L D (EFE) La propuesta sigue las líneas generales avanzadas por el lehendakari en el Parlamento vasco el pasado 26 de septiembre. En el documento figura el reconocimiento del pueblo vasco a decidir su futuro, la creación de un poder judicial propio, la nacionalidad vasca, una ley de partidos propia y la posibilidad de convocar referendos .
El proyecto de Estatuto de "libre asociación con el Estado español" se basa en la existencia de un "Pueblo Vasco o Euskal Herria con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Europa", que "tiene derecho a decidir su propio futuro" y que ello se materializaría mediante referéndum.
Además, defiende la competencia del Parlamento vasco para "regular" este tipo de "consultas democráticas". No obstante, matiza que la aceptación de este nuevo régimen "no supone renuncia alguna de los derechos históricos del Pueblo Vasco, que podrán ser actualizados en cada momento, en función de su propia voluntad democrática".
La nacionalidad vasca
El artículo primero del nuevo Estatuto Político establece que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como sus ciudadanos, "en ejercicio del derecho a decidir libre y democráticamente su propio marco de organización y relaciones políticas, y como expresión de su nacionalidad y garantía de autogobierno, se constituyen en una Comunidad vasca libremente asociada al Estado español bajo la denominación de Comunidad de Euskadi".
El nuevo Estatuto, de ser aprobado, creará la nacionalidad vasca, de modo que "el disfrute o acreditación indistinta de ambas (la española o la vasca) será compatible, y establece que el euskera, "lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi".
Relaciones con el Estado
Sobre las relaciones con Navarra, recoge que si los ciudadanos de ambas comunidades "decidieran libremente conformar una estructura política conjunta, se establecerá, de común acuerdo, un proceso de negociación política entre las instituciones respectivas" que "deberá ser ratificado por la ciudadanía de ambas comunidades". Con respecto al País Vasco francés también menciona la posibilidad de firmar "tratados", mientras que abre la posibilidad para que el condado de Treviño –Burgos– pueda ser anexionado al País Vasco.
En cuanto a las relaciones con el Estado, la propuesta establece que "cuando en el ejercicio democrático de su libre decisión los ciudadanos y ciudadanas vascas manifestaran, en consulta planteada al efecto, su voluntad clara e inequívoca de alterar íntegra o sustancialmente el modelo y régimen de relación política con el Estado español", las instituciones de la Comunidad y del Estado "se entenderán comprometidas" a "materializar, de común acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca".
En este sentido, dice el texto, "no resultará de aplicación unilateral, por parte del Estado, la previsión del artículo 155 de la Constitución", que prevé la suspensión de la autonomía. Asimismo, cuando surjan conflictos de competencias, los debería dilucidar una sala especial del Tribunal Constitucional creada al efecto e integrada de forma paritaria por miembros designados a propuesta del Senado y del Parlamento Vasco.
Los tres poderes
Establece que la Comunidad de Euskadi "ejercerá el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial", por lo que crea un Consejo Judicial Vasco presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde se agotarían las instancias procesales. Con carácter general, la propuesta dice que "corresponden a la Comunidad de Euskadi, dentro de su territorio, las potestades de ejecución de todas las políticas públicas", excepto algunas que establece como competencias del Estado.
Estas serían las referentes a la nacionalidad española, extranjería y asilo; defensa y fuerzas armadas; armas y explosivos; moneda; aduanas; marina mercante y espacio aéreo y relaciones internacionales, aunque se reconoce a la Comunidad de Euskadi presencia directa en la UE en materias de su competencia. Por ello, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedarían reservadas única y exclusivamente los servicios policiales de control de las citadas políticas, "como nacionalidad española y extranjería" .
En el ámbito socio laboral, se contempla la función recaudatoria de las cotizaciones sociales devengadas en la Comunidad, aunque las instituciones vascas "garantizarían el principio de unidad en la titularidad de los recursos del sistema de seguridad social del conjunto del Estado".
El proyecto de Estatuto de "libre asociación con el Estado español" se basa en la existencia de un "Pueblo Vasco o Euskal Herria con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Europa", que "tiene derecho a decidir su propio futuro" y que ello se materializaría mediante referéndum.
Además, defiende la competencia del Parlamento vasco para "regular" este tipo de "consultas democráticas". No obstante, matiza que la aceptación de este nuevo régimen "no supone renuncia alguna de los derechos históricos del Pueblo Vasco, que podrán ser actualizados en cada momento, en función de su propia voluntad democrática".
La nacionalidad vasca
El artículo primero del nuevo Estatuto Político establece que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como sus ciudadanos, "en ejercicio del derecho a decidir libre y democráticamente su propio marco de organización y relaciones políticas, y como expresión de su nacionalidad y garantía de autogobierno, se constituyen en una Comunidad vasca libremente asociada al Estado español bajo la denominación de Comunidad de Euskadi".
El nuevo Estatuto, de ser aprobado, creará la nacionalidad vasca, de modo que "el disfrute o acreditación indistinta de ambas (la española o la vasca) será compatible, y establece que el euskera, "lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi".
Relaciones con el Estado
Sobre las relaciones con Navarra, recoge que si los ciudadanos de ambas comunidades "decidieran libremente conformar una estructura política conjunta, se establecerá, de común acuerdo, un proceso de negociación política entre las instituciones respectivas" que "deberá ser ratificado por la ciudadanía de ambas comunidades". Con respecto al País Vasco francés también menciona la posibilidad de firmar "tratados", mientras que abre la posibilidad para que el condado de Treviño –Burgos– pueda ser anexionado al País Vasco.
En cuanto a las relaciones con el Estado, la propuesta establece que "cuando en el ejercicio democrático de su libre decisión los ciudadanos y ciudadanas vascas manifestaran, en consulta planteada al efecto, su voluntad clara e inequívoca de alterar íntegra o sustancialmente el modelo y régimen de relación política con el Estado español", las instituciones de la Comunidad y del Estado "se entenderán comprometidas" a "materializar, de común acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca".
En este sentido, dice el texto, "no resultará de aplicación unilateral, por parte del Estado, la previsión del artículo 155 de la Constitución", que prevé la suspensión de la autonomía. Asimismo, cuando surjan conflictos de competencias, los debería dilucidar una sala especial del Tribunal Constitucional creada al efecto e integrada de forma paritaria por miembros designados a propuesta del Senado y del Parlamento Vasco.
Los tres poderes
Establece que la Comunidad de Euskadi "ejercerá el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial", por lo que crea un Consejo Judicial Vasco presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde se agotarían las instancias procesales. Con carácter general, la propuesta dice que "corresponden a la Comunidad de Euskadi, dentro de su territorio, las potestades de ejecución de todas las políticas públicas", excepto algunas que establece como competencias del Estado.
Estas serían las referentes a la nacionalidad española, extranjería y asilo; defensa y fuerzas armadas; armas y explosivos; moneda; aduanas; marina mercante y espacio aéreo y relaciones internacionales, aunque se reconoce a la Comunidad de Euskadi presencia directa en la UE en materias de su competencia. Por ello, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedarían reservadas única y exclusivamente los servicios policiales de control de las citadas políticas, "como nacionalidad española y extranjería" .
En el ámbito socio laboral, se contempla la función recaudatoria de las cotizaciones sociales devengadas en la Comunidad, aunque las instituciones vascas "garantizarían el principio de unidad en la titularidad de los recursos del sistema de seguridad social del conjunto del Estado".