Cuando un caso de abusos policiales estalla en el seno de la Guardia Civil suele transformarse en un escándalo de considerables proporciones. No es ajeno a ello el hecho de que sea el Instituto Armado el cuerpo que con más saña e inquina atacan los partidos de izquierda desde tiempos inmemoriales. Tampoco lo es que la Benemérita sea de puertas adentro hermética por naturaleza y, por ser siempre el blanco, se pongan sus miembros a la defensiva innecesariamente.
El caso de Roquetas en el que, no lo olvidemos, hay un muerto de por medio, no es diferente por haberse dado en una Casa Cuartel al que pueda producirse dentro de una comisaría de la Policía Nacional o de cualquiera de las policías autonómicas o municipales. El juez ha de investigar a fondo lo sucedido, esclarecer los hechos y hacer caer sobre sus responsables todo el peso de la Ley. Porque, aunque a estas alturas parezca increíble remarcarlo, el fallecimiento en extrañas circunstancias de Juan Martín Galdeano no es una excusa perfecta para que el Gobierno se luzca frente a la opinión pública. Tanto la vicepresidenta de la Vega como el ministro Alonso han ejercido de justicieros en los últimos tres días aprovechando la corriente de opinión y el juicio sumario que los medios han aplicado a los guardias imputados en el caso.
No es extraño que algunos miembros de la Guardia Civil se hayan sentido desamparados en esta triste hora en la que nadie se ha acordado de los miles de guardias civiles que hacen bien su trabajo todos los días del año. Empezando por su Director General, el General Gómez Arruche, que se limitó a minimizar los hechos durante demasiados días sembrando la semilla de la duda. Se ha vulnerado la presunción de inocencia del grupo de imputados y se los ha presentado ante el país como asesinos sin escrúpulos que torturaron hasta la muerte a un desdichado campesino que fue a poner una denuncia en el cuartelillo. Lo cierto es que, hasta el momento, lo único que sabemos a ciencia cierta es que el finado murió dentro de un cuartel de la Guardia Civil y que la autopsia que le fue practicada indica que hubo violencia extrema. Semejantes indicios, es decir, una muerte violenta en dependencias policiales, deberían conducir a una investigación en detalle porque cosas así, mal que le pese a Llamazares, no suceden todos los días en las comisarías y cuarteles españoles.
