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López Aguilar anuncia en TVE que el Gobierno no tiene "ninguna intención" de indultar a Vera

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, declaró en TVE que el Gobierno no tiene "ninguna intención, ni pronóstico favorable" de conceder el indulto al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Además, recordó que el Ejecutivo "no puede estar de ningún modo, bajo nada que se parezca a ninguna defensa ni del crimen de Estado ni de delitos que merecen reprobación".

L D (Agencias) Durante su intervención en el programa "59 segundos", emitido por TVE-1, Juan Fernando López Aguilar afirmó que el delito de malversación de fondos públicos por el que fue condenado Vera "no tiene la simpatía del Gobierno" y aseguró que el Ejecutivo tampoco interesará del Fiscal General del Estado "un criterio específico" a la hora de emitir su informe, informa EFE.

A la pregunta de Ignacio Villa –jefe de los servicios informativos de la Cadena COPE y colaborador de Libertad Digital– sobre si era consciente de que "si se indulta a Vera, se indulta a un ladrón", el ministro contestó: "Todos los viernes, desde que soy ministro de Justicia, llevo expedientes de indulto al Consejo de Ministro. Y a veces se indulta a ladrones, a personas que han robado con fuerza en las cosas, pero en esta ocasión estamos hablando de malversación y enriquecimiento ilícito en el ejercicio de cargo público".

¿A qué delitos tiene "simpatía" el Gobierno?

"Efectivamente –prosiguió– es un delito que no tiene la simpatía del Gobierno y por tanto no existe ninguna intención ni pronóstico favorable de concesión de ese indulto". En otro momento del programa, el ministro aseguró que "el Gobierno está vinculado por la ley, y por tanto de la misma forma que la ley de indulto establece que todos los penados tienen derecho a solicitar indulto, el Gobierno debe respetar los trámites que están establecidos en la ley".

Tras explicar que las peticiones de indulto requieren del informe del tribunal sentenciador, del ministerio fiscal y de las acusaciones, López Aguilar aseguró que "el Gobierno no puede estar de ningún modo, bajo nada que se parezca a ninguna defensa ni del crimen de Estado ni de delitos que merecen reprobación, y la han tenido en las sentencias penales". Por lo tanto, añadió, "lo que necesitamos es ser respetuosos con el ejercicio del derecho, que es solicitar indulto. Y desde luego estamos de acuerdo en que es exigible, en el caso de la tramitación de un indulto, una actitud de arrepentimiento".

El ministro de Justicia mantuvo que "es bastante manifiesto en estos momentos que el Gobierno tiene una vinculación con la ley y ninguna propensión a establecer un pronóstico favorable en el caso de ese tipo de delitos". Dijo que el Ejecutivo había establecido "unos criterios transparentes y de atenimiento a la legalidad", y que, por lo tanto, "no existe ninguna propensión del Gobierno a dictar indultos que vayan en contra de criterios negativos por parte del tribunal sentenciador o del ministerio fiscal". Así que, concluyó, "no existe ninguna propensión por parte del Gobierno a interesar favorablemente el informe sobre ese indulto".

Blanco: "No puede haber privilegios, ni tratos de favor"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha declarado, en relación al indulto de Rafael Vera, que "no puede haber privilegios, ni tratos de favor", y defendió que el ex secretario de Estado de Seguridad "tiene que ser tratado como un ciudadano más en relación con un asunto donde hay una condena firme y clara".
 
En declaraciones a Telecinco, que recoge Europa Press, Blanco rechazó decir si él personalmente apoya el indulto a Vera, alegando que eso tiene poco interés. Añadió que el Gobierno tendrá que seguir unos trámites y es el que debe determinar si se le concede el indulto o no, después de los informes que realicen el tribunal sentenciador y el fiscal. Preguntado por si el ex presidente Felipe González podía haber ahorrado al Gobierno este problema, no firmando la petición de indulto, Blanco contestó que "esto no es un problema. Nunca puede ser un problema el que los ciudadanos ejerzan un derecho constitucional".

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