Respecto a la televisión pública, el secretario de Estado se pregunta "por qué para ver un programa que es similar al de otra televisión cuesta más y hay que sacarles impuestos a los obreros que trabajan en Villaverde o en Martorell, si cuando encienden las otras televisiones les dan lo mismo y no lo pagan".
Estas declaraciones han tenido una rápida respuesta por parte de los sindicatos del RTVE. En declaraciones a la cadena SER, Francisco Andujar, de UGT-RTVE dice que “esta declaración no resulta más que decepcionante y sería una declaración total de guerra”. Por ello, Andujar no descarta el enfrentamiento con todos aquellos aspectos legales y sindicales y la movilización social contra la medida”. Por su parte, Marcel Camacho, de CCOO-RTVE, ha dicho, también en los micrófonos de la SER, que “estamos ante un cambio respecto a lo prometido por el PSOE, ya que las expectativas de cambio crearán una nueva situación de los trabajadores del Ente público”. Por su parte, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) considera "apresuradas" y "confusas" las declaraciones al diario "El País" del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, sobre una posible privatización de parte de RTVE.
Fraude y presupuestos
En su opinión, "si hablamos con los interlocutores sociales y hacemos reformas muy moderadas y pronto, llegaremos a 2030 bien, eso seguro". Fernández Ordóñez considera posible acometer algún cambio en los presupuestos del 2004 y alude, en concreto, a la deuda de Andalucía, sobre la que, si se llega a "un acuerdo razonable" con la Junta, "no sería absurdo hacer un crédito extraordinario, aunque aparezca un déficit mayor".
Como prioridades para 2005, el secretario de Estado reconoce que "la estabilidad presupuestaria es la clave", porque si el Gobierno empezara a generar déficit, "los ciudadanos le darían la espalda". Preguntado por la transparencia en la difusión de datos económicos, Fernández Ordóñez apunta la idea de ofrecer "una especie de doble columna, con lo que no se sabía y lo que se va a saber", así como calendarios fijos de difusión de los datos. Insiste en que el nuevo Gobierno socialista no tiene indicios de que el anterior haya incurrido en financiación irregular, pero sí ha detectado falta de información.
En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, el secretario de Estado afirma que no ha sido un objetivo prioritario, con un sistema centrado más en la comprobación que la investigación. A su juicio, "hace falta más espionaje, más labor policial que de comprobación" y avanza que "en el plazo de un mes se puede presentar un plan contra el fraude fiscal". Califica de "disparate" la posibilidad de fraccionar la Agencia Tributaria, aunque no ve impedimentos en que las comunidades tengan una agencia propia para gestionar sus propios impuestos.