LD (EFE) El Ejecutivo de la UE ha tomado la decisión sobre Italia en el marco de la investigación abierta en octubre de 2002 para determinar si las leyes de los dos países citados restringían indebidamente la libre circulación de capitales, mediante unos decretos ideados para frenar las inversiones de empresas como el grupo francés EDF.
Según explicó un portavoz comunitario, Italia "nunca contestó" a la carta de emplazamiento que le envió Bruselas en agosto para pedirle información, mientras que España contestó y además prometió introducir cambios en su legislación.
El Ejecutivo comunitario decidió en octubre de 2002 abrir una investigación sobre las normas que Italia y España habían puesto en marcha para frenar las inversiones de empresas como la eléctrica francesa EDF, que han comprado participaciones en sociedades eléctricas privatizadas, mientras permanece restringido el acceso al mercado francés.
En la decisión adoptada este martes sobre Italia, la Comisión señala que las disposiciones que limitan el derecho de voto de empresas públicas que quieran invertir en el sector de la energía "restringen la libre circulación de capitales de forma injustificada, violando las reglas" comunitarias.
La ley italiana fija medidas en los sectores del gas y la electricidad, de forma que en el caso de adquisición tanto directa como indirecta por empresas públicas de más del 2 por ciento del capital de sociedades que operen en esos sectores, los derechos de voto que superen esa cifra serán automáticamente suspendidos hasta que exista un mercado europeo plenamente competitivo. A juicio del Ejecutivo de la UE, las disposiciones de esta ley "son incompatibles con el Tratado de la Comunidad Europea".
En la decisión adoptada este martes sobre Italia, la Comisión señala que las disposiciones que limitan el derecho de voto de empresas públicas que quieran invertir en el sector de la energía "restringen la libre circulación de capitales de forma injustificada, violando las reglas" comunitarias.
La ley italiana fija medidas en los sectores del gas y la electricidad, de forma que en el caso de adquisición tanto directa como indirecta por empresas públicas de más del 2 por ciento del capital de sociedades que operen en esos sectores, los derechos de voto que superen esa cifra serán automáticamente suspendidos hasta que exista un mercado europeo plenamente competitivo. A juicio del Ejecutivo de la UE, las disposiciones de esta ley "son incompatibles con el Tratado de la Comunidad Europea".