El tiempo en este primer año triunfal de Gobierno socialista es un tanto elástico. Lento para adoptar decisiones de Gobierno sensatas y rápido, muy rápido para que los continuos despropósitos del Ejecutivo pasen a mejor vida. El ministro de Interior, el mismo que compareció ayer en la Cámara Baja para dar cuenta del caso Roquetas, se vio salpicado hace menos de ocho meses por la detención ilegal de dos militantes del PP de Madrid tras participar en una manifestación. De eso casi nadie se acuerda pero el abuso sigue ahí, impune, sin que nadie en el entorno del ministro se haya siquiera despeinado.
El suceso acaecido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas parece seguir el mismo camino. O al menos eso es lo que cualquier observador medianamente informado deduce de la comparecencia del ministro. Nadie en su ministerio es responsable de la desafortunada muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano en las dependencias de la Benemérita. El único que ha de dar cuentas por lo sucedido es un teniente de la Guardia Civil que, hasta que fue apartado de su cargo, era jefe del destacamento de una localidad de 70.000 habitantes. No ha servido de gran cosa la decisión de la jueza que instruye el caso de tomarse el tiempo necesario para esclarecer los hechos e impartir Justicia en consecuencia. Para Alonso todo ha sido mucho más sencillo. Primero dejó la cosa correr hasta que al Gobierno le fue imposible aguantar la presión mediática que había desatado el caso. Después se erigió en juez y parte anunciando que alguien había tratado de entorpecer la investigación mientras vulneraba la presunción de inocencia de nueve agentes de la Guardia Civil, cuerpo que, por si el Alonso no lo sabe, depende de su ministerio. Por último, y con idea de cerrar un asunto que podría salpicarle en la cara, se ha inhibido de tomar las drásticas medidas que un caso de tal gravedad exigen.
Es difícil de admitir que en el lapso de tres semanas se hayan dado tantos bandazos. El General Gómez Arruche, director general del Instituto Armado, pasó de calificar la muerte de Martínez Galdeano como “incidente” a desaparecer del mapa. El silencio de Gómez Arruche es incomprensible habida cuenta que todo tuvo lugar entre los muros de un cuartel de la Guardia Civil. No ha acertado siquiera a articular una explicación sobre lo sucedido y se ha escudado tras el ministro evitando predisponerse en contra de la Institución que dirige. Extremo que no ha conseguido tal y como evidencian las repetidas llamadas a la dimisión desde la AUGC. En cuanto a José Antonio Alonso, no sólo no ha estado a la altura de las circunstancias cuando hubo de estarlo sino que, puesto ante la realidad, ha huido hacia delante comprometiéndose en un programa de vaguedades tras el eslogan de la “tolerancia cero” con los malos tratos.
