Lo más desalentador en este trance histórico es la falta de respuesta ante los abusos del poder. La campaña del referéndum es ilegal de arriba abajo, y aunque el PP esté a favor del sí, debería denunciarla. La ley no se puede estirar y torcer a voluntad, práctica común en esta segunda transición. Si nos acostumbramos a ignorar la letra de la ley violentando su interpretación, entonces en puridad ya no hay ley.
No otra cosa subyace en los distintos planes para romper España. La presidenta del Tribunal Constitucional empezó a preparar el terreno anticipando la increíble constitucionalidad de proyectos que cualquiera entiende que contradicen la Carta Magna. ¿O es que ésta no establece la unidad del poder judicial, por ejemplo, o la unidad de la nación española, o su preexistencia a la propia Constitución? Es significativo que el Plan Ibarretxe se plantee formalmente como una reforma estatutaria cuando persigue la reforma constitucional. En el fondo se está llamando a ignorar los cauces de la reforma, a interpretar la ley de leyes como le venga en gana a la nutrida amalgama que se ha conjurado para eludir el gran escollo, el Partido Popular, y, ya puestos, para eliminarlo de la vida política, de los ámbitos de decisión y hasta de la corrección y el buen gusto.
Por eso no es baladí que en una serie de televisión aparezcan pintadas contra el primer partido de España, por eso es posible que no tengan que responder los titiriteros que insultaron gravemente a sus dirigentes y a su militancia. Por eso un presentador se permitió llamar en directo al asedio a la sede del PP catalán y una vieja actriz, plantada delante de la misma sede, pudo espetar: “Echemos de una vez a estos carniceros, responsables de la muerte de doscientas personas y de mil quinientos heridos”. Por eso ese director de cine pasado de moda pudo acusarlo impunemente de preparar un golpe de estado ante la prensa internacional aprovechando la presentación de su enésimo bodrio. Por eso al PP se le puede escupir, excluir, injuriar y amenazar. Gratis.