(Libertad Digital) El ministro del Interior,
José Antonio Alonso, dijo el martes en la Cadena SER –en su primera entrevista ya en el cargo– que "hubo una clara imprevisión política" en el atentado islamista del 11 de marzo. Según su opinión, esa imprevisión no se produjo "desde las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado que incluso llegaron a avisar con cierta reiteración de que esto podría ocurrir". Alonso tuvo mucho interés en reiterar que la investigación sobre el 11-M ha sido "buena" y que "hay que confiar plenamente en la Policía y la Guardia Civil".
Un día después, el miércoles, su antecesor en el cargo,
Ángel Acebes, respondió con contundencia a Alonso y adelantó que cuando se levante el secreto del sumario los españoles sabrán "quien les mintió y manipuló".
Este jueves, una investigación del diario
El Mundo puede ayudar a entender las palabras del ex ministro. Según la información de Antonio Rubio, dos de los detenidos por el 11-M –claves para que se pudiera cometer la matanza de Madrid– eran confidentes policiales. En concreto, el marroquí
Rafá Zuher –conocido como
Rafael en los ambientes delictivos– era
confidente de un capitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (la policía científica de la Benemérita). Eso fue lo primero que dijo Zuher cuando fue detenido el 20 de marzo en Madrid –por efectivos de la Guardia Civil–, acusado de ser el enlace entre la Goma 2 y el grupo de terroristas islamistas liderado por Jamal Zougam.
Rafá Zuher conoció en la cárcel de Villabona –a donde llegó tras sus trapicheos con hachís– a Antonio Castro, el cuñado del ex minero Emilio Suárez Trashorras. Zuher –amigo también de Jamal Ahmidan El Chino– puso en contacto a Trashorras con los terroristas, que pagaron 6.000 euros y 25 kilos de hachís a cambio de los explosivos que utilizarían para matar a casi 200 personas en Madrid.
Resulta que Suárez Trashorras –según la investigación de El Mundo– también era confidente de las Fuerzas de Seguridad y se dedicaba a pasar información a un Policía Nacional de Avilés sobre el tráfico de droga y la venta de armas y explosivos. El juez Juan del Olmo fue informado puntualmente de estas sorprendentes revelaciones y por ello ordenó que Rafá Zuher y Trashorras fueran enviados a prisiones diferentes a la de Soto del Real (Madrid), donde habían ingresado los terroristas del Grupo Lavapiés. Curiosamente, algunas de las declaraciones de Zuher sobre la visita de los terroristas islamistas a Asturias no aparecen, según Antonio Rubio, en el sumario del juez Del Olmo.
"Lo primero que habría hecho habría sido acudir al policía con el que tuviera más confianza"
Hace una semana, el diario
El Mundo, esta vez en la información firmada por Fernando Múgica, recordaba que en junio de 2001 Suárez Trashorras había sido detenido junto a su cuñado en una operación antidroga denominada Pipol. En la detención se incautaron 100 detonadores, 16 cartuchos de dinamita y una cantidad importante de hachís. Casi tres años después, el juicio por estos hechos todavía no ha salido. A pesar de la detención, no fue hasta el 31 de octubre de 2002 cuando la empresa minera Caolines de Merilés decidió no renovar el contrato de Emilio Suárez y lo hizo tras conocer que tenía problemas psicológicos.
En la misma información, Múgica recoge el testimonio de un veterano policía, "conocedor del mundo del hampa", que a tenor de lo desvelado este jueves adquiere mayor relevancia: "El mundo de los choros –los pequeños delincuentes– no se mueve como dicen que lo ha hecho José Emilio. No dudo de que pueda ser capaz de vender dinamita por una cantidad razonable de droga o de dinero. Se acababa de casar y podría necesitar más dinero. Pero lo primero que habría hecho tras venderles el material habría sido acudir al policía con el que tuviera más confianza para contárselo. El sabe que esa información es oro y que le van a deber así un gran favor. Ese tipo de personas no tiene cuajo suficiente para callarse sin saber qué van a hacer con ese material. Las cosas no funcionan así".
Interior abre una investigación
Tras la publicación de la última exclusiva de El Mundo, el Ministerio del Interior ha ordenado este jueves por la mañana la apertura de una investigación, encargada a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. El número de Alonso también ha determinado que del resultado de las investigaciones se le dé inmediato traslado "y, si fuera procedente, a la autoridad judicial competente". En una nota informativa, el Ministerio del Interior ha expresado "una vez más su plena confianza en la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no tiene duda alguna acerca de la profesionalidad de ambos cuerpos para investigar los hechos recogidos por la prensa".
Enfrentamiento entre Guardia Civil y Policía
En relación con la investigación que las Fuerzas de Seguridad llevan a cabo sobre el 11-M, en la página
guardiasciviles.com se puede leer aún una noticia elaborada por
El Confidencial.com sobre la "Guerra abierta" entre la Guardia Civil y la policía por un coche utilizado por los terroristas el 11-M. El vehículo es un Toyota Corolla y que fue intervenido por agentes de la Benemérita el 29 de febrero en en un punto no determinado entre Asturias y Madrid después de que sufriera un accidente. Según un documento policial citado por
El Confidencial, la Policía se quejó al juez Del Olmo de la falta de colaboración de la Guardia Civil, que ni siquiera les había enviado el informe de cuando intervinieron el vehículo. Según parece, Suárez Trashorras prestó el Toyota Corolla a El Chino para que transportara los explosivos hasta Madrid. Un accidente provocó el cambio de planes de los terroristas.
Por cierto que el diario
La Razón desvela este jueves que una de las tres tiendas que liberó los móviles que se utilizaron en el 11-M es propiedad de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Coincide que este agente, metido ahora a empresario, estuvo durante años destinado en la Unidad Central de Información Exterior, que es el departamento encargado de la investigación de los atentados de Madrid.
Enfrentamiento entre jueces
Retomando la cuestión judicial, El Mundo también se hace eco este jueves de las quejas surgidas desde la policía por el hecho de que hasta tres magistrados de la Audiencia Nacional –Del Olmo, Baltasar Garzón y Teresa Palacios– se estén encargando de los casos abiertos por los atentados del 11-S y el 11-M. La policía quiere que sea un solo juez el que lleve el caso. Pero parece ser que Palacios no está dispuesta a ceder la investigación sobre el atentado de Leganés a Del Olmo, y Garzón –que el mismo día del 11-M se presentó en el lugar de los hechos a pesar de que no le correspondía estar allí– ha procesado (la noticia se conoció este miércoles) a Amer Azizi, uno de los enlaces entre el 11-S y el 11-M. El juez Del Olmo ya había dictado una orden internacional de busca y captura contra Azizi como parte del sumario que instruye. Pero Garzón busca la misma pieza.
Aunque no queda clara la superficie en la que ambas instrucciones –la de Del Olmo y la de Garzón– se solapan, lo cierto es que las investigaciones sobre la matanza de Madrid –salvo la pieza de Leganés, que está en manos de Teresa Palacios– las instruye Del Olmo. Podría darse además la circunstancia de que se surgieran elementos de contaminación –y de obligada abstención– que afectaran a Baltasar Garzón dada su pública y notoria postura en contra del apoyo del anterior Gobierno a la guerra de Irak. Si uno de los elementos de la investigación es la reivindicación terrorista de la masacre de Madrid en base a esa participación española, Garzón podría encontrarse con una recusación.
