El futuro Presidente del Gobierno llega a la Moncloa con dos pesadísimos fardos a cuestas: la manipulación de la masacre del 11-M en vísperas de las elecciones, que le dio una victoria que nadie esperaba, y la instalación de la izquierda mayoritaria en los hábitos de la extrema izquierda, empezando por el de agredir a la derecha en sus sedes, en sus militantes y cargos públicos e incluso en las instituciones de Gobierno que legítimamente ocupan por elección de los ciudadanos. No sabemos si Zapatero, conseguido su propósito de acceder al poder a cualquier precio, abominará ahora de Pancartero, su doble o sosias insurgente. Lo que está claro es que la derrotada y destrozada Izquierda Unida y su todavía líder Llamazares quieren elevar a costumbre política la delincuencia común contra sus opositores políticos. Que hasta ahora han sido los del PP, pero que desde ahora pueden ser los del PSOE.
Frente a esta instalación de la violencia como argumento político para convencer a la opinión pública, que desde hace años es la técnica totalitaria de los nacionalistas en el País Vasco y ha empezado a ser también la de los separatistas en Cataluña, las facciones de izquierda del Poder Judicial han mostrado su identificación con los delincuentes y su negativa a perseguir los delitos. No otra cosa es lo que ha proclamado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el tristemente célebre Mena, al negarse a cumplir las instrucciones meramente rutinarias del Fiscal General del Estado para investigar las denuncias del PP contra los que cometieron delitos electorales y vulgares delitos comunes contra sus sedes en los dos días previos a las elecciones del 14-M. Ésta es la izquierda golpista, en su tronco parlamentario y en su rama judicial. El PP tiene que poner a Zapatero ante la disyuntiva de repudiar y combatir a los extremistas con los que hasta hace poco se manifestaba en la calle o vaciar de contenido las instituciones representativas y dar por muerto el Estado de Derecho. No hay alternativa: o la izquierda que quiere disfrutar del poder legal persigue a la izquierda golpista o la derecha tendrá que actuar en consecuencia. Casi diez millones de españoles lo exigen. Y no sobrevivirá la democracia en España si esa legítima exigencia no obtiene pronta e inequívoca respuesta. Tan grave como esto. Tan sencillo como esto.