(Libertad Digital) El proceso se inicia por la denuncia interpuesta por el congresista oficialista Jorge Mufarech Nemy (un controvertido empresario textil que formó parte del gobierno de Alberto Fujimori y defendió ardorosamente la inconstitucional reelección), por dos artículos de opinión de Salinas. El primero se publicó el 23 de diciembre del 2002 y el segundo, el 11 de marzo del 2003.
Arguyendo difamación, a Pedro Salinas se le quiere imponer pena privativa de libertad y una indemnización por un millón de dólares. Frente a estas arremetidas contra la prensa, Salinas señaló que la función del periodismo de opinión es el de reivindicar el derecho a la provocación, a la independencia de criterio y, por qué no, a la insolencia para decir lo que se piensa sin pedir permiso. (Lea aquí su último artículo)
El caso reabre la discusión sobre los alcances de la libertad de expresión y de opinión, consagrados en la Constitución peruana, y suma otro precedente negativo en contra de la libertad de prensa en el Perú. Recientemente, por ejemplo, se reabrió un proceso penal contra Baruch Ivcher, a quien se despojó de su canal de televisión durante el régimen de Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había dispuesto la anulación del caso. Actualmente, su televisora tiene en pantalla a dos de los periodistas más críticos del gobierno de Alejandro Toledo. Uno de ellos, Cecilia Valenzuela también ha sido amenazada públicamente por el congresista Mufarech.
Hace unos meses, Juan Carlos Tafur, director del diario Correo, fue impedido de salir del país cuando intentaba abordar un vuelo a EEUU para participar en un congreso internacional. Una querella de difamación entablada por una magistrada, denunciada por Correo por vinculaciones con el narcotráfico fue la razón de la medida judicial, pese a que Tafur y su abogado, Enrique Ghersi, nunca fueron notificados de la medida.
De otra parte, el presidente del Congreso, Henry Pease y la congresista Gloria Helfer, representantes del ala dura del "toledismo", presentaron un proyecto de ley que ha erizado a los periodistas independientes y que propone dos aberraciones. La primera, retirarle la licencia a aquellas radios y estaciones de televisión “que pierdan su independencia”, dejando abierto el espacio a la arbitrariedad. Y el segundo consiste en la creación de un órgano de control conformado, entre otros, por un representante de confianza del Gobierno, el cual sería una suerte de censor de los contenidos de los programas de radio y televisión.