L D (EFE) En la defensa de la enmienda de devolución del BNG, que contó con los votos a favor de IU, PNV y CiU, el diputado Francisco Rodríguez lamentó que el texto "no cambia la liberalizadora regulación vigente", porque no fija límites máximos de apertura, al tiempo que calificó el proyecto de "híbrido por tratar de contentar a todo el mundo". Criticó que el texto parte de una perspectiva "centralista y poco respetuosa" con las competencias de las autonomías y propuso la elaboración de una norma básica estatal bajo los principios de concurrencia y ataque a los ologipolios.
La enmienda del PP, que sólo fue apoyada por este grupo con 128 votos, propone –según explicó el diputado Celso García– mantener la situación actual de un mínimo de 12 días de apertura en domingos y festivos ampliable por las autonomías y 90 horas semanales de apertura. García rechazó que la propuesta del Gobierno rompe "el mínimo común denominador que es bueno", porque permite diferentes mínimos en las autonomías y advirtió de los efectos negativos sobre el empleo y la inversión, además de la falta de consenso, como quedó reflejado en la falta de acuerdo en el Consejo Económico y Social.
El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre explicó que la enmienda con texto alternativo, que fue apoyada por el PNV y BNG y contó con la abstención de Coalición Canaria y la CHA, trataba de corregir la "invasión de competencias" de las autonomías, pues el proyecto imposibilita la legislación autonómica en la materia. Detalló que si el Estado no opta por la liberalización absoluta en horarios comerciales y elige la restricción, su contenido debe ser redactado por las autonomías y resaltó que su texto propone eliminar la libertad de horarios de los comercios de menos de 300 metros cuadrados y la posible subsidiariedad de los Ayuntamientos.
Por su parte, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, que presentó las líneas básicas del Proyecto de Ley al pleno del Congreso, insistió en que el texto se sitúa "en un término intermedio" que puede contentar al conjunto de los implicados y en la voluntad de diálogo del Gobierno para mejorar su redacción. Resaltó que las tres enmiendas reflejan la variedad de opiniones sobre esta cuestión y que el Ejecutivo ha intentado conciliar los distintos puntos de vista y afirmó que "si estos tres grupos tuvieran que llegar a un texto de consenso posiblemente alcanzarían una redacción muy similar al presentado por el Gobierno".
El diputado de la CHA José Antonio Labordeta abogó por mejorar el texto con enmiendas parciales por la urgencia del proyecto, mientras que el portavoz de Coalición Canaria Luis Mardones valoró que la iniciativa del Gobierno es "oportuna, racional, moderada y completa" y que abre las puertas a más competencias autonómicas. El representante de IU Angel Pérez apostó por un norma estatal básica con límites mínimos y máximo y expresó su oposición a las propuestas de CiU y PP; mientras que el portavoz del PNV Pedro María Azpiazú apoyó las iniciativas de BNG y CiU porque el proyecto "resta poder regulador a los ejecutivos autonómicos".
Jordi Ramón, diputado de ERC, destacó que el proyecto frenará la liberalización prevista y apostó por resolver las discrepancias a través de las enmiendas parciales, al tiempo que señaló que su grupo no iba apoyar ninguna de las tres enmiendas presentadas. El diputado del PSOE Manuel Mas, quién rechazó las tres enmiendas a la totalidad, señaló en relación a la iniciativa de CiU que sus propuestas no están muy alejadas a las del Gobierno y que no era necesario presentar un texto alternativo, sino buscar acercamientos con las enmiendas parciales.
La enmienda del PP, que sólo fue apoyada por este grupo con 128 votos, propone –según explicó el diputado Celso García– mantener la situación actual de un mínimo de 12 días de apertura en domingos y festivos ampliable por las autonomías y 90 horas semanales de apertura. García rechazó que la propuesta del Gobierno rompe "el mínimo común denominador que es bueno", porque permite diferentes mínimos en las autonomías y advirtió de los efectos negativos sobre el empleo y la inversión, además de la falta de consenso, como quedó reflejado en la falta de acuerdo en el Consejo Económico y Social.
El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre explicó que la enmienda con texto alternativo, que fue apoyada por el PNV y BNG y contó con la abstención de Coalición Canaria y la CHA, trataba de corregir la "invasión de competencias" de las autonomías, pues el proyecto imposibilita la legislación autonómica en la materia. Detalló que si el Estado no opta por la liberalización absoluta en horarios comerciales y elige la restricción, su contenido debe ser redactado por las autonomías y resaltó que su texto propone eliminar la libertad de horarios de los comercios de menos de 300 metros cuadrados y la posible subsidiariedad de los Ayuntamientos.
Por su parte, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, que presentó las líneas básicas del Proyecto de Ley al pleno del Congreso, insistió en que el texto se sitúa "en un término intermedio" que puede contentar al conjunto de los implicados y en la voluntad de diálogo del Gobierno para mejorar su redacción. Resaltó que las tres enmiendas reflejan la variedad de opiniones sobre esta cuestión y que el Ejecutivo ha intentado conciliar los distintos puntos de vista y afirmó que "si estos tres grupos tuvieran que llegar a un texto de consenso posiblemente alcanzarían una redacción muy similar al presentado por el Gobierno".
El diputado de la CHA José Antonio Labordeta abogó por mejorar el texto con enmiendas parciales por la urgencia del proyecto, mientras que el portavoz de Coalición Canaria Luis Mardones valoró que la iniciativa del Gobierno es "oportuna, racional, moderada y completa" y que abre las puertas a más competencias autonómicas. El representante de IU Angel Pérez apostó por un norma estatal básica con límites mínimos y máximo y expresó su oposición a las propuestas de CiU y PP; mientras que el portavoz del PNV Pedro María Azpiazú apoyó las iniciativas de BNG y CiU porque el proyecto "resta poder regulador a los ejecutivos autonómicos".
Jordi Ramón, diputado de ERC, destacó que el proyecto frenará la liberalización prevista y apostó por resolver las discrepancias a través de las enmiendas parciales, al tiempo que señaló que su grupo no iba apoyar ninguna de las tres enmiendas presentadas. El diputado del PSOE Manuel Mas, quién rechazó las tres enmiendas a la totalidad, señaló en relación a la iniciativa de CiU que sus propuestas no están muy alejadas a las del Gobierno y que no era necesario presentar un texto alternativo, sino buscar acercamientos con las enmiendas parciales.