LD (EFE) Alberto Cortina y Alberto Alcocer han solicitado al Supremo autorización para presentar un recurso en el caso Urbanor –por el que fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión por estafa y falsedad documental–, bajo el argumento de que existen nuevas pruebas.
Una de ellas, según su escrito, es una carta enviada por el arquitecto Pedro Sentieri al constructor Julio San Martin, en la que supuestamente ambos pactaban su actuación contra "los Albertos", hecho que desmiente el abogado de San Martín, Miguel Bajo.
"Como se ha demostrado durante la instrucción de la causa, Julio San Martin no siguió las instrucciones de la carta falsa" que, además, –añadió– se envía a una dirección en Pamplona "que nunca existió" y tiene fecha del 2 de octubre, pese a que el juicio del caso Urbanor comenzó el 19 de septiembre. Asimismo, agregó el abogado en una nota de prensa, el informe de la Guardia Civil sobre esta carta revela que no coincide ni en el membrete, ni en el formato de letra con las habituales de Pedro Sentieri. También "existen desajustes entre el interlineado" de la carta y está realizada con "dos diferentes máquinas impresoras", según el abogado de San Martín.
Por si fuera poco, Miguel Bajo considera que las afirmaciones realizadas por "los Albertos" para obtener una eventual revisión del caso Urbanor "pueden ser constitutivas de un delito de injuria", puesto que la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo "basaron su fallo en innumerables pruebas".
Según afirma, "los primos fueron condenados porque habiendo firmado un contrato por el que KIO se comprometía a pagar 231.000 pesetas por metro cuadrado, Construcciones y Contratas SA cobró su participación a razón de 389.000 pts/m2 mientras que los minoritarios, entre ellos Sentieri y San Martín, a razón de 150.000 pts/m2". "De tal forma que fueron estafados en una cantidad próxima a 4.000 millones de pesetas que han sido devueltos, quedando pendiente el pago de los intereses", recuerda la defensa de Julio San Martín.
Su abogado defensor pidió, por último, a Alberto Cortina y Alberto Alcocer que explique "cómo, no teniendo acciones de Urbanor ni de Construcciones y Contratas y estando casados en régimen de separación de bienes, obtuvieron en esta operación cerca de 4.000 millones de las antiguas pesetas, (...) exactamente la cantidad estafada a los 28 accionistas minoritarios de Urbanor".
Una de ellas, según su escrito, es una carta enviada por el arquitecto Pedro Sentieri al constructor Julio San Martin, en la que supuestamente ambos pactaban su actuación contra "los Albertos", hecho que desmiente el abogado de San Martín, Miguel Bajo.
"Como se ha demostrado durante la instrucción de la causa, Julio San Martin no siguió las instrucciones de la carta falsa" que, además, –añadió– se envía a una dirección en Pamplona "que nunca existió" y tiene fecha del 2 de octubre, pese a que el juicio del caso Urbanor comenzó el 19 de septiembre. Asimismo, agregó el abogado en una nota de prensa, el informe de la Guardia Civil sobre esta carta revela que no coincide ni en el membrete, ni en el formato de letra con las habituales de Pedro Sentieri. También "existen desajustes entre el interlineado" de la carta y está realizada con "dos diferentes máquinas impresoras", según el abogado de San Martín.
Por si fuera poco, Miguel Bajo considera que las afirmaciones realizadas por "los Albertos" para obtener una eventual revisión del caso Urbanor "pueden ser constitutivas de un delito de injuria", puesto que la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo "basaron su fallo en innumerables pruebas".
Según afirma, "los primos fueron condenados porque habiendo firmado un contrato por el que KIO se comprometía a pagar 231.000 pesetas por metro cuadrado, Construcciones y Contratas SA cobró su participación a razón de 389.000 pts/m2 mientras que los minoritarios, entre ellos Sentieri y San Martín, a razón de 150.000 pts/m2". "De tal forma que fueron estafados en una cantidad próxima a 4.000 millones de pesetas que han sido devueltos, quedando pendiente el pago de los intereses", recuerda la defensa de Julio San Martín.
Su abogado defensor pidió, por último, a Alberto Cortina y Alberto Alcocer que explique "cómo, no teniendo acciones de Urbanor ni de Construcciones y Contratas y estando casados en régimen de separación de bienes, obtuvieron en esta operación cerca de 4.000 millones de las antiguas pesetas, (...) exactamente la cantidad estafada a los 28 accionistas minoritarios de Urbanor".