L D (Agencias) En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por EFE, la ministra señaló que esta reducción "significa que se va a notar una rebaja real en el precio último que los ciudadanos van a tener que abonar" por los discos, y consideró que la música tiene un IVA muy alto.
Al rebajar el IVA hasta el 4 por ciento en los discos y el uno por ciento en los libros contribuye a que "hagamos dos bienes para nuestro país" y que los ciudadanos compren cultura y los creadores, cada vez mas, puedan vivir profesionalmente. "La idea del artista viviendo del aire es una situación absurda. Hay que proteger los derechos de propiedad intelectual y de autoría", aseguró.
Esta reducción ayudará también a luchar contra la piratería "porque abaratará el producto", señaló la ministra, quien se refirió a la persecución, desde el estricto Estado de derecho, de esta práctica, ya que se trata de perseguir un delito. Las inmensas posibilidades de delito que las nuevas tecnologías permiten para reproducir música, hace necesario "tomar medidas en las propias discográficas, que tendrán que inventar sistemas de protección cuando producen, y buscar medidas de prevención y de sanción".
La ley de excepción cultural
En sus declaraciones, Carmen Calvo insistió en que la ley de excepción cultural no es algo nuevo, "la novedad consiste en extenderla a otros bienes de la cultura, fundamentalmente a lo audiovisual". Afirmó que la vía de cuotas en el cine da buenos resultados y señaló que "estimular la producción de cine es una manera de expresarnos, de hacer cultura". En la actualidad, estimó, "todo está relativamente bien planteado, pero hay que dar un paso más en cantidades" y tratar los muchos entresijos que hay "y que tendrán que formar parte de una buena ley del audiovisual".
Según informa Europa Press, Carmen Calvo ha restado importancia a la ubicación física de los papeles y documentos que acoge el Archivo Histórico de Salamanca, "siempre que estos sigan siendo públicos , y por tanto, al servicio de la comunidad científica y de aquellos ciudadanos que quieran hacer uso de los mismos". La ministra piensa zanjar la polémica entre el Gobierno de la Generalidad, que exige la devolución de los archivos relacionados con Cataluña, y la Administración central, digitalizando los documentos, "permitiendo el acceso a ellos desde cualquier lugar".