. Los datos hablan por sí mismos, seis fueron los únicos casos que se denunciaron al Síndic de Greuges por discriminación del derecho a utilizar el castellano en 2004. Pues bien, en 2005 las 1.600 denuncias que se han hecho por este tema en general y contra las "Oficinas de delación lingüística" en particular se han hecho al Defensor del Pueblo español. Al Síndic de Greuges se le toma más como organismo al servicio de la construcción nacional y el monolingüismo que como garantía contra los abusos de la Generalitat. Un mundo al revés.
Alertados del SOS al Defensor del Pueblo español de miles de catalanes, los padres del nuevo Estatut han incluido el Art. 78.1 por el que Cataluña se reserva el "carácter exclusivo" del Síndic de Greuges. ¿Adivinen para qué? No había que permitir que el Defensor del Pueblo español pudiera poner coto a la omertà nacionalista.
Si ese Estatut sale adelante, ¿significa que ningún catalán podrá recurrir a la instancia constitucional del Defensor del Pueblo Español? Si es así, habríamos de formular algunas preguntas inquietantes: ¿por qué el Estatuto limita la capacidad de los ciudadanos para defender sus derechos y libertades cuando eventualmente éstos sean conculcados por parte de la Administración autonómica? ¿Alguien imagina que el Ayuntamiento de Olot nombrara a un defensor del pueblo municipal y le asignara la capacidad para defender, en exclusiva, los derechos y las libertades de los vecinos? El Síndic de Greuges, en este sentido ¿está para proteger o está para impedir que se protejan efectivamente los derechos y las libertades de los catalanes?
Estas preguntas cabales que los jóvenes de "Ciudadanos de Cataluña" se hacen ilustran claramente cómo esta impresentable clase nacionalista pretende secuestrar instituciones y Tribunales para convertir a Cataluña en un nuevo show de Truman con barretina.
Y a esto le llaman derechos de Cataluña; qué miserable coartada para cortar cualquier posibilidad de defensa de los indefensos ciudadanos de Cataluña. A mi me da que esto huele a mafia más aún que el 3%. Cataluña está gobernada por trileros.
¡Cómo añoro a Francia! De vez en cuando dan un vuelco electoral y jubilan a toda una generación de vividores. Todavía nos queda el "no".